La Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico urgió a la presidencia de la institución a preparar un informe detallado sobre el proceso que se seguió para la distribución de los fondos recabados en la cuenta especial “UPR se levanta”.
Los donativos que recaudó la UPR en esta cuenta se utilizarán para ayudar a un puñado de estudiantes de pocos recursos en el proceso de recuperación tras el azote del huracán María.
El presidente interino de la UPR, Darrel Hillman Barrera, informó ayer en la reunión de ese organismo universitario, que en las pasadas semanas se logró recaudar casi $17,000, que serían repartidos equitativamente entre diez estudiantes de cada una de las 11 unidades académicas, para un total de $150 por cabeza.
Hillman Barrera indicó que, hasta ayer, la mayoría de las unidades había identificado los estudiantes que recibirían las ayudas, y que los cheques se estaban preparando para enviarse a sus destinatarios la semana entrante.
Sin embargo, el representante estudiantil graduado ante la junta, Gilberto Domínguez, cuestionó si los procedimientos que se siguieron en cada unidad están contemplados en las normas de asistencia económica de la institución. El estudiante de derecho aludió a la necesidad de evitar otra controversia por manejo de fondos reminiscente al escándalo de las becas presidenciales que sacudió a la universidad el año pasado.
La moción de Domínguez para que se detuviera el desembolso de las ayudas hasta que se entregue un “informe detallado” sobre los procesos fue aprobada unánimemente por el cuerpo rector.
Dinero del seguro espera por OGP
Por otro lado, el presidente interino mencionó que la compañía aseguradora de la universidad ya le adelantó a la institución $5 millones para cubrir parte de los daños ocasionados por María. Los fondos, no obstante, aún no han sido distribuidos entre las unidades, pues de acuerdo con Hillman Barrera, requieren del permiso de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) ya que “se altera el presupuesto”.
Una vez OGP apruebe el desembolso, cada unidad –incluyendo Administración Central y exceptuando a la UPR en Utuado– recibirá unos $436,000. El campus utuadeño recibirá una asignación de $200,000 para lidiar con los daños a la infraestructura, que totalizan $416,000, según el presidente interino.
Asimismo, Hillman Barrera explicó que los informes de daños de los recintos de Río Piedras, Mayagüez y Ciencias Médicas, así como las unidades de Carolina y Ponce, ya fueron completados y entregados al seguro privado, y se espera que el resto se entreguen a más tardar la próxima semana.
La Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA), en tanto, ya ha comenzado a cubrir aquellos gastos que el seguro no cobija, tales como el recogido de material vegetativo.
Otro tema que salió a relucir durante la reunión de anoche fue el de los ascensos de los docentes en el Recinto de Río Piedras.
A la pregunta del representante claustral Alan Rodríguez sobre por qué se estaban permitiendo a pesar de directrices previas que congelaban los ascensos y sus consecuentes aumentos salariales, Hillman Barrera replicó que tanto el Recinto de Río Piedras como el de Mayagüez los habían presupuestado de antemano. El presidente de la junta Walter Alomar terció indicando que, dado que los profesores “llegaban con expectativas” a la universidad, era deber de la institución “cumplir [con los ascensos] en todo el sistema”.
En cuanto al plan fiscal que la UPR deberá entregar a la Junta de Control Fiscal el 9 de febrero del año entrante, Hillman Barrera se limitó a señalar que “ya está trabajando” en él y deberá presentar un informe de progreso para la próxima reunión de la Junta de Gobierno, pautada para el 18 de diciembre.
Alomar, por su parte, le requirió a Hillman Barrera que le dé “prioridad” a actualizar los estados auditados de la UPR, que al momento cuentan con dos años de retraso. Durante una visita a principios del año académico, funcionarios del Departamento de Educación federal exigieron que los estados de 2016 y 2017 se entreguen en o antes del 31 de marzo de 2018, so pena de una degradación en el otorgamiento de fondos federales.
