Ante una junta que viene a ‘fiscalizar’ las finanzas de un gobierno cuya deuda ronda los $70 millones en bonos de fondos buitres, se levanta una gran pregunta: ¿quién fiscalizará sus acciones?
La respuesta, según los panelistas del foro “Transparencia al son de la Junta de Control Fiscal”, apunta hacia los ciudadanos y la prensa. No obstante, la gran interrogante que este reto presupone es: ¿qué información tendremos en nuestras manos para hacerlo?
De hecho, hasta el día de la primera reunión de este organismo, efectuada en el Edificio de Aduanas de Estados Unidos Alexander Hamilton en Nueva York, ninguno de los miembros del cuerpo había hecho expresiones a la prensa, a pesar de que fueron nombrados hace más de un mes.
Esa primera reunión se efectuó a más de 1,600 millas de los puertorriqueños que se verán afectados por sus acciones.
Según un artículo del Centro de Periodismo Investigativo (CPI), allí solo se informó ante la prensa quién sería el presidente del organismo, y que se trató de José Carrión III. El presidente electo de la junta sólo alcanzó a decir sobre este tema que están “trabajando lo más rápido posible y estableciendo los procedimientos para ser lo más transparente posible”.
¿Qué es público y qué no?
En el foro, que presentó el CPI durante la tarde de ayer en el teatro de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana en Hato Rey, se abordó el tema de “cuáles documentos, informes, nombramientos, procesos, son expresamente públicos o no, y en qué casos no hay certeza de la divulgación”, conforme a un análisis efectuado a estos fines por Espacios Abiertos, organización que promueve la participación efectiva en procesos de gestión pública.
De acuerdo con la ley PROMESA (Puerto Rico Oversight Management and Stability Act), serán confidenciales las sesiones ejecutivas de sus miembros que, de hecho, excluyen al gobernador de Puerto Rico, miembro exoficio de la junta. Además, serán confidenciales los informes de acuerdos sobre incentivos contributivos.
Habría que preguntarse con cuánta frecuencia se harán estas reuniones ejecutivas. Basándose en lo ocurrido durante su primera reunión, parece que el modus operandi será que en la junta solo se aprobará lo que ya ha sido deliberado en reunión —cerrada— celebrada con anterioridad.
Entre los documentos que sí serán públicos se encuentran los reglamentos, la lista de regalos, herencias y legados que se le dé al cuerpo y los informes “críticos”.
De las pocas cosas que ya se saben, basándose en el texto de la ley, es que la junta va a generar y manejar una enorme cantidad de información. En solo ocho instancias, la ley apunta sobre la naturaleza —pública o confidencial— de los documentos generados. En 41 otras instancias, el estatuto guarda silencio.
En ese mutis caen los presupuestos, datos e informes que el gobierno le envíe a la junta —como el informe semanal de flujo de efectivo o los que esta le pida a agencias federales—, el informe anual de progreso ante el Congreso de Estados Unidos, contratos, certificaciones de reestructuración, informes de la deuda que requiera el Contralor, los salarios de sus miembros, el presupuesto y financiamiento para sus operaciones.
Derecho a la información
Para el licenciado Efrén Rivera Ramos, el primer panelista en el podio, el reto principal es cómo hacer para que toda esa información de la cual no se específica, sea pública.
Según Rivera Ramos, una primera posibilidad sería a través del Freedom of Information Act (FOIA). Pero el principal problema de FOIA es que solo aplica a agencias federales del ejecutivo. No aplica al Congreso ni a la Rama Judicial federal.
Un aspecto que hay que tomar en cuenta es que PROMESA (SEC. 101) establece que la junta será una entidad del gobierno de Puerto Rico, no un departamento, agencia o instrumentalidad del gobierno federal.
De acuerdo con Rivera Ramos, entre los argumentos en corte se podría traer como precedente el caso de “El pueblo de Puerto Rico versus Sánchez Valle”, en el cual el Tribunal Supremo de Estados Unidos determinó que el gobierno de Puerto Rico es una entidad delegada del gobierno federal a la cual no le aplica la doctrina de la doble soberanía a diferencia de los estados. De este caso, según el abogado, se podría argumentar que la ley FOIA sí aplicaría. Aunque cree que esto es poco probable.
Otra posibilidad es que la junta reglamente en el futuro la divulgación de sus documentos. Otras juntas han establecido en sus reglamentos que quedan sujetas la legislación aplicable sobre acceso a la información del estado en el que operan.
También está el derecho puertorriqueño. El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha determinado que existe un derecho constitucional a la información pública para todos los ciudadanos. Además, Puerto Rico cuenta con el artículo 409 del Código Civil que da derecho a los ciudadanos a inspeccionar documentos públicos.
¿Se le podría aplicar a la junta? Rivera Ramos comentó que existe una cláusula de supremacía en PROMESA (SEC. 4) que establece que prevalecerá sobre toda legislación incompatible con la misma. “Eso da lugar a que uno argumente que la [Ley] que no es incompatible con PROMESA, es aplicable. Entonces, que según el derecho constitucional y artículo 409 no son incompatibles con PROMESA, por lo tanto debería aplicar. Creo que eso es una avenida que hay que explorar”, sostuvo el exdecano de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico.
