La crisis económica y la amenaza de que los bonos de Puerto Rico pueden ser degradados ante lo excesivo de la deuda pública, pero la administración que dirige Luis Fortuño no parece amilanarse y le otorgó una enmienda al contrato del ex juez del Tribunal Supremo y presidente de la Asociación de Abogados de Puerto Rico, Efraín Rivera Pérez, aumentándole la friolera de unos $33,000 en cada uno de los meses de abril, mayo y junio.
Así lo evidencia el registro de contratos de la Oficina de la Contralora, Yazmín Valdivieso, con el documento contractual número 2011-000029 cuya efectividad es del pasado ocho de octubre del 2010, por la cantidad de $200,000 y vigente hasta el próximo 30 de junio.
La enmienda A, efectiva desde el pasado primero de abril, establece que el contrato aumentó en $100,000 para los próximos tres meses.
El contrato se paga con la cuenta 111-016-0001-00-2011, de la Oficina de Gerencia y Presupuesto del gobierno.
Rivera Pérez es quizá el contratista individual mejor pagado en la administración Fortuño. A su nombre, sólo ese contrato le produjo unos $25,000 en los primeros ocho meses y sobre $58,000 en los últimos tres.
Rivera Pérez, un activista del partido de gobierno, el Nuevo Progresista (PNP) y ex secretario del Departamento de Justicia bajo la administración Rosselló, renunció el pasado mes de julio a su silla del Tribunal Supremo para integrarse casi de inmediato a la práctica privada en un pleito que se encuentra en su etapa apelativa y que involucra usura por parte del inversionista y prestamista del área sur del país, Roberto Hatton Gotay.
El pasado 24 de septiembre el gobernador Fortuño nombró a Rivera Pérez como monitor especial de la Policía, alegando que “vamos a reformar la Policía de la A a la Z”, en un acción que le valió una resolución de investigación presentada por el representante, Luis Raúl Torres, alegando que “como monitor especial independiente encargado de examinar los adiestramientos de los agentes y los procedimientos y protocolos seguidos en la Uniformada, ha dado la impresión de un posible choque de poder y jurisdicción entre las facultades y directrices otorgadas a esta persona con las del Superintendente de la Policía”.
Rivera Pérez se alega que es uno de los que viaja frecuentemente a la Capital de Estados Unidos, Washington DC, a negociar con la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Justicia allí, la posible puesta en sindicatura de la Policía de Puerto Rico, ante actos relacionados con la violación de derechos civiles que se vienen descubriendo como un patrón desde por lo menos los pasados diez años.
Las acciones de derechos civiles que investiga el bien pagado, Rivera Pérez, incluyen agresiones en el contexto de la huelga de la Universidad de Puerto Rico entre el 2009 y el 2010; los actos alrededor de las protestas en el Hotel Sheraton y en el Capitolio en junio del 2010.
El monitor policiaco es el presidente de la recién creada Asociación de Abogados de Puerto Rico, una agrupación de abogados estadistas que tiene una membrecía de poco más de 200 letrados que pretende desbancar al Colegio de Abogados.
La centenaria institución recientemente pudo disminuir el impacto de una sentencia que amenaza sus arcas, con la intervención de unos 9,000 abogados que se mantienen activos a pesar de que la actual administración eliminó la colegiación compulsoria.
*Lea el artículo original en Pesquisa Boricua
