Ya que estamos hablando de la importante playa donde ubica Wilderness, una de las olas más nítidas del Caribe, pongámoslo en términos de contest de surf: esto apenas es el primer heat de otra dura lucha legal entre el desarrollo y la ecología.
Luego que el juez Héctor Jaime Conty, del Tribunal de Primera Instancia, emitiera una resolución que obvia las aparentes ilegalidades de permisología del Caribbean Management Group para su mega construcción en las costas de Playuelas, en Aguadilla, uno de los asesores legales de esta comunidad en el Barrio Borinquen le dijo a Diálogo que evalúan las posibilidades de apelar.
Un dictamen de Resolución y Orden de 16 páginas a favor de Caribbean Management Group fue emitido en la tarde del martes, luego de dos días de vistas la pasada semana. La sentencia del juez Conty acoge la demanda de la empresa desarrolladora, presentada el pasado 17 de noviembre, en la que la parte demandante alega que sufre daños debido a actos de la parte demandada, que suma un total de 20 individuos, entidades y grupos.
Según Caribbean Management Group, los demandados consistentemente han intervenido de forma ilegal “con el uso y posesión pacífica de una propiedad inmueble perteneciente a la primera” y han “penetrado ilegalmente” en su propiedad, interfiriendo con unos trabajos de construcción que allí se realizan.
La firma pidió un cese y desista de estas acciones de los demandados, entre ellos el grupo Movimiento Playuelas, que realizan manifestaciones pacíficas en el área en cuestión pero, que al fin y al cabo, no es un colectivo oficial incorporado o una entidad sin fines de lucro y existe gracias a ese gran poder de convocatoria que posee la red social conocida como Facebook.
El licenciado Omar Saadé, asesor legal y abogado de varios miembros de la comunidad del Barrio Borinquen y que formó parte del equipo de defensa de los demandados durante las vistas, le dijo a Diálogo que “en síntesis lo que se determinó en la resolución es que el Tribunal adquiere jurisdicción sobre el Movimiento Playuelas y prohíbe que el Movimiento y sus miembros cierren el acceso público a los vehículos del demandante”, y a penetrar sin autorización en los predios.
“La resolución es excesivamente amplia y tiene el efecto de coartar derechos constitucionales de asociación y de libertad de expresión. Coarta los derechos de libertad de expresión al imputarle al Movimiento Playuelas los actos de ‘personas identificadas con el Movimiento Playuelas’, sin que tan siquiera se haya vinculado esas personas con el movimiento. También es contraria al debido proceso de ley pues, según el Tribunal le aplica a cualquier persona que no cumpla con la Resolución y Orden, independientemente si han sido parte del procedimiento o no”, indicó el letrado.
Peor aún, entiende el licenciado Saadé que la resolución “tiene el efecto de reprimir la organización comunitaria en Playuelas y, por otro lado, de premiar la ilegalidad del demandante al construir un proyecto sin permisos”.
Tal y como destacó Diálogo en un reportaje del pasado sábado, durante el contrainterrogatorio que el licenciado Saadé le hiciera a Reinaldo Vicenty, presidente de Caribbean Management Group, “el señor Vicenty admitió que el proyecto es distinto al que se planificó hacer en la década de los noventa, y que se continúan haciendo cambios”.
Ayer, cuando el abogado habló con este diario, recordó que Caribbean Management Group “no tiene los permisos de construcción del proyecto, contrario a lo que alegaron en la demanda”.
“Tampoco tienen un permiso de urbanización para construir la calle que están haciendo pues ese permiso es para otro tipo de calle”. Tampoco tienen los endosos de agencias que le requirió el Municipio de Aguadilla en su permiso de urbanización, como condición para comenzar las obras de urbanización que ya iniciaron”, agregó.
“Es decir, antes de comenzar la construcción de la calle debían obtener los endosos de las agencias. No tienen esos endosos. Pídeselos al desarrollador para que veas”, interpuso Saadé.
Es por esto que el licenciado Saadé dice que “la decisión del juez Conty sorprendió porque no hizo ninguna expresión sobre la falta de autorización para construir” en Playuelas, “a pesar de que él mismo se sorprendió cuando el dueño del proyecto testificó que no tenía los permisos de construcción del hotel, ni de las viviendas, ni de ninguna de las fases del mega proyecto”.
El abogado cree que el efecto negativo en la comunidad y en el activismo ecológico ha recibido un gancho al hígado. Sostuvo que ahora “la gente debe unirse y organizarse para continuar educando sobre los importantes recursos en el área” de Aguadilla para así “denunciar la improvisación y falta de planificación del proyecto”.
Saadé puntualizó que el grupo de abogados que representa a los demandados y a otras personas de las comunidades cercanas se inclina por apelar esta decisión y seguir con el proceso legal hasta cualquier foro pertinente.
“Evaluamos seriamente apelar esta decisión”, finalizó.
En Playuelas, en 136 acres de terreno con gran valor ecológico, en uno de los mejores puntos de surfing del Caribe, la compañía desarrolladora que “no tiene permisos” busca construir el Christopher Colombus Landing Resort, un complejo supuestamente sostenible, con propósitos turísticos y de vivienda.
Al igual que hace ahora la Caribbean Management Group, estos esfuerzos de erguir una construcción en dicha zona marítimo-terrestre han sido impulsados desde la década de los noventa por otras empresas desarrolladoras, como Koeninger Development, Inc. y por Caribbean Seaside Heights.
A todas luces, tienen el respaldo del municipio de Aguadilla, según ha manifestado públicamente su alcalde Carlos Méndez. Además, tras varios intentos en las pasadas dos décadas, durante administraciones estatales del Partido Nuevo Progresista (PNP) y el Partido Popular Democrático (PPD), cuentan con algunos permisos de la Junta de Calidad Ambiental, procesos que constantemente han enfrentado la protesta y el rechazo de sectores científicos y ambientalistas, de vecinos del área y de distintas organizaciones sociales y ecológicas.
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Playuelas, un gran reto en defensa del ambiente.
