Profesores y empleados de la Universidad de Puerto Rico (UPR) exigieron hoy que la administración divulgue inmediatamente el Plan Fiscal de la institución para que exista una “verdadera participación” de la comunidad universitaria en la creación del documento.
Tanto la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU) como la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes (Heend) requirieron, además, que la universidad sea considerada como un servicio esencial del país.
En la última reunión de la Junta de Gobierno, el presidente interino de la institución, Darrel Hillman Barrera, solicitó que toda persona que crea tener “una idea que nos pueda aportar muchísimo [en la elaboración del plan fiscal], por favor envíela a mi correo”. Asimismo, se comprometió a discutirlo ante la Junta Universitaria “tan pronto esté listo”.
Sin embargo, esta decisión fue catalogada como “insostenible” y “antidemocrática” por parte de los líderes sindicales, pues aseguraron que la comunidad universitaria desconoce los parámetros que contiene el documento que regirá las finanzas del primer centro docente del país hasta 2022.
“Cómo vamos a enviar propuestas si no hemos visto el documento. Nos parece antidemocrático y una falta de transparencia en la gestión pública el que no se divulgue el Plan Fiscal a la comunidad universitaria. Si verdaderamente quieren que se discuta por los universitarios tienen que difundirlo ya porque apenas queda un mes antes de que lo entreguen a la Junta de Control Fiscal (JCF)”, expresó el presidente de la Heend, José Torres Rosario.
El ente federal fijó el 9 de marzo como la fecha límite para que la UPR entregue el pliego. Por su parte, Hillman Barrera presentará el borrador ante la Junta Universitaria el 7 de febrero.
Según el nuevo Plan Fiscal de la administración de Ricardo Rosselló Nevares, entregado a la JCF el 24 de enero, la UPR sufrirá recortes escalonados que alcanzarán los $423 millones en 2022, Desde esa base, la UPR delinea su documento.
Es por esto que la APPU creó una petición de solicitud de firmas, en el portal change.org, para exigirle “transparencia” al presidente de la institución. Hasta el momento, cuenta con más de 4,000 endosos.
En riesgo la acreditación
Asimismo, el presidente de la APPU, José Rivera Caballero, denunció que es el gobierno quien está redactando el plan fiscal universitario.
“Mientras Hillman invita a la comunidad universitaria a discutir el plan, el mismo permanece en los cuartos oscuros de la Junta de Control Fiscal y de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf). Ello en clara violación a la autonomía universitaria y poniendo en riesgo el cumplimiento de los estándares de acreditación de la Middle States Commission on Higher Education (Msche). Esta acción es evidencia clara de los intentos del gobierno de imponer cambios a la UPR sin contar con la participación de la comunidad universitaria”, sentenció.
El pasado 18 de mayo, luego de que el gobierno se acogiera al proceso de Título III legislado por la ley Promesa y anunciara un corte presupuestario de $512 millones a la UPR para 2026, la Msche envió una carta a las 11 unidades y recintos del sistema solicitando un informe en el cual documentaran la estabilidad financiera de la institución para cumplir con los estatutos de acreditación.
“Ya la Middle States había hecho unos señalamientos a la administración universitaria sobre el asunto de la gobernanza, de la intromisión politicopartidista dentro de la Universidad de Puerto Rico. Aquí, nuevamente, estamos haciéndole caso omiso”, añadió Torres Rosario.
Antes de que el plan sea entregado a la JCF deberá ser aprobado por la Junta de Gobierno de la UPR. El cuerpo regente cuenta con seis puestos nombrados por Rosselló Nevares, mientras solo cuatro son escogidos por la comunidad universitaria. Aún quedan tres sillas vacantes que también corresponden ser nombradas por el gobernador.
La UPR como servicio esencial
El documento financiero que entregue la UPR deberá lidiar con un recorte presupuestario de $423 millones, más del 50% de la asignación monetaria que recibía del gobierno central hasta el año fiscal 2017 ($833 millones).
Por esta razón, ambos líderes exigieron que el documento salvaguarde la permanencia del sistema UPR como servicio público esencial, que garantice a los estudiantes que la oferta académica será cumplida y que provea condiciones laborales adecuadas a los empleados y empleadas.
El pasado plan establecía un aumento de más de 100% a la matrícula de los estudiantes; consolidación de labores administrativas; y reducción de cursos duplicados en unidades y recintos cercanos.
“Seguir aumentando el costo de estudio atenta contra el rol de la Universidad de Puerto Rico como un motor de desarrollo socioeconómico en la sociedad. Es transformarla en otra cosa”, resaltó Rivera Caballero.
De acuerdo con ambos dirigentes sindicales, el gobierno quiere desvincularse de la UPR e implantar las filosofías de financiamiento privado utilizadas en las universidades norteamericanas. Sin embargo, aseguraron que no está tomando en cuenta que, según estimaciones del Centro de Información Censal de Cayey, el 52% de la población vive bajo el nivel de pobreza luego del azote del huracán María. En Estados Unidos, de acuerdo con el Censo de 2015, la pobreza ronda por el 14%.
“La comunidad universitaria ha denunciado consistentemente las consecuencias nefastas de esta política de reducción de la inversión pública en la educación y en el Sistema UPR en particular. El debilitamiento de la universidad pública contribuirá a agudizar aún más la grave crisis económica que atraviesa el país”, manifestó el presidente de la Heend.
