Examinador identifica sobrefacturación en la quiebra de Puerto Rico

Una treintena de bufetes y firmas de consultoría presentaron ante el Tribunal Federal un total de 40 facturas para recibir compensación de parte del Gobierno de Puerto Rico por más de $75 millones, más $2.05 millones en gastos reembolsables. Esto solamente corresponde a un periodo de cinco meses —del 3 de mayo hasta el 30 de septiembre de 2017–.

De esta cantidad, más de $52 millones se repartirían entre cinco compañías: las firmas consultoras McKinsey & Co. y Deloitte, y los bufetes Proskauer Rose, O’Melveny y Paul Hastings.

Así se desprende del informe radicado ante el Tribunal Federal en la tarde del 1 de marzo por Brady Williamson y el bufete Godfrey & Kahn, encargados de examinar las facturas de los profesionales que trabajan en la quiebra de Puerto Rico.

Al margen del costo en abogados y consultores en la quiebra de la Isla, el informe señala, por ejemplo, la inexperiencia de algunos profesionales facturando en casos de quiebra; una gran duplicidad de esfuerzos facturados; la cantidad de abogados y consultores asistiendo a los procesos judiciales; la cuantía y disparidad en lo que estos profesionales cobran por hora; y el exceso en gastos reembolsables, como “cargos de cientos de miles” en investigación electrónica y bases de datos, entre otras.

Al ser la primera ronda de facturación en el caso, a juicio de Williamson, no se debe ser “tan rígido” al momento de implantar deducciones a las facturas u objetar la solicitud de cobro por incumplimiento con las guías y estándares establecidos para el pago de estos gastos y honorarios.

“El primer periodo de facturación en cualquier reorganización que se espere que sea de larga duración, no es el lugar para trazar rayas en la arena o para la aplicación rígida de las reglas y guías. Al contrario, ofrece al tribunal, los profesionales y el público una conciencia renovada del costo masivo de procesos complejos de reestructuración, y sirve de comienzo para desarrollar herramientas específicas para monitorear y —ojalá— controlar estos costos de manera apropiada bajo el estándar de razonabilidad”, dice el informe.

Así las cosas, Williamson recomendó el pago de $49.75 millones, casi $1 millón menos que el monto original, tras la revisión inicial y deducciones del examinador. Al comparar las cifras, los ajustes negociados apenas alcanzan un 2% de la facturación inicial. Para este primer ciclo, aún quedan por autorizar $26.3 millones correspondientes a diez facturas presentadas por profesionales contratados por la Junta de Control Fiscal (JCF) y el gobierno.

De hecho, el gobierno solamente objetó una de estas facturas, la de Willkie Farr, abogados del agente que nombró la JCF para defender los intereses de los acreedores de Cofina en la disputa sobre a quién le pertenece parte de los recaudos del IVU. Esta ha sido la única objeción presentada por cualquier parte en el tribunal en contra de alguna factura.

Similar al proceso bajo el Capítulo 11 del Código de Quiebras federal, Promesa permite la compensación de “profesionales”, o los consultores, asesores financieros y abogados contratados por el gobierno, la JCF y los comités oficiales que representan a los retirados y acreedores no asegurados en los casos de quiebra bajo el Título III de Promesa. Todos sus servicios van con cargo a la chequera del deudor, en este caso, el Gobierno de Puerto Rico y las cuatro entidades públicas actualmente bajo Título III: la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), la Corporación del Fondo para el Interés Apremiante (Cofina), la Autoridad de Carreteras (ACT) y el Sistema de Retiro (ERS).

Según la versión del 12 de febrero del plan fiscal revisado este año, la administración del gobernador Ricardo Rosselló Nevares estimó en $19 millones los “gastos relacionados a Título III” durante el año fiscal corriente, mientras que proyecta un total de $300 millones hasta el 2023. No obstante, no queda claro qué exactamente recoge esta partida. Una petición de información a la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) no ha sido contestada.

Los profesionales deben someter sus facturas ante el Tribunal Federal cada tres meses por “periodo de compensación”, al igual que al examinador, quien analiza la “razonabilidad” y “necesidad” del monto solicitado. De manera confidencial, Williamson puede atender y discutir con la firma o bufete cualquier discrepancia o preocupación que tenga con alguna factura, previo a someter su informe y recomendación final al tribunal.

De las 40 solicitudes recibidas al día de hoy, el examinador requirió cambios o revisó nuevamente 30 de estas antes de dar el visto bueno para el pago. El próximo 7 de marzo, la jueza Laura Taylor Swain pasará revista sobre el informe del examinador para el primer periodo, que incluye sobre 100,000 entradas hechas por más de 760 “profesionales”.

Una decena de solicitudes de compensación, correspondientes a los bufetes Proskauer y O’Neill & Borges, las firmas de consultoría McKinsey & Co. y Ankura, y el economista Andrew Wolfe, continúan bajo evaluación, y el informe recomienda posponer su discusión en el tribunal hasta la vista del 25 de abril.

Múltiples deficiencias

Aunque reconoce que muchos de los problemas encontrados son típicos de casos grandes de quiebra como el de Puerto Rico, para el examinador es evidente la duplicidad de esfuerzos por parte de abogados y consultores y la gran cantidad de estos profesionales que asisten a las vistas y procesos judiciales. Acto seguido, admite que las revisiones hechas hasta el momento, no incluyen “deducciones significativas” con relación a duplicidad de trabajos, mientras que asegura que estudia la posibilidad de establecer guías para que esto último ocurra lo menos posible.

