Tras recibir el informe final del Consejo Asesor de Reconstrucción Económica y Fiscal, el gobernador, Luis Fortuño, firmó una Orden Ejecutiva que declara “un estado de emergencia fiscal” en Puerto Rico. Al mismo tiempo, el Primer Ejecutivo anunció la adopción de una serie de medidas que no incluyen el despido de empleados públicos regulares, la reducción de jornada laboral, ni un aumento en el impuesto de ventas y uso (IVU). Algunas de las medidas que se implantarán incluyen el despido de unos 11,000 empleados contratados en período de veda electoral; reducir en 10% los gastos de las agencias de gobierno; congelar las plazas vacantes y nuevas contrataciones; reducir el 10% del presupuesto de la Asamblea Legislativa; declarar una moratoria de créditos contributivos; imponer una sobretasa de 5% a las corporaciones y otra sobretasa de contribuciones sobre ingresos para individuos cuyo ingreso bruto ajustado exceda $100,000, y una moratoria para otorgar los aumentos negociados en los convenios colectivos. También se habló de imponer arbitrios a las comunicaciones celulares; aumentar los arbitrios de la gasolina, los cigarrillos, las bebidas alcohólicas; aumentar el impuesto sobre el petróleo crudo, y retasar propiedades inmuebles. Con la implantación de las medidas, algunas temporeras y otras permanentes, Fortuño expuso que esperan eliminar en un período de cuatro años el déficit de $3,200 millones que enfrenta el presupuesto gubernamental. “En primera instancia, estas medidas irán dirigidas a asegurar la nómina de los empleados públicos y pagar los más de $700 millones en cuentas que el Gobierno le debe a sus suplidores, incluyendo las organizaciones sin fines de lucro que le rinden servicios a los más necesitados. Esta inyección habrá de tener un efecto inmediato en nuestra economía,” dijo Fortuño en conferencia de prensa en La Fortaleza. La orden ejecutiva requiere a las agencias del gobierno congelar los puestos vacantes, prohibir la creación de nuevas plazas, elimina los puestos de confianza, reduce los gastos operaciones en un 10 por ciento, y establece un procedimiento de excepción en caso de que el puesto sea requerido por mandato de ley federal o estatal, por orden de un tribunal o que sea esencial para la salud, seguridad y el bienestar de los ciudadanos. Otras categorías incluyen a los puestos que protejan los ingresos estatales existentes o que generen ingresos estatales adicionales. Asimismo, aquellos que sean necesarios para proveer necesidades básicas a residentes de instituciones o facilidades del estado y que sean necesarios para la administración y gobernabilidad de la agencia en cuestión. La Directora Ejecutiva de la Oficina de Gerencia y Presupuesto puede considerar, según indica la orden, los siguientes puestos como esenciales: los maestros, los policías, los profesionales de la salud y los trabajadores sociales. La orden ejecutiva entra en vigor de inmediato y se mantendrá vigente hasta que sea enmendada o revocada por una orden ejecutiva posterior o por legislación. Entre las medidas permanentes recomendadas para conjurar el déficit, el Gobernador anunció un aumento significativo en la fiscalización de las obligaciones contributivas existentes, tanto sobre ingreso como el IVU, con el fin de reducir la evasión contributiva. En términos de medidas que afectan a los empleados públicos, además de la moratoria a los aumentos de las negociaciones colectivas, se plantea eliminar el pago en efectivo por días de enfermedad y vacaciones del exceso acumulado. Se propone la liquidación mediante el mecanismo de tiempo compensatorio y legislación para eliminar la acumulación y liquidación de licencia por enfermedad en exceso de 90 días y de vacaciones en exceso de 60 días. Al ser cuestionado sobre las negociaciones colectivas, el Gobernador sostuvo que la Ley de Sindicación establece que el jefe de agencia tiene que identificar los fondos con los que se pagarán los aumentos negociados y que, en ese sentido, la pasada administración actuó de forma “irresponsable”. De otra parte, se recomienda también una reducción en la asignación a los partidos políticos y a los municipios. También se destaca la urgencia de reducir el déficit de la Administración de Seguros de Salud. Como medidas financieras, se plantea una reestructuración del servicio de deuda, la venta de los valores depositados en el Fondo de Desarrollo de Infraestructura, la monetización de la Lotería y la asignación de 1% adicional del IVU a COFINA para emitir bonos para refinanciar deuda extraconstitucional. Fortuño también habló de un paquete de estímulo económico criollo que estará delineando con los jefes de las agencias económicas y que discutirá con el liderato legislativo. Se espera que parte de las medidas legislativas se radiquen durante el inicio de la sesión legislativa el 12 de enero. El Gobernador dijo que remitiría el informe a la Junta de Planificación para que lleve a cabo un estudio macroeconómico que evalúe en mayor detalle el impacto de todas las medidas propuestas por el Consejo. De inmediato, el presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER), Ángel Figueroa Jaramillo, anunció un cónclave de líderes sindicales y de la sociedad civil el próximo 12 de enero en el Colegio de Abogados para discutir estas medidas. Mientras, el economista Gustavo Vélez advirtió en entrevista radial (Noti Uno) que muchas de las medidas agravarán la situación recesionaria del país porque van a reducir el dinero disponible en el bolsillo de los ciudadanos. Por su parte, el presidente del opositor Partido Popular Democrático (PPD), Héctor Ferrer, calificó el informe como un “un plan de imposición al desastre de la economía puertorriqueña”. En una conferencia de prensa posterior, Ferrer, junto al secretario general del PPD, Víctor Suárez, y el senador Alejandro García Padilla, expuso que un análisis inicial del informe refleja un impacto al bolsillo del ciudadano puertorriqueño de, al menos, $535 millones. Específicamente, mostraron preocupación por las medidas que imponen mayores arbitrios a la gasolina, el petróleo y la retasación de propiedades inmuebles. Ferrer también cuestionó el recurrir a un préstamo para el pago de la nómina pública cuando en el pasado hubo una firme oposición de los legisladores novoprogresistas a este mecanismo.
http://www.scribd.com/doc/9927547/CAREFInforme-Fiscal-Resumen-Ejecutivo http://www.scribd.com/doc/9927550/CAREF-Informe-Fiscal
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