“Otro problema que enfrentaríamos a la hora de aplicar estas leyes, es que PROMESA dice que, a pesar de que la junta es parte del gobierno de Puerto Rico, en la definición de lo que es una instrumentalidad territorial, no incluye a la junta. Es decir, la junta no es ni un organismo federal al que le podría aplicar FOIA, pero tampoco es una instrumentalidad del gobierno de Puerto Rico, a pesar de que es parte del gobierno de Puerto Rico”, comunicó, al señalar las infinidad de interpretaciones que podrían resultar de ese texto.
Rivera Ramos subrayó las vías indirectas: a las agencias federales que provean información a la junta sí se les podría aplicar FOIA, al igual que la información que provea el gobierno de Puerto Rico, que también podría aplicar el derecho constitucional y el artículo 409.
Empero, otro problema sería a qué tribunal acudir en caso de que haya que someter algún caso contra la junta. Según Rivera Ramos, PROMESA establece que toda acción que surja de esta ley y toda acción que resulte contra los miembros de la junta deberán presentarse en el tribunal de distrito federal.
El abogado señaló que esto plantea otro aspecto importante: el desplazamiento del poder judicial de Puerto Rico.
“Aquí se ha hablado mucho de que PROMESA le ha quitado facultades a la Legislatura, facultades al gobierno, y no se ha hablado de cómo ha sacado del panorama al poder judicial de Puerto Rico”, mencionó.
Una junta ajena a las realidades que trastoca
Para la abogada Eva Prados, por su parte, la transparencia es solo una herramienta básica, pero necesaria para que la ciudadanía pueda tomar decisiones informadas.
“Si la deuda es pública, la información relacionada a ella debe ser pública y de fácil acceso. Sin embargo, esa no es una realidad. Nos están pidiendo que paguemos una deuda sin saber qué ni a quién le debemos”, expuso la panelista, quien también es coordinadora del Frente Amplio para la Auditoría de la Deuda de Puerto Rico.
“Estas siete personas tampoco representan a ningún sector afectado por las medidas a tomar. No representan [..] las necesidades de la comunidad universitaria [..], ni las escuelas públicas[..] ni las necesidad de nuestros los pacientes de salud, pero sí representan y conocen los mercados financieros”, recalcó.
Ante esto, recalcó que el país necesita “tomar decisiones informadas”. “En este aspecto la auditoría de la deuda es vital y para saber la verdad y legalidad de lo ocurrido con el propósito de que no vuelva a pasar,” sostuvo.
Cuesta arriba la divulgación de información
Prados expuso, además, que los procesos antidemocráticos que culminaron en nombramientos y en la creación de la propia ley evitan que se develen conflictos de interés y evidencian una cultura de poco apego a los estándares básicos de transparencia y derechos humanos.
Ante, el periodista Joel Cintrón Arbasetti, otro de los panelistas del foro, suscribió a Prados al mencionar sus intentos infructuosos para contactar a miembros de la junta. Apuntó que, entre las interrogantes que quedaron en el tintero, estaban los cuestionamientos sobre estos posibles conflictos de interés.
“Si decidieran realizar una investigación sobre la deuda, pues Carlos García y otros miembros deberían estarse investigando a ellos mismos, porque estuvieron involucrados en emisiones de bonos a través del Banco Gubernamental de Fomento”, puntualizó.
De hecho, Cintrón comentó que junto con el CPI solicitó a la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico la divulgación de información financiera de los miembros de la junta, pero que esta agencia se negó, ya que solo quedan bajo su jurisdicción los servidores públicos de la Rama Ejecutiva del gobierno de Puerto Rico.
De igual manera, recurrieron a la Oficina de Ética federal y al Departamento del Tesoro de Estados Unidos. A esta última dependencia, se le solicitó la divulgación de las revisiones de trasfondo hechas a todos candidatos de la junta durante el proceso de nominación. Según Cintrón, ese pedido todavía está en proceso.
Aun cuando se tienen los recursos legales, el proceso puede ser cuesta arriba. En 2016 Cintrón junto con el CPI demandaron al gobierno de Puerto Rico tras intentos fallidos de obtener documentos para develar la emisión de bonos chatarra más grande de la historia de bonos municipales. La demanda se ganó, pero el proceso duró alrededor año. “Era la lista de las firmas de inversión que habían comprado los emisión de bonos”, explicó el periodista, quien enfatizó que, aunque se logró la divulgación, esta fue tardía ya que muchos de esos bonos fueron revendidos.
Llamado a la acción ciudadana
El trío de panelistas estuvo de acuerdo en que, independientemente de los recursos legales, civiles y los derechos a los que se pueda amparar la ciudadanía, en cualquiera de las esferas que rigen el estatus del país, la herramienta está en ejercer presión pública y política. Para Cintrón, la movilización en protesta es una posibilidad muy efectiva.
Por su parte, el licenciado Rivera anotó que el país debe tomar conciencia respecto a que podemos ser autores del libreto que se escribe sobre esta junta.
“Una alternativa es que la junta actúa y nadie hace nada […] y se escribe un libreto, pero si ellos empiezan a escribir el libreto y nosotros hacemos cosas donde sea que haya que hacerlas a lo mejor el libreto termina siendo otro”, puntualizó.
