Cuando el gobernador Ricardo Rosselló anunció en enero de 2018 la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), puso el letrero de venta a una corporación pública que ya había pasado una fallida y costosa fiebre privatizadora durante la administración del exgobernador Luis Fortuño, del mismo Partido Nuevo Progresista.
Tras caminar entre las placas fotovoltaicas de la finca solar AES Ilumina en Guayama, que en 2012 se inauguraba como una de las más grandes del Caribe, Fortuño resumió ante los medios su nueva filosofía de producir energía con sol y viento: “Esta estrategia de diversificación energética tiene como propósito primordial abaratar el costo de la luz en el futuro y proteger nuestro ambiente”.
Ninguno de los objetivos se cumplió.
Sólo 11 de los 60 proyectos contratados bajo la administración de Fortuño llegaron a ponerse en marcha. La mayoría ofrece energía a costos onerosos para la AEE, de entre 18 y 20 centavos el kilovatio por hora (kWh), tomando en cuenta que ese es prácticamente el mismo costo que ofrece la corporación pública a los consumidores en este momento.
Por solo producir un 2% de su energía con fuentes renovables, Puerto Rico se encuentra entre las naciones y territorios de la cuenca del Caribe con más dependencia de combustibles fósiles como el petróleo, carbón y gas natural, según datos del Banco Mundial. Estos combustibles fósiles no sólo contaminan sino que emiten gases de invernadero que aceleran el calentamiento global.
La fiebre privatizadora de Fortuño en realidad tenía una fuerte motivación adicional: consumir, antes que se terminara el plazo para gastar, los $7,000 millones en fondos federales de la Ley de Recuperación y Reinversión, mejor conocidos como fondos ARRA, que en 2009 había destinado el expresidente Barack Obama para gastos como infraestructura.
Fue tanta la presión ejercida desde la oficina del gobernador en el círculo decisional de la AEE para lograr esos proyectos de energía renovable, que el Departamento de Justicia (DJ) la calificó como una intromisión indebida y determinó que se trató de un proceso “viciado”, según un documento de la agencia al que tuvo acceso el Centro de Periodismo Investigativo (CPI). El proceso, sin guías para la contratación y sin un comité negociador, fue tan precipitado que el gobierno aprobó proyectos que excedieron la cantidad de energía que podía recibir la AEE, comprometiéndose a pagar por más de lo que podía utilizar la red eléctrica de Puerto Rico, en “un claro despilfarro de fondos” públicos. El CPI solicitó una reacción, pero Fortuño no estuvo disponible para entrevista sobre el tema.
Ahora, cuando el gobernador Ricardo Rosselló quiere imponer un tope de 20 centavos el kWh, estos proyectos de energía renovable serán protagonistas durante las negociaciones que mantendrá la AEE para bajar las tarifas de las generadoras privadas, dicta el Plan Fiscal sometido por el gobierno a la Junta de Control Fiscal. La mayoría de las 13 empresas que actualmente le venden energía a la utilidad pública son las 11 de sol, viento y gas de vertedero. Las dos compañías adicionales son EcoEléctrica, que produce energía con gas natural en Peñuelas, y la planta de carbón AES Puerto Rico en Guayama.
La orden ejecutiva de Fortuño de 2009 y la Ley 82 de 2010 ordenaban mover al país a las renovables para lidiar con la volatilidad de los precios del petróleo. Pero la planta de paneles solares Windmar Renewable Energy, en Ponce, resultó ser uno de los proyectos que más cara vende la energía a la AEE, cobrando 20 centavos por cada kWh.
Windmar pertenece a Víctor González Barahona, un empresario que ha sabido posicionarse en la industria renovable residencial, comercial y gubernamental. En contratos adicionales a los proyectos de Fortuño, ha colocado placas solares en una decena de instalaciones de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, incluidas las plantas de tratamiento en las islas de Vieques y Culebra.
Windmar vende sistemas fotovoltaicos a residencias en Puerto Rico y el estado de Florida, y además instala paneles solares que alquila la corporación tejana Sunnova, que domina el mercado renovable residencial en la Isla y está siendo cuestionada ante la Comisión de Energía por sobrefacturación y por ofrecer equipos que dejaron de funcionar tras la destrucción causada por el huracán.
