El gobernador Alejandro García Padilla planteó la necesidad de que el gobierno federal le otorgue a Puerto Rico nuevas herramientas de desarrollo económico y que no reduzca sus billonarias aportaciones a la isla como parte de los esfuerzos para revitalizar las maltrechas finanzas del país.
En su presentación ante la junta de control fiscal (JCF), García Padilla igualmente instó a los miembros del impuesto organismo federal a descartar impulsar las políticas de austeridad que, a su juicio, fueron protagonistas en el proceso de empujar a Puerto Rico al abismo fiscal en que se encuentra.
En lo que fue la segunda reunión oficial de la JCF, el gobernador entregó el Plan Fiscal del Estado Libre Asociado, un documento de 99 páginas en el que delinea el rumbo que debe tomar la isla para encarar la crisis que representa la deuda de alrededor de $70,000 millones y encaminar el crecimiento económico a corto y largo plazo.
Enfatizando que la deuda bajo las condiciones actuales es impagable, García Padilla criticó las administraciones anteriores a su mandato, indicando que entre 2006 y 2012, Puerto Rico incurrió en una cantidad de deuda equivalente al total de los 65 años previos. Asimismo, defendió las acciones de su administración, señalando que se le ha proporcionado al aparato gubernamental la disciplina fiscal que necesita para funcionar eficientemente pero distanciándose al mismo tiempo de las medidas de austeridad de gobiernos previos.
El primer ejecutivo exigió medidas que le permitan a Puerto Rico ser competitivo en los mercados internacionales, apuntando específicamente a la propuesta enmienda a la sección 245 del Código de Rentas Internas que le brindaría a las empresas foráneas beneficios contributivos federales similares a los que otorgaba la sección 936 que quedó eliminada a partir de 2006.
“Tenemos que poner de nuestra parte para hacer de Puerto Rico un lugar competitivo para la inversión privada y [la creación de] empleos. Hay que reformar las leyes locales para fomentar un ambiente amigable a los negocios y utilizar las alianzas público-privadas en áreas como la infraestructura energética y la administración de servicios”, indicó García Padilla en su ponencia de once páginas.
En cuanto a los riesgos que representa la pérdida de fondos federales, el gobernador argumentó que la proyección a diez años sitúa al país con un déficit de $34,000 millones, pero en caso de que se retiren partidas como el Obamacare, tal como está previsto al presente, podría alcanzar hasta $59,000 millones.
A preguntas de los miembros de la junta, tanto García Padilla como el secretario de Hacienda, Juan Zaragoza, y el director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, Luis Cruz Batista, defendieron los esfuerzos que se han realizado bajo esta administración para dotar de mayor eficiencia los procesos de captación de impuestos, así como de recolección de los datos necesarios para preparar los estados financieros que requerirá constantemente la JCF.
Sobre el tema de los recortes que se han implementado, Cruz Batista apuntó a la congelación de plazas en el sector público, que permitieron que entre los años fiscales 2012 a 2014 el gasto público descendiera de cerca de $13,000 a unos $11,000 millones.
Por su parte, García Padilla expresó que, históricamente, la administración de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) ha sido “un ejemplo de cómo no manejar” una corporación pública, en gran medida debido a los niveles de politización interna que la han caracterizado.
“La AEE ha sido la gallinita de los huevos de oro” para el gobierno, afirmó el mandatario.
El presidente de la JCF, José Carrión III, le cuestionó a García Padilla por qué el único acuerdo de reestructuración de deuda previo a la implementación de la Ley Promesa fue el que se alcanzó con los acreedores de la AEE.
El gobernador le achacó esa realidad a la intransigencia de los bonistas. “Yo mismo me senté con ellos y no los pude convencer” de que negociaran, manifestó, al tiempo que admitía que una de las razones por las que en última instancia apoyó el proyecto congresional fue la oportunidad que proveería de negociar con la mayoría de los acreedores.
Por último, García Padilla justