Según Carlos Severino, exrector del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPR), ya finalizó la investigación que realizó la licenciada Mercedes Marrero de Bauermeister sobre el informe de la otorgación de las becas presidenciales el pasado año y ya se le entregó un documento al respecto a la presidenta interina Celeste E. Freytes González.
Así lo hizo saber el profesor Severino, quien dijo en entrevista con Diálogo que sabe que el informe está en Presidencia “desde el martes pasado” y, por ser uno de los involucrados, ha solicitado que se le proporcione información al respecto.
“Sabemos que el informe se entregó el martes. A mí me parece que lo que corresponde es que se deje claro el procedimiento que se va a ceñir con respecto a esto y que las personas implicadas tengan acceso primario a ese informe”, le dijo Severino a este diario digital durante la mañana del lunes.
Diálogo intentó buscar una reacción de Freytes González mediante la Oficina de Comunicaciones de Administración Central, pero al momento de publicar estas líneas aún no recibíamos respuesta. Tampoco habían confirmado si en efecto ya el informe fue recibido por Presidencia. Otra fuente de este medio indicó que el informe le había llegado a Freytes González hace dos semanas.
La UPR contrató a Marrero Bauermeister, otrora directora de la Oficina de Administración de Tribunales (OAT), para que analizara el informe de las becas presidenciales que indicaba que los beneficiados de estas becas recibieron trato preferencial y obtendrían plazas en el sistema universitario.
Aquel informe, preparado por los abogados Samuel Céspedes Soto, Dora Monserrate Peñagarícano y José Casillas Fernández, propició la salida de figuras de alto rango y de larga carrera en la UPR: el exrector de Río Piedras, Severino; el expresidente de la UPR, Uroyoán Walker; la exdecana de Asuntos Académicos, Palmira Ríos; la vicepresidenta de Asuntos Académicos, Delia Camacho; y el exdecano de Estudios Generales, Carlos Rodríguez Fraticelli.
El informe alega que hubo procesos irregulares, también referidos a entes investigadores como el Departamento de Justicia, que beneficiaron a allegados a figuras vinculadas a la administración del exgobernador Alejandro García Padilla, como el exasesor de Fortaleza, Arturo Ríos Escribano; Carlos Pagán, exayudante del hermano del exprimer ejecutivo, Antonio García Padilla; y Mónica Sánchez Sepúlveda, sobrina del expresidente de la Junta de Gobierno, Jorge Sánchez.
Desde que se emitió el informe, Severino siempre ha reclamado la necesidad de una revisión de esta determinación. Envió una carta a la Junta de Gobierno, y aunque afirma que no le interesa que se le reinstale en la rectoría, ha pedido encarecidamente que se analice a profundidad el informe inicial pues considera que es un documento con múltiples fallas e imprecisiones, fallas que ha dicho son “de la mayor gravedad”.
Severino indicó a El Nuevo Día en aquel momento, el informe de 156 páginas que en julio presentaron los letrados a la Junta de Gobierno contiene instancias en las que se le falta a la verdad de los hechos y se pasan “juicios a priori tratando (de) probar una teoría conspirativa con génesis mediática”.
El académico sostuvo que ese informe no incluyó su testimonio ante la Junta de Gobierno sobre la forma en que se manejó el asunto de las becas presidenciales en Río Piedras y que el documento ni citó ni incluyó la evidencia que él presentó para sustentar sus declaraciones.
Severino entiende que el informe se construyó con “información débil, incompleta, tergiversada y excluida” para tomar decisiones “que han afectado seriamente la reputación y la vida personal, profesional y social de funcionarios de destacada carrera en la UPR”. De igual forma, entiende que en el dossier de la investigación no se le vincula con ninguna violación de ley, norma o reglamento, y que tampoco el documento provee recomendaciones sobre posibles acciones a seguir.
Los reclamos del exrector instaron a que la Junta de Gobierno y Freytes González trajeran a la licenciada Marrero de Bauermeister para que realizara un análisis al respecto a la pesquisa inicial. Severino considera en estos momentos varias opciones legales para reaccionar a sucesos que entiende que afectan su reputación como profesional y su carrera como académico.
“Pero ahora lo principal es que la administración juegue de buena fe, que llamen a los implicados y nos dé acceso a ese informe”, dijo Severino a Diálogo.
“La otra ocasión yo me enteré por la prensa y a los varios días fue que pude ver el informe. Ahora no deben dejar que esto se convierta en un asunto público sin que las personas implicadas lo vean”, puntualizó.