Windmar entró en el grupo de las renovables de forma precipitada: “El contrato se hizo sin permisos. Cuando el empresario escuchó al gobernador Fortuño decir que iba a moverse a energías renovables, le lanzó un reto para que lo conectara porque la AEE no quería conectar su proyecto a la red. Fortuño lo aceptó, lo firmó y lo aprobaron el otro día. Es un ejemplo de cómo no se hacen las cosas”, dijo al CPI Juan Alicea, quien renegoció contratos y detuvo proyectos renovables cuando entró a dirigir la AEE en 2013.
González Barahona mantiene otro proyecto en Ponce, Windmar Vista Alegre, que vende a 19 centavos el KWh a la corporación pública. “A mí nadie me ha dicho que quiere bajar el precio”, sostuvo González sobre las dos instalaciones de Windmar que le venden energía a la AEE.
La empresa propuso otros cinco proyectos renovables que se encuentran entre el grupo de los que no llegaron a concretarse, como un parque eólico en el municipio de Guayanilla que no tenía permisos y pretendía construir en una finca con yacimientos arqueológicos. La empresa había intentado desarrollar proyectos a escala utilidad desde 2002, antes de Fortuño, durante la administración de la exgobernadora Sila M. Calderón.
Uno de los errores de Fortuño
Ya la AEE estaba en medio de una crisis fiscal y no tenía dinero para desarrollar nueva infraestructura cuando buscó inversionistas privados con los que firmar los contratos de compra de energía, mejor conocidos como Power Purchase and Operating Agreement o PPOA’s. El costo de la energía que estaba vendiendo la AEE se había disparado hasta los 30 centavos el kWh. Ante los altos costos del petróleo, los proyectos de Fortuño ofrecían tarifas que parecían competitivas en 2012. Pero ya en 2016, quedó demostrado que no eran viables: como el costo del petróleo bajó, la AEE podía vender electricidad a 17 centavos el KWH, más barato que proyectos como Windmar.
Nueve de las 11 plantas de fuentes renovables tienen un escalador de la tarifa, que implica que va a subir anualmente entre 1% y 2%, y tienen contratos a 20 años, lo que asegura que el precio vaya en aumento e invalida la alegada expectativa de bajar los precios.
Además, nueve de los 11 contratos incluyeron unos 3 centavos en créditos de energía renovable llamados REC’s (Renewable Energy Certificates), que se añaden al costo de cada kWh. Estos créditos los puede vender una empresa que genere energía limpia a otra empresa o utilidad que, por producir energía sucia, necesite aumentar su puntuación en el cumplimiento ambiental.
Por lo general, la industria crea un mercado y autoregula sus precios, explicó Efraín O’Neill, investigador de sistemas de energía en el Recinto Universitario de Mayagüez, pero en el caso de los proyectos de Fortuño, la AEE fijó el precio. “La AEE no tenía que meterse en eso de poner precios, traicionó su deber de fiducia al país, porque los REC’s lo tiene que luchar el desarrollador en ese mercado, no dárselos automáticamente”.
Los costos mundiales del kilovatio hora para los proyectos solares, que fluctuaban en 2012 entre 20 y 37 centavos el kWh, bajaron dramáticamente hasta oscilar entre 1 y 3 centavos, lo que demuestra el cambio importante en la industria hacia la reducción de costos y que los precios de los proyectos de Fortuño hoy son obsoletos, según los informes del Renewable Energy Policy Network, una organización que agrupa el sector empresarial, gubernamental y sin fines de lucro, con sede en París. Los proyectos de energía eólica fluctuaban entre cinco y 17 centavos, mientras que hoy promedian diez centavos a nivel mundial, según el informe. Pattern Energy, la empresa de molinos de vientos en el municipio de Santa Isabel, hoy factura 16 centavos el kWh a la AEE.
“Uno de los errores mayores de Fortuño fueron esos proyectos renovables”, dijo al CPI Francisco Rullán, director ejecutivo de la Oficina Estatal de Política Pública Energética (Oeppe), entidad que asesora al Ejecutivo sobre el tema. “Si el issue fue el precio de la energía en Puerto Rico, ¿por qué entonces el precio no se bajó? El precio de referencia que dieron las renovables era exagerado. Tenemos que aprender de esos errores para que no se vuelvan a cometer”, añadió Rullán.
La solicitud de entrevista a Fortuño, que no contestó al CPI, se hizo a través de su oficial de prensa, Michelle Cuevas. El exgobernador y abogado trabaja en el bufete multinacional Steptoe & Johnson, desde donde ha cabildeado e intervenido en proyectos de energía que comenzaron durante su administración, como el plan para llevar gas natural a la Central Aguirre en Salinas, y la incineradora Energy Answers en Arecibo.
