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El fotógrafo mexicano Rubén Espinosa coloca una placa en honor de Regina Martínez, el 28 de abril de 2015, en la plaza central de Xalapa, la capital del sureño estado de Veracruz, para conmemorar los tres años del asesinato de la periodista. En julio de ese año, Espinosa fue asesinado también. Crédito: Roger López/IPS
El reportero mexicano Cecilio Pineda Brito cubría temas de narcotráfico en una región del sureño estado de Guerrero, conocido por el control que ostentan en ella los grupos criminales.
En septiembre de 2015 había sufrido un atentado y su condición de “altísimo riesgo” lo hizo beneficiario del mecanismo federal de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas, que existe en México desde diciembre de 2012.
Le asignaron medidas de protección, que básicamente consistían en rondas policiales. Le ofrecieron irse a un refugio en Ciudad de México. Se negó.
En octubre de 2016, los responsables del mecanismo decidieron quitarle la protección; cinco meses después, Pineda Brito se convirtió en el primer periodista asesinado en 2017.
Después del asesinato de Pineda Brito, siguieron seis semanas de terror en que fueron asesinados tres periodistas más, mientras otros dos fueron víctimas de graves atentados con armas de fuego en diferentes puntos de este país de 118 millones de personas.
El asesinato más impactante fue el de Miroslava Breach, una periodista con una larga y sólida trayectoria que enviaba información al diario La Jornada desde el norteño estado de Chihuahua, en la frontera con Estados Unidos, y que cubría información política.
Pero el de Pineda Brito puso en evidencia la ineficacia de los mecanismos institucionales para la protección de los periodistas que existen en la región.
“Este último año ha quedado claro el fracaso del modelo de protección estatal exportado de Colombia a México y recientemente a Honduras”, dijo Ricardo González, oficial de Protección y Seguridad de la organización internacional Artículo 19, con su base central en Londres y dedicada a la defensa de la libertad de expresión.
“Los casos de periodistas asesinados en México que estaban bajo protección de diferentes mecanismos del Estado, así como la renuncia de la Fundación para la Libertad de Prensa a participar en la evaluación de casos en el mecanismo colombiano son cosas que deben preocupar”, insistió.
Para González, la ausencia de un sistema de justicia y reparación hacen del modelo un instrumento “ineficaz, además de financieramente insostenible”.
Los números de México le dan la razón: según el último informe de Artículo 19, de las 427 agresiones registradas en 2016 a los medios y a los periodistas, 99.7% no tuvieron castigo.
Mientras, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión solo ha conseguido que tres casos hayan concluido en una sentencia a los agresores.
La mayor parte de las agresiones fueron contra periodistas que trabajan en medios pequeños fuera de la capital del país y al menos la mitad fueron cometidas por agentes del Estado.
En contraparte, el mecanismo federal de protección mantiene medidas a 509 personas (244 son periodistas y el resto defensores de derechos humanos).
Además, pese a que los riesgos lejos de disminuir, crecen, el gobierno y el Congreso legislativo le eliminaron los recursos para la protección, así que desde enero, el mecanismo funciona con los remanentes de un fideicomiso cuyas reservas de aproximadamente $9.5 millones se terminarán en septiembre.
Para Artículo 19, la imparable violencia contra la prensa es uno de los principales retos en toda la región y un punto de reflexión cuando mañana, 3 de mayo se celebra el Día Mundial de la Libertad de Expresión.
“Además de México, Honduras, Brasil y Colombia, ahora la situación en Paraguay y Venezuela, especialmente, han marcado el deterioro de la libertad de prensa en la región”, dijo González.
En el mismo sentido, la Clasificación Mundial de Libertad de Prensa 2017 de Reporteros Sin Fronteras, publicada este miércoles 26, alerta sobre la inestabilidad política y económica registrada en varios países de América Latina, donde los periodistas que investigan temas que afectan a los intereses de dirigentes políticos o del crimen organizado suelen ser agredidos, perseguidos, asesinados.
