En Puerto Rico la construcción informal es de particular preocupación por su vulnerabilidad, mas no es menos cierto que las construcciones formales también han evidenciado su fragilidad. La controversia entre la “seguridad” de lo formal y el “riesgo” de lo informal no es nada nuevo, pero nos obliga a responder, ¿a qué se debe esta polémica?
De acuerdo con varios expertos consultados por Diálogo, la construcción formal es aquella que cumple con permisos, planificación, diseño, estudios de suelo y cuenta con la supervisión de ingenieros y arquitectos licenciados para el desarrollo del proyecto. Mientras, la construcción informal, -también conocida como autoconstrucción o ingeniería “criolla”- es, en síntesis, la edificación de una estructura de forma “ilegal” por no cumplir con los requerimientos de una obra formal.
La costumbre por construir ilegalmente ha sido identificada como una cuestión de clases sociales protagonizada por la clase pobre. Sin embargo, expertos aseguran que ante la coyuntura histórica que enfrenta Puerto Rico ya esto dejó de ser un asunto dividido meramente por líneas socioeconómicas.
No son solo los pobres
Los altos costos de materiales, el pago de aranceles y la complejidad de los proceso de permisos, son solo algunos de los factores que restringen el acceso a construir de manera formal para aquellos más desventajados económicamente y con necesidad de vivienda.
Sin embargo, según expertos en el tema, esta práctica de construcción ilegal ha ganado especial interés, aun en aquellos que poseen más recursos económicos.
El proyecto de Paseo Caribe generó mucha controversia pues se alegó que se erigió ilegalmente sobre el litoral costero de San Juan. (Archivo/Ricardo Alcaraz)
Actualmente, en Puerto Rico sobre el 55% de las viviendas cuentan con factores informales, es decir, estructuras a las que se les añaden otras construcciones como ampliaciones o mejoras. De ello se desprende que más de 75,000 casas se han construido de manera informal desde el 1999 hasta hoy, según datos de la Asociación de Constructores de Puerto Rico (ACPR).
“La gente ve como una opción construir lo que quieren sin tener que pasar por los procesos tan agobiantes de permisos y pago de aranceles que conlleva la construcción formal”, destacó el presidente de la asociación, Emilio Colón Zavala.
Fuente: Datos provistos por la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) y la Asociación de Constructores de Puerto Rico. (Diseño de Raúl Ramos y Lenin Andino de la UPR en Carolina)
Lo informal de lo formal
La construcción formal debe dar total confianza de su seguridad y buena planificación para su desarrollo, pero complejos de vivienda como Hacienda Las Lomas en Ceiba, Palmas del Mar en Humacao, Ocean Park en Isla Verde y la urbanización Villa España en Bayamón, entre otros, exponen que este tipo de edificaciones también han tenido serias fallas.
Diálogo identificó dos escenarios que evidencian lo informal de lo formal:
Por una parte, se encuentran las viviendas que sufrieron los efectos del huracán María el pasado 20 de septiembre, como fue el caso de Ocean Park en San Juan. Allí las inundaciones, propias de un área de viviendas construidas a pasos de la costa, mantuvieron bajo agua muchas residencias por varias semanas. Asimismo, varias estructuras del costoso complejo de viviendas Palmas del Mar cedieron tras los fuertes vientos y marejadas producidas por el temporal.
De otro lado, también está la negligencia en cuanto a la pobre consideración del terreno en riesgo como es el caso de Hacienda las Lomas en Ceiba, donde el terreno cedió, y el colapso del mogote en la urbanización Villa España.
Esto es solo en cuanto a viviendas, pero también, en el caso del huracán María hubo centros comerciales, como el de Plaza Carolina y el de Palmas Real en Humacao, gasolineras y varios negocios cuyas estructuras se afectaron considerablemente. Plaza Carolina aún se mantiene cerrado y el centro comercial de Palma Real quedó destruido casi en su totalidad.
Centros comerciales, edificios y muchos negocios también recibieron serios daños en sus estructuras tras el embate del huracán María. (Cortesía Ricardo Alcaraz)
Ambos casos manifiestan construcciones formales propensas a fallar a pesar de haber sido edificadas según los parámetros legales.
El arquitecto y planificador Ricardo Álvarez-Díaz reconoció que aunque el análisis sobre lo informal de las construcciones formales debe ser más amplio “no se puede generalizar porque no todo lo informal es malo y no todo lo formal es bueno”.
“Eso sí, hay mayores oportunidades con la construcción formal. El objetivo debe ser cumplir con los códigos de construcción establecidos”, justificó.
En entredicho el cumplimiento con el código
Por su parte, el actual presidente de ese organismo, Emilio Colón Zavala, comentó a Diálogo que “los códigos de edificación están diseñados para salvar vidas, no edificaciones”.
Entonces, ¿dónde queda la seguridad y planificación de las construcciones formales?