El gobierno no solicitará la cancelación de ninguno de los 11 proyectos renovables que ya están en funcionamiento, sino que buscará que bajen las tarifas por considerarlas muy altas, dijo Rullán al CPI. “Obviamente siempre tenemos la buena fe de que se pueda hacer sin llegar a un litigio. Se va a renegociar pero sin desalentar otros proyectos de energía renovable”, explicó Rullán. “Simplemente crear la conciencia de que debe haber la inversión privada, o mucha más inversión privada en energía renovable, desde utility scale hasta la distribución de energía en las casas, pero no a un precio exorbitante a costa del bolsillo del puertorriqueño, que es el que va a pagar esto”.
Obed Santos, gerente de AES Illumina, dijo que esta no va a renegociar una mejor tarifa. “No tengo una solución al problema. Porque hay un contrato que se estaría violentando”, sostuvo. “Ya aquí hay una inversión establecida, un modelo financiero con ese precio de venta. Cambiar ese precio le haría mucho mal al modelo económico de este proyecto”, añadió Santos, quien asegura que la planta solar costó $100 millones a AES.
Esa empresa fue una de las primeras que firmó un contrato de los de Fortuño, y construyó sus instalaciones en 138 cuerdas aledañas a su empresa hermana, AES Puerto Rico, la que produce energía con carbón y ha depositado cenizas por más de una década en el país. También, ha sido multada por el gobierno federal en una ocasión por contaminar áreas de humedales. El proyecto fotovoltaico cobra unos 20 centavos a la AEE por kWh, y en la tarifa están incluidos unos 3.5 centavos como pago de los créditos de energía renovable.
“La ventaja de esta energía es que puedo predecir el precio en los próximos 20 años, a diferencia del petróleo, que puede volver a dispararse. Estamos conscientes de que hoy, hacer esta misma planta se puede hacer a un mejor precio, pero esta en específico ya tiene una deuda, porque se hizo con los precios de 2011, cuando los paneles solares costaban tres veces más que lo que cuestan hoy”, sostuvo Santos.
En términos similares se expresó González Barahona, ejecutivo de Windmar: “Dadas las condiciones actuales de los costos de los equipos renovables, dependiendo de los requisitos que nos ponga el gobierno, se puede dar un mejor precio”, dijo refiriéndose a los cinco proyectos que tiene en el tintero. “Los precios se dan según en el contexto del momento. En el 2018, los precios de la energía renovable son muy pero que muy diferentes”.
Dos proyectos firmados bajo Fortuño ofrecen las tarifas más competitivas: los de la empresa Landfill Gas Technologies en Fajardo y Toa Baja. Venden la energía a 10 centavos el kWh. Son los únicos de los proyectos de Fortuño construidos que no tienen escaladores anuales ni el pago de créditos por energía renovable. Pero estas plantas generan energía usando el gas que emiten vertederos. Necesitan que les llegue basura para funcionar, lo que no es ideal, según el doctor Cecilio Ortiz, del lnstituto Nacional de Energía y Sostenibilidad Isleña, un grupo de académicos de la Universidad de Puerto Rico que investiga para resolver problemas energéticos del país. “Para mantener el funcionamiento de estas plantas de basura necesitas una cultura de desperdicio”, sostuvo.
El objetivo principal de las renovables a nivel mundial no es bajar costos sino producir energía limpia. Y una tarea pendiente de Puerto Rico es usarlas para cumplir con los estándares de emisiones de mercurio y tóxicos de aire, conocidos como MATS, que implanta la Agencia de Protección Ambiental federal.
La Ley 82 manda a Puerto Rico a generar un 12% de su energía con fuentes renovables entre 2015 y 2019. Metas que, a las puertas del año límite, no están ni en el horizonte. Países como Costa Rica se energizan en su totalidad con fuentes renovables, principalmente por las hidroeléctricas, que aprovechan la energía de los ríos.
La AEE no cuenta la producción de las hidroeléctricas que ya estaban en funcionamiento en el 2% de energía renovable, porque la Ley 82 de 2010 buscaba que el gobierno enfocara en nuevas plantas. No obstante, Puerto Rico tiene 21 unidades de estas en 11 puntos de la isla, pero la producción es menos de un 1% de toda la energía producida en el país, según la Comisión de Energía. A mediados del siglo pasado, las hidroeléctricas generaban casi la mitad de toda la energía que usaba la Isla, pero el gobierno las fue dejando en el abandono mientras daba prominencia al petróleo, confirmó José Maeso, exdirector ejecutivo de Oeppe.