“RSF lamenta el pernicioso y continuo deterioro de la situación de la libertad de prensa en América Latina”, dijo Emmanuel Colombié, director del Despacho América Latina de RSF, en la presentación de la Clasificación.
“Frente a una amenaza multifacética, con frecuencia los periodistas deben autocensurarse, incluso exiliarse, para sobrevivir. Esta es una situación intolerable en países democráticos”, agregó.
El informe de RSF destaca el caso de Nicaragua, país que “experimentó la mayor caída registrada en la Clasificación”, pues la prensa independiente y de oposición, la controvertida reelección de Daniel Ortega estuvo marcada por múltiples casos de censura, intimidación, acoso y detenciones arbitrarias. Bajó 17 puestos, para situarse en el 92.
También considera “otro caso preocupante” el de México, que en 15 años ha caído del lugar 75 al 147 y por sus condiciones de peligro se encuentra situado entre Siria y Afganistán. “México sigue gangrenado por la corrupción y la violencia del crimen organizado”, dice el informe.
De hecho, es el segundo país latinoamericano peor clasificado, después de Cuba, en el puesto 173, tras perder dos puntos, entre los 180 países analizados.
A nivel regional, los mejor situados en el ranking son Uruguay (puesto 25, perdiendo cinco), Chile (puesto 33, perdiendo dos) y Argentina (puesto 50, subiendo cuatro).
Se sofistican los medios de control
A pesar de todas las amenazas y riesgos, el periodismo independiente está avanzando en la región. En 2016, la organización Sembramedia creó el primer directorio de medios nativos digitales en América Latina que suma más de 500 plataformas independientes.
Pero del mismo modo, los medios de control de la prensa independiente están en “plena sofisticación”, destacó González.
El acoso judicial, laboral y en Internet, así como la censura indirecta vía el control de la publicidad estatal son las herramientas que gobiernos y grupos políticos y económicos utilizan de manera cada vez más recurrente en toda la región.
En México, el caso más emblemático es el de la periodista Carmen Aristegui, quien fue despedida junto con su equipo de investigación de MVS radio tras la publicación de una investigación sobre corrupción que involucra al presidente Enrique Peña Nieto.
Sin embargo, hay otros casos aún más increíbles, como la orden de un juez de que se aplique exámenes psicológicos al politólogo Sergio Aguayo, después de la publicación en diversas columnas periodísticas de información documentada sobre masacres en el estado de Coahuila que involucraban al exgobernador Humberto Moreira.
La organización Fundar, Centro de Análisis e Investigación, ha documentado que el gobierno y los 32 estados en que se divide este país federal, gastan en promedio unos $800 millones anuales para comprar espacios en los medios de comunicación y difundir anuncios institucionales.
Otra organización mexicana de defensa de los derechos digitales, R3D, documentó que varios gobiernos regionales compraron programas de Hacking Team, una empresa italiana de tecnología de información, que vende herramientas de espionaje, bloqueo, control e intrusión a gobiernos y empresas en páginas digitales, redes sociales y servicios de correo electrónico.
Según R3D, en México la intimidación y la vigilancia en línea han aumentado durante la presidencia de Peña Nieto.
El patrón se repite en otros países de América Latina, donde las agresiones no solo no se han detenido, sino que van en aumento y ahora presentan nuevos retos.
“En el último año hemos visto como los riesgos de la violencia que antes estaban reservados a temas como el narcotráfico, ahora son enfrentados por quienes cubren temas relacionados con migración y tráfico de personas, además de ambientales y defensa comunitaria de la tierra frente a industrias extractivas”, dijo González.
Otro foco rojo está en la cobertura de asuntos fronterizos. “La llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos ha tenido un efecto bastante negativo en términos de libertad de prensa, tanto interior, como internacional, en toda la región”, insistió.
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