El reconocimiento de sus derechos civiles y el discrimen son dos de las preocupaciones que más inquietan a la comunidad LGBTT. Así lo reveló una investigación realizada en la Escuela Graduada de Salud Pública del Recinto de Ciencias Médicas (RCM) de la Universidad de Puerto Rico.
A través de entrevistas, estudiantes exploraron las experiencias de discrimen y cuáles son las prioridades para su salud y bienestar que persigue la comunidad LGBTT. El proyecto contó con una muestra de 233 personas que se identificaron como lesbianas, gays, bisexuales, transgénero o transexuales.
Para el 67% de las personas consultadas, las áreas que deben ser atendidas con prioridad por parte del gobierno están relacionadas a la protección del matrimonio entre personas del mismo sexo, la prevención del discrimen laboral basado en la orientación sexual y el derecho a la adopción por parejas del mismo sexo.
No obstante, el estudio reveló que el 52% de los participantes han sentido que son discriminados en algún momento de su vida. La escuela y el trabajo son los lugares donde, principalmente, se ha manifestado el discrimen. En estos espacios, las personas afectadas son hombres y personas mayores de 49 años, respectivamente.
Asimismo, a través de la investigación se identificó que otro punto en el que las personas LGBTT sufren discrimen es al recibir servicios de salud. Los estudiantes graduados documentaron que las personas no suelen revelar su identidad sexual con los proveedores de servicios de salud. Aunque este hallazgo no fue sorpresa para los investigadores, destacaron que es alarmante que un 25% de la muestra no se haya realizado un chequeo médico de rutina desde hace más de un año.
Miembros de la Escuela de Salud Pública del RCM enfatizaron en un comunicado de prensa que este escenario apunta a la necesidad de revisar las políticas públicas existentes en Puerto Rico con el propósito de crear un sistema de cuidado de salud que responda a las necesidades de esta población y en la cual profesionales de la salud estén capacitados para brindar servicios competentes. Además, señalaron la necesidad de hacer otras investigaciones y garantizar los derechos de todas las personas.