“El problema no está en el papel (documento del código), sino en la ejecución”, respondió Colón Zavala, refiriéndose a que la responsabilidad recae en aquellos profesionales responsables del manejo de la obra a construirse.
Con él coincidió el director de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe), Ian Carlo Serna. El funcionario entiende que “el análisis de lo formal y lo informal es, sin duda alguna, más complejo y extenso que esto”.
“Personalmente, no me parece que los códigos de construcción y permisos sean un problema en la construcción puertorriqueña, sino que debemos reconocer que hay profesionales que no siempre cumplen con su labor, es la realidad”, manifestó.
No obstante, el director de OGPe, señaló que el código de construcción que rige actualmente las edificaciones en la Isla (Puerto Rico Building Code 2011) se reevaluará y atemperará a las condiciones climáticas y sociales actuales en Puerto Rico.
“Ya comenzamos con los procesos de revisión y nos encontramos en espera del informe de daños de FEMA (Agencia Federal para el Manejo de Emergencias) como parte de los recursos empíricos necesarios para la consideración del nuevo código de construcción”, informó el ingeniero. Aseguró que el nuevo código contará con los estándares de construcción internacional contenidas en el International Building Code 2018.
Indicó que como parte de esta revisión se creó una comisión en la que además OGPe la integran representantes del Colegio de Ingenieros y Agrimensores, el Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas, la Asociación de Constructores de Hogares y la Asociación de Contratistas Generales, entre otras entidades.
Comentó además que en el portal de la Junta de Planificación se creó un espacio “en donde todo aquel experto en construcción que esté licenciado, puede enviar sus sugerencias, de manera que podamos evaluarlas al momento de la consideración del nuevo código”.
Carlo Serna indicó que la ACPR forma parte de la comisión que se creó para diseñar el nuevo código de construcción y aseguró que se buscará aumentar los requisitos para construir y trabajar intensamente el aspecto educativo para manejar mejor el tema del cumplimiento.
El factor geográfico
El experto en geología José Molinelli Freytes entiende que el principal problema de las construcciones en Puerto Rico es geográfico. “Se puede construir lo más correcto posible pero lo hace en una zona inundable y lo pierde todo”, aseveró recientemente en una emisora radial.
“Aquí se construye en zonas de riesgo. Se siguen metiendo millones de pesos en lugares que no son sostenibles y ahí es que está el asunto. Es momento de tener iniciativa pública para resolver problemas dentro de nuestro contexto”, apuntó Molinelli Freytes a la vez que destacó que, a nivel cultural, la industria de la construcción ha perdido el sentido común.
Los profesores José Mollineli y Aurelio Mercado denunciaron que en la Isla se han desarrollado muchas construcciones en zonas de alto riesgo. A la izquierda una urbanización construida a orillas del mar en Hatillo. A la derecha un proyecto de viviendas que se erigió socavando un mogote. (Archivo/Ricardo Alcaraz)
Con él coincidió el profesor y oceanógrafo físico Aurelio Mercado Irizarry. “María lo que hizo fue adelantarnos lo que pasará pronto en nuestras costas y de lo que el gobierno debe tomar especial atención”, dijo el catedrático del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM).
“En mi caso, que son las costas, por más que se le ha venido advirtiendo al Estado sobre no poder construir en las costas, este continúa incentivando esa práctica”, sostuvo.
Villas del Mar Hau en la costa de Isabela luego del huracán María. (Cortesía de la doctora Maritza Barreto)
El experto en diseño de mapas de marejadas ciclónicas y posibles áreas a afectarse, mencionó que se está intentando establecer una franja en la costa para no poder construir en esas zonas.
“Se hace un estudio de erosión y de ahí se establece la distancia entre la estructura y la orilla del mar, tratando de salvaguardar lo que queda porque otro factor del que se hacen de la vista larga es el nivel freático”, mencionó.
El profesor explicó que el nivel freático es el aumento en los niveles de agua subterránea que saturan las profundidades de la tierra. Ante esto instó a enfatizar en la adaptación y mitigación de “lo que viene”, refiriéndose a las alteraciones en el clima debido al calentamiento global.
Según Mercado Irizarry, entre 2010 y 2011 hubo una aceleración en el aumento del nivel del mar, lo que permite proyectar que para el 2050 esos efectos deberán intensificarse dramáticamente.
“Si nos ponemos a pensar en la cercanía del aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín con la costa y tomamos estos datos en consideración, lo que concluimos es que el aeropuerto se va a inundar”, declaró el oceanógrafo, quien instó a tomar en cuenta el cambio climático en los procesos de planificación en Puerto Rico.
Y es que el código actual solo incluye condiciones de resiliencia para estos casos, según Carlo Serna.
“Lo que se plantea para estos casos siempre es el ‘worst-case scenario’. Sin embargo, ahora mismo estamos obligados a tomar en consideración los eventos naturales más recientes y la consideración de expertos en el tema para su implementación”, manifestó.
