La Federación de Trabajadores de Puerto Rico (AFL-CIO) dio a conocer ayer un informe en el cual se responsabiliza al expresidente del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), Carlos M. García, de desviar millones de dólares asignados a proyectos de agua y alcantarillado para recapitalizar el BGF y pagar a los bonistas.
José Rodríguez Báez, presidente de la AFL-CIO, señaló frente a la sede del banco Santander en la Milla de Oro, que mientras García fungió como presidente del BGF, el actual director de la Junta de Control Fiscal (JCF) liquidó el fondo de infraestructura, conocido como la Cuenta del Corpus. Según el informe El saque del fondo de infraestructura de Puerto Rico, el monto de la Cuenta del Corpus fue desviado por el BGF hacia una “serie de transacciones financieras destinadas a reforzar la calificación crediticia de la Isla, pero resultó en la emisión de una nueva deuda de mil millones”.
“Carlos García debe renunciar inmediatamente a la Junta de Control Fiscal. El récord es claro, cuando García fue presidente del BGF determinó que los bonos de apreciación de capital COFINA, constitucionalmente dudosos, eran la solución fiscal a la crisis de deuda de Puerto Rico y eso puso en riesgo a todos los puertorriqueños”, manifestó Rodríguez Báez.
La movida de más de $1,000 millones del fondo de infraestructura se dio después de la promulgación de la Ley 3 de 2009 de la administración del exgobernador Luis G. Fortuño. Según el informe, García, exejecutivo del banco Santander, consideraba que la liquidación de la Cuenta del Corpus aportaría una ganancia sustancial al gobierno de Puerto Rico.
“Sin embargo, esta ganancia de la venta de los títulos no fue utilizada para financiar proyectos de acueductos y alcantarillados que necesita Puerto Rico”, abunda la investigación.
La Ley 92 de 1998 estableció que la Cuenta del Corpus era una vía exclusiva de “inversión permanente para proyectos de infraestructura”. El informe enfatiza en que “los ingresos de la Cuenta de Corpus se reservaron exclusivamente para la financiación de proyectos de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico y las mejoras necesarias”.
La liquidación del fondo de infraestructura impidió la modernización de sistemas de acueducto y alcantarillado, afectando la salud pública de los puertorriqueños. Ante eso, el presidente de la Unión Independiente Auténtica (UIA), Pedro J. Irene Maymí, señaló que la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) tenía que saber lo que estaba ocurriendo. Debido a la falta de capital, Irene Maymí añadió que en la actualidad “no se ha podido continuar con el programa de mejoras”.
García, quien mientras era presidente del BGF también se desempeñó como director de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas de Puerto Rico (AAPP), impulsó asociaciones público-privadas para satisfacer las necesidades de infraestructura de Puerto Rico. “Mientras García dirigió la AAPP el único proyecto de acueducto que se lanzó buscó la inversión del sector privado para mejorar la recaudación de ingresos de la AAA”, puntualiza el informe.
Por otro lado, la AFI-CIO denunció el conflicto de interés que surgió cuando García utilizó sus influencias dentro de la banca privada y pública para crear una puerta giratoria entre Santander y el BGF. “Esto compromete su capacidad para implementar un programa fiscal justo que cubra las necesidades humanitarias del pueblo puertorriqueño como miembro de la junta y pone en duda la legitimidad de la deuda de Puerto Rico”, destacó el presidente de la AFL-CIO.
Según el documento, Carlos M. García y José Ramón González, ambos integrantes de la JCF y exejecutivos del banco Santander, jugarán un rol importante sobre la decisión de qué y cómo se debe desembolsar la deuda. “La junta debe ignorar las peticiones de los acreedores con conflictos de intereses como Santander”, denunciaron los integrantes de la Federación de Trabajadores.
Rodríguez Báez aprovechó la convocatoria para hacer un llamado a auditar la deuda y rechazar cualquier mecanismo de austeridad. Además, Iram Ramírez, tesorero de la AFL-CIO, expresó que “bancos como Santander, anterior empleador de García, ayudaron a acumular una montaña de deuda incobrable para Puerto Rico. Ellos son los que deberían estar pagándonos por todo el dinero que nos llevaron, no al revés”.
El informe, que contiene nueve páginas y se publicó en español e inglés, es parte de una serie de investigaciones que realiza la AFL-CIO, en colaboración con la organización Hedge Clippers, sobre la deuda de Puerto Rico. Además de su divulgación en Puerto Rico, un grupo de activistas lo presentarán en Boston, Massachusetts para tener mayor alcance e impacto.
