De las 271 firmas de inversión que compraron $3,500 millones de deuda chatarra de Puerto Rico en 2014, son 114 las identificadas como fondos de cobertura, o hedge funds, reveló la firma Barclays al Centro de Periodismo Investigativo (CPI) en un nuevo documento entregado por el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) y que pone fin a un largo litigio de acceso a la información.
Esos 114 fondos de cobertura compraron el 67% de la emisión de 2014, o lo que es igual, casi $2,400 millones. Barclays fue la firma que administró esa emisión para el gobierno de Puerto Rico y desde agosto de 2015, había negado la información de las firmas de inversión al CPI, al igual que el BGF.
Entre estos 114 fondos de cobertura, se encuentran fondos buitre que, según la Organización de las Naciones Unidas, son empresas que adquieren deuda en incumplimiento o en dificultades con el objetivo de lograr un alto rendimiento o retorno de inversión, y lo hacen mediante compra, cesión o alguna otra transacción, como pudieran ser sentencias judiciales.
Los fondos buitre generalmente adquieren de los países pobres la deuda soberana en incumplimiento, a un precio mucho menor que su valor nominal y luego intentan, a través de litigios, presión política o incautación de activos, lograr la devolución del valor nominal total de la deuda junto con los intereses, penalidades y honorarios legales.
De las principales 20 firmas de inversión que compraron mayor cantidad de esa deuda de 2014 al gobierno de Puerto Rico, 15 son fondos de cobertura, identificó el CPI en el nuevo documento entregado por Barclays. Estos son: Brigade Capital Management, Fir Tree, Perry Capital Management, Paulson and Company, Och Ziff Capital, Barclays Wealth, Soros Fund Management, Carval Investors, Centerbridge Partners, Silver Point Capital, Oak Hill Advisors, Farallon Capital, Monarch Alternative Capital, Appaloosa Management y Seix.
Es incierto si todas estas firmas continúan poseyendo bonos del gobierno de Puerto Rico hoy día. Por ejemplo, Paulson indicó al CPI en octubre de 2015 que había vendido sus bonos, mientras que Soros Fund se negó a confirmar si mantiene sus bonos de la isla. Dado que la deuda cambia de manos continuamente en el mercado secundario, el CPI pidió también al BGF, desde octubre de 2015, los datos más actuales que hay de los bonistas que tienen la deuda pública, según fueron identificados por la empresa Bondcom. El BGF se ha negado a proveer esa información.
De los fondos de cobertura que ahora se conocen, el CPI pudo identificar que al menos 12 han demandado al gobierno de Puerto Rico este año para impugnar la Ley de Moratoria. Tal es el caso de Brigade Capital, Fir Tree, Monarch Alternative, Stone Lion Capital, Solus Alternative Asset Management, OakTree Capital Management, Nokota Management, Golden Tree Asset Management, Scogging Capital Management, Varde Partners LP, Whitebox Advisors y Aurelius Capital.
Aurelius y Monarch, por ejemplo, estuvieron también en las quiebras de Grecia, Argentina y Detroit; Brigade y Stone Lion estuvieron en Detroit; mientras que Fir Tree estuvo en Grecia y Argentina.
Varias de estas firmas también han tratado de influenciar la toma de decisiones del gobierno de Puerto Rico y del gobierno federal, en torno a la isla. Por ejemplo, Brigade, Monarch y Stone Lion formaron parte del grupo ad hoc de bonistas de obligación general, mientras Fir Tree formó parte del mismo grupo y a la vez se unió al grupo ad hoc del BGF. Estos grupos ad hoc se formaron para negociar y contrataron bufetes de abogados para prepararse en caso de que tuviesen que demandar al gobierno por cobro de deudas.
La nueva información divulgada, puesta en contexto, permite observar entonces varias de las características que revelan sin equívocos que un grupo de estos fondos de cobertura, claramente operan como fondos buitre.