El gobierno debe actuar
En la línea de iniciativa pública, el ambientalista y planificador Luis Jorge Rivera Herrera argumentó que “la raíz del problema puede ser la impunidad”. Explicó que en ocasiones no se fiscalizan adecuadamente los procesos regulatorios de construcción porque los proponentes de los proyectos están ligados al partido político que ocupa la administración gubernamental.
Residentes de Arecibo alegan que el lugar donde se propone construir la planta incineradora de Energy Answers es una zona altamente inundable y viola leyes de protección ambiental. No obstante, el proyecto ha contado con el visto bueno del gobierno desde el 2010. (Ricardo Alcaraz)
Para Rivera Herrera, llegar a responder al porqué de la polémica entre la construcción formal e informal no debe limitarse solo a la falta de vivienda, sino también considerar las decisiones que se toman para desarrollar proyectos que establezcan espacios urbanos que, a su vez, incentiven la economía.
“Numerosos expertos han venido advirtiendo acerca de la manera en la que se construye en el País. Aquí se viene financiando y construyendo los desastres. María solo se encargó de obligar al gobierno a que una vez y por todas asuma su responsabilidad en este sentido”, dijo. Aseguró que el impacto tan catastrófico de María sobre la construcción puertorriqueña se pudo haber evitado con premeditación y sentido común.
El director de la OGPe coincidió con Rivera Herrera en que parte del problema recae sobre la laxitud en la fiscalización. Este manifestó que los intereses entre manejadores de grandes construcciones pueden ser una gran limitación al momento de reconocer el desarrollo correcto de la obra a construirse.
“La gente lo conoce como la tradición del amigo del amigo y ciertamente esa es una gran limitación. Nos toca [al gobierno] reconocerlo y reorganizarnos de manera que podamos proveerle a los ciudadanos los mecanismos necesarios para que se construya de la manera más segura posible, y así eliminar lo informal de nuestro contexto”, manifestó Carlo Serna, al admitir que las consideraciones del nuevo código y documentos de permisos no se deben limitar a consideraciones técnicas de construcción, sino incluir además la educación, organización y fiscalización que ello envuelve.
Sugirió la organización y diseños de “planos modelos” que estén al alcance de la ciudadanía al momento de planificar la construcción de su vivienda, aun si no cuentan con suficientes recursos económicos para desarrollarla.
“La asesoría de un ingeniero o arquitecto puede comenzar desde los $3,000 o $5,000 en adelante, y sin sumar el costo final de la construcción que depende, estrictamente, del estimado inicial, estamos hablando que al día de hoy, la persona que no cuente con suficientes recursos económicos, va a recurrir directamente a lo informal del asunto: hacerlo a la ligera y sin mucho gasto”, argumentó.
Por otra parte, en una entrevista conferencial Diálogo conversó con seis profesores del Departamento de Ingeniería del RUM y estos cuestionaron no solo la falta de presencia del gobierno, sino la falta de herramientas que brindan a la gente.
El grupo de profesores constituido por Ricardo Ramos, Luis Aponte, Francisco Maldonado, Ricardo López, José Martínez Cruzado y el director del Departamento de Ingeniería, Ismael Pagán, coincidió en que “los códigos son solo requisitos y que son los ingenieros quienes tienen la responsabilidad de cumplir con el sentido de seguridad y en eso debe estar presente el gobierno para fiscalizarlo”.
El profesor Maldonado destacó que esta situación en la que se limita el acceso de la gente a profesionales en construcción, debido a los procesos de permisos más costosos y tediosos, repercute en una industria de construcción e ingeniería más débil, e incluso en su economía.
Maldonado comentó que durante los pasados años se han estado registrando menos de $2,000 millones en inversión por construcción.
La solución a lo informal
¿Habrá espacio para romper con la tradicional polémica entre la construcción formal y la informal?
Al igual que el arquitecto Álvarez-Díaz, su colega Edwin Quiles Rodríguez reconoció que “lo formal no es una garantía de que esté bien hecho”.
Ante ello, Quiles Rodríguez propone que la construcción informal no se vea como un problema sino como una propuesta.
“La autoconstrucción la podemos complementar con asesoría técnica basada en datos científicos con experiencia”, aseguró.
El experto indicó que es necesario que el gobierno reconozca que para lograr la construcción formal “se le deben dar las herramientas a la ciudadanía”, hecho que, actualmente, es cada vez más limitado y complejo.
“Mientras el acceso a la construcción formal se siga estrechando, la gente va a seguir fomentando la autoconstrucción”, añadió.
Quiles Rodríguez le ha propuesto al gobierno la creación de una “oficina técnica que ayude a todas aquellas personas que vayan a hacer una construcción informal para que la construyan lo más segura posible, basado en conocimiento empírico”.
“Esa debe ser la solución ante la pregunta de si habrá o no oportunidad para dar fin a la polémica entre lo informal de lo formal”, sentenció el arquitecto.