“Ausencia de buena fe de los contratistas”
El comienzo de la generación con proyectos renovables privados, los 11 en marcha y los 49 que no se construyeron, está marcados por un proceso ilegítimo: la AEE no abrió una competencia por medio de solicitud de propuestas para asegurarse de que iba a recibir las mejores ofertas. La oficina del gobernador, sin pericia para seleccionar los proyectos, negoció contratos para luego referirlos a la AEE. La administración de Fortuño violó así la autonomía de la corporación pública, según el escrito “confidencial y privilegiado” del exsecretario de Justicia Luis Sánchez Betances, al que tuvo acceso el CPI. El abogado fue nombrado por el exgobernador Alejandro García Padilla, del Partido Popular Democrático, opositor al de Fortuño.
Los funcionarios de la oficina del gobernador mostraron “desconocimiento y poco dominio de la materia de los contratos, que los llevó a aceptar términos onerosos”, mientras que “la ausencia de buena fe por parte de las empresas se hace evidente al tomar ventaja de la situación”, según el documento del DJ revisado por el CPI.
En el mismo documento, el DJ le dijo a Juan Alicea, director ejecutivo de la AEE, que tenía base legal para anular los contratos, porque la corporación pública se vio obligada a aceptar términos negociados por la oficina del gobernador, y por “ausencia de buena fe de los contratistas”, que no cotizaron en base a precios justos y razonables del mercado.
El bufete de abogados Corretjer LLC le entregó a los directores ejecutivos de la AEE dos opiniones legales en 2013 y 2016, señalando que la administración Fortuño declaró una emergencia energética sin que existiera una necesidad real de estos proyectos, pues la AEE estaba generando en exceso de la demanda de energía del país. Le sugirió a la corporación pública una solución intermedia ante los contratos leoninos: cancelar los que estaban en incumplimiento por no haberse puesto en marcha en las fechas establecidas y mantener o renegociar otros que ya estuvieran adelantados. De ahí que la AEE se quedó con los 11 proyectos.
Los 49 proyectos renovables de la administración Fortuño que no se construyeron quedaron en un limbo de intentos de renegociaciones y pulseo con la corporación pública. Las administraciones subsiguientes de García Padilla y Rosselló han frenado a ese grupo de empresas principalmente porque no habían logrado conseguir permisos y el sistema de transmisión y distribución no está preparado para recibir toda la energía que podrían generar si se construyeran.
Hoy, la empresa Blue Beetle está demandando a la corporación pública por $110 millones de dólares, alegando que el PPOA que le ofreció la AEE para generar 20 megavatios en Barceloneta estaba inducido por intención “fraudulenta” y “mala fe”. La empresa sostiene que la AEE alegaba tener flujo de efectivo para mantener una buena puntuación ante las casas acreditadoras, solo para irse a la bancarrota. Reclama además que la AEE le ha causado daños con los inversionistas de la iniciativa solar al haber cancelado el proyecto que, supuestamente, iba a bajar los costos de energía de la corporación pública. No obstante, Blue Beetle ofrecía a la AEE energía que, con el escalador anual de 2%, iba a llegar a 16 centavos el kWh al cabo de los 25 años del contrato. La tarifa incluye los créditos de energía renovable que les paga automáticamente el gobierno por su producción de energía verde.
De entre los que no se llegaron a construir, el gobierno de Rosselló está en proceso de negociación con al menos 18 proyectos. “La negociación no va a ser igual a la que tenían anteriormente. 19 chavos el kilovatio hora no es negocio”, insistió Rullán. Sostiene que, según los precios actuales del mercado, uno aceptable es de 10 centavos el kWh.
La Junta de Control Fiscal (JCF), impuesta por el Congreso y nombrada por el gobierno federal para decidir por vía rápida sobre lo que considera proyectos críticos para el desarrollo de infraestructura, abrió un proceso de comentarios públicos de 11 propuestas de infraestructura. Entre estas estaban cinco de los proyectos contratados por la administración de Fortuño que no habían prosperado. Se trata de las fincas solares Blue Beetle, en Barceloneta, la misma que ahora está demandando a la AEE; Vega Serena y M Solar, ambas en Vega Baja; y Solaner Puerto Rico One, en Cabo Rojo. Además se encuentra el Arecibo Resource Recovery Facility, más conocido como el polémico proyecto de Energy Answers, que la AEE clasificó como renovable bajo la administración de Fortuño, a pesar de ser un incinerador de basura.