“Me parece muy relevante esta nueva información porque nos han vendido que los bonistas que le prestaron al gobierno son gente de clase trabajadora. Y no es así. Tú como individuo marcas el riesgo que estás dispuesto a asumir cuando compras un plan de retiro como trabajador, maestro o agricultor. No es el mismo apetito al riesgo de un individuo, que invierte unos ahorritos, que el de un multimillonario o una firma que invierte millones. Mucha de esa gente, los inversionistas pequeños, salieron de sus carteras cuando vieron que empezaron a perder y las vendieron en el mercado secundario. Por eso es probable que ahora haya muchos más fondos de cobertura y buitres que los que había en las ventas originales de bonos”, opinó el presidente entrante de la Asociación de Economistas de Puerto Rico, José Caraballo Cueto.
“Los fondos del buitre son a menudo secretos, tanto en términos de su propiedad como de sus operaciones, y muchos se incorporan en los centros financieros offshore y las jurisdicciones de secreto bancario, comúnmente denominados “paraísos fiscales”. Algunos son propiedad de grandes instituciones financieras como los fondos de cobertura y en otros casos sus beneficiarios están ocultos. Esto sugiere que los dueños de fondos buitres con frecuencia no sólo están tratando de acumular riqueza a través de medios especulativos en detrimento de los países endeudados y sus ciudadanos, sino que es probable que eviten o eludan el pago de impuestos ocultando sus ganancias en jurisdicciones secretas. Al hacerlo, están impidiendo doblemente la capacidad de los Estados para movilizar los recursos necesarios para el gasto público y la materialización de los derechos económicos, sociales y culturales”, consigna Juan Pablo Bohoslavsky, experto independiente de Naciones Unidas para los efectos de la deuda externa y el pleno goce de los derechos humanos.
Tras la entrega del documento, el Centro de Periodismo Investigativo y el periodista Joel Cintrón Arbasetti dieron por concluido el pleito, en el cual fueron representados por el licenciado Osvaldo Burgos y el licenciado Luis José Torres Asencio, de la Clínica Legal en la Facultad de Derecho de Universidad Interamericana.
La emisión de bonos de marzo de 2014 ha generado gran interés, por la cantidad de bonos vendidos y porque resulta una incógnita entender cómo se posicionaron tantas firmas de inversión para una compra de bonos chatarra sin precedentes, especialmente firmas tradicionales de inversión que no caen en las categorías de fondos de cobertura o buitre y que abarcaron un 33% de la emisión.
La Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público confirmó que pidieron al BGF todos los documentos generados durante el periodo del “due diligence” de esa emisión. El due diligence es el proceso de investigación que hace un comprador de bonos antes de realizar una oferta y le permite evaluar los riesgos legales, comerciales, entre otros, de la oferta, así como su documentación.
“Hicimos dos cartas al BGF pidiendo diferentes tipos de informaciones. En el primer informe de la pre-auditoría incluímos una lista de la información y documentos que nos entregaron, que no fueron todos los que solicitamos. Necesitamos abogados que revisen los documentos originales que obtuvimos para estar bien claros de que se pueden publicar según la ley que nos rige como entidad y que cumplamos con el mandato de transparencia y se hagan disponibles en la página de la Comisión. Pero para esto es necesario el desembolso de los dineros asignados. Nos siguen indicando en el Departamento de Hacienda que todavía no pueden dar fecha de para cuando estaría este cheque. Sigue siendo bien difícil hacer un trabajo tan importante, sin los recursos necesarios, cuando la auditoría es una de las pocas herramientas que nos siguen quedando para tener algún grado de ficha de negociación, en términos de la restructuración”, dijo Roberto Pagán, portavoz de la Comisión.
Pagán aseguró que el Securities and Exchange Commission (SEC), que regula el mercado de las inversiones, no le ha requerido ningún documento o testimonio a él o a la Comisión, a pesar de que, según reseñó NotiCel, todo parece indicar que el SEC está detrás de información que la Comisión también trató de obtener: los documentos del due diligence de la emisión de 2014.
El BGF refirió un pedido del CPI sobre los documentos relacionados con la pesquisa federal al Secretario de Justicia, César Miranda.
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