A juicio del examinador, es inevitable que algunos abogados y consultores compartan tareas en el proceso, al igual que la contratación de más de un bufete o firma de consultoría, o la asistencia de múltiples abogados a las vistas judiciales. No obstante, hay ocasiones en que no se ha logrado justificar este tipo de gastos.

Mientras el informe señala que algunos de los bufetes aseguran que queda a discreción del cliente —el gobierno, la JCF o los comités de retirados y acreedores no asegurados— cuántos y qué abogados asisten a los procesos judiciales, el gasto siempre debe ser “razonable”, destaca.

“Es irrazonable, irrespectivamente de si el cliente o los profesionales realizan las decisiones de personal, esperar compensación por 12 abogados de un solo bufete que asistan a una vista general en donde solo uno o dos de ellos están supuestos a hablar”, advierte Williamson.

Otra preocupación fue la diferencia en las tarifas que cobran estos profesionales por hora. Según el informe, los bufetes de Puerto Rico facturan un promedio de $245 la hora, mientras que la cifra para aquellos bufetes y firmas de Estados Unidos asciende a $775 en promedio y hasta un máximo de $1,425 la hora.

“Las tarifas por hora [en los casos de Título III] varían grandemente —ciertamente, de manera dramática”, advierte el documento.

Aunque algunos profesionales facturan a descuento en los casos de quiebra de Puerto Rico, otros no lo hacen. El informe asegura que el examinador ha recomendado que apliquen descuento a sus tarifas, pero advierte que carece de poder para imponer esta sugerencia.

“En algún punto de estos procesos, quizás solamente en su etapa de conclusión, el examinador puede pedir al tribunal que atienda esta disparidad en las tarifas por hora entre firmas similarmente situadas y adiestradas, tengan descuento o no. La disparidad en tarifas es demasiado significativa como para ignorarla”, añade Williamson en su informe.

También destaca la inexperiencia de ciertos bufetes y firmas con un proceso de revisión de facturas como el que Williamson lleva a cabo en los casos de Título III de Puerto Rico, según el informe. Esto último incluye, por ejemplo, falta de evidencia electrónica para sustentar sus facturas. El 7 de marzo, luego de la próxima vista general sobre los casos de Título III a cargo de la jueza Swain, el examinador sostendrá una sesión de información para abogados, particularmente aquellos bufetes de la Isla, para atender cualquier duda que tengan sobre el proceso de revisión en la compensación que solicitan.

Problemas con consultor principal de la JCF

En el caso de McKinsey, principal asesor de la JCF, el examinador mostró preocupación por la falta de detalles en las horas trabajadas y facturadas por la firma, que permanece bajo contrato por más de $2 millones fijos cada mes.

Debido a la poca evidencia provista por McKinsey, el examinador dijo que está impedido de hacer una recomendación sobre los $5.12 millones que la firma busca cobrar como parte del primer periodo de compensación.

Según McKinsey —la cual Williamson cataloga como “indispensable” para la JCF— la firma no basa su facturación en “horas trabajadas” y por ende no lleva récord sobre quiénes, cuántas horas y en qué trabajaron sus profesionales. En cambio, su trabajo gira alrededor de “entregas”, tales como “análisis comprensivos de proyectos, presupuestos y planes fiscales”, según el informe.

“Mientras McKinsey continúa articulando los contornos precisos de su trabajo, sin registros de tiempo o gastos de ningún tipo, es muy difícil para cualquiera aplicar los estándares de razonabilidad de Promesa”, añade el documento.

Ante este escenario, el examinador sugirió dos opciones. En primer lugar, la jueza Swain podría remover a McKinsey del proceso de revisión de facturas, y dejar a la JCF que determine la “razonabilidad” del gasto en sus servicios. En la alternativa, Williamson también propone que el tribunal establezca un proceso especial para McKinsey que tenga por lo menos alguna información detallada de horas trabajadas y gastos incurridos.

“Razonabilidad”

Para validar “la razonabilidad” de la compensación solicitada, Williamson consignó que conversa regularmente tanto con la JCF, como con la Aafaf y los comités oficiales, al igual que con sus abogados y asesores. También monitorea aleatoriamente algunas de las llamadas y reuniones que sostienen estos profesionales con sus respectivos clientes, según el informe.

Luego de revisar a grandes rasgos la explicación que dan sobre el trabajo que realizan, se analiza la evidencia presentada por los diferentes bufetes y compañías. Acto seguido, el examinador envía cartas confidenciales para dar oportunidad a atender cualquier discrepancia o preocupación que pueda tener con respecto a cierta facturación.

En su informe, Williamson aludió a que el ritmo acelerado al que comenzó el proceso de quiebra de Puerto Rico, el carácter novel de la ley Promesa y las lagunas que aún existen en la interpretación del estatuto son obstáculos que complican el proceso de revisión de facturas. También apuntó a los “grandes retos” que han enfrentado estos profesionales debido al tiempo, distancia y el análisis que tienen que hacer con poco o ningún precedente.

“Mientras sí han habido quiebras municipales bajo el Capítulo 9, por supuesto, la historia del ELA y su estatus como deudores no tienen precedentes”, subraya el informe.

El próximo 19 de marzo vence el periodo para someter las facturas correspondientes al segundo periodo de compensación que cubre los servicios prestados entre el 1 de octubre y 31 de enero.

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Aafaf, Junta de Control Fiscal, McKinsey, Ricardo Rosselló

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