Finalmente, Energy Answers se retiró de la lista de proyectos críticos, después que el gobernador Rosselló dijera que no la apoyaba, aunque la JCF deja la puerta abierta para que la compañía vuelva a proponer el incinerador en el futuro, según la información en su página electrónica. Energy Answers proponía cobrar 14 centavos el kWh, incluido el pago de los REC’s, por medio de un contrato a 30 años, sostuvo la empresa en una comunicación escrita enviada al CPI.
El desespero por gastar fondos ARRA llevó a la firma de contratos fallidos
El Departamento de Justicia investigó la alegada intromisión indebida de parte de la oficina del gobernador en los proyectos renovables. Fue un proceso irregular en el que la mayoría de los contratos se firmaron a quemarropa en los últimos días de la administración de Fortuño, principalmente en diciembre de 2012, cuando el gobernador había perdido la reelección. Pero la fiscalía no logró probar que había corrupción en el corazón del proceso.
El ingeniero José Pérez Canabal, responsable de promover más de la mitad de los contratos durante su incumbencia como vicepresidente de la Junta de Gobierno de la AEE entre mayo de 2011 y junio de 2012, fue acusado en dos casos criminales separados por alegados conflictos de interés y por supuestamente cometer fraude para favorecer a la empresa Tropical Solar Farm, pero salió airoso porque las acusaciones no prosperaron.
La movida privatizadora de entonces estuvo influida por factores que no eran exclusivamente un proceso de planificación para mover el país al siguiente nivel en su desarrollo energético. Pérez Canabal alegó, en una entrevista con el CPI, que la administración de Fortuño quería aprovechar el dinero federal de los llamados fondos ARRA, para lo que tenían hasta diciembre de 2011. “Estábamos contra el reloj”, sostuvo. Eso convirtió el proceso en uno “fast track” o vía rápida. El gobierno trataba además, según el ingeniero, de cumplir con la meta del 12% de energía renovable.
“A raíz de esto se hace un grito al mundo”, dijo Pérez Canabal, refiriéndose a la búsqueda de empresas de dentro y fuera de Puerto Rico para que se apuntaran en la filosofía energética de Fortuño. La Junta de Gobierno de la corporación pública impuso tres requisitos a las compañías interesadas: ser dueño o tener control sobre terrenos donde iban a instalar los proyectos, tener capacidad financiera y que la infraestructura propuesta estuviera cerca de un punto de conexión con la AEE.
Fue entonces cuando la fiebre de los proyectos privados chocó con el cambio de gobierno, en el cual la administración de Juan Alicea en la AEE alegaba que el sistema no estaba preparado para recibir todos los 1,560 megavatios que las renovables iban a generar. La corporación pública se vale de un estudio del conglomerado industrial alemán Siemens, entregado a la AEE en febrero de 2014, que sostiene que la corporación pública solo podía recibir 800 megavatios.
Y con la fiebre de proyectos, llegaron los altos costos. “Hoy hemos visto que bajó el precio del petróleo pero cuando estaba a 112 pesos el barril y el costo de la AEE era de 28 centavos el kilovatio hora, lo que ofrecían las renovables era una maravilla. Si evalúas los proyectos con parámetros de hoy llegas a otra conclusión, pero cuando le ves los huevos al perro sabes que es macho, esos precios son los que veías en ese momento, era el precio de renovable a nivel mundial”, sostiene Pérez Canabal.
Juan Rosario, quien era representante del interés público en la junta de la AEE entre junio de 2012 y junio de 2015, afirma que el mismo contrato que se firmó en 2012 se puede conseguir ahora en un 50% más económico, porque cambió la tecnología. “Los proyectos de Fortuño son un tumbe. En vez de servir al desarrollo de energías renovables, lo que hacen es bloquearla cuando estás amarrado a esos precios, mientras en el mundo se está vendiendo a 2.8 centavos el kilovatio hora. Y estas empresas dicen que paguemos diez veces más porque la AEE firmó un contrato malo. Las tecnologías de renovables están cambiando tan rápido que plantearse coger los 60 contratos a ese precio fue una locura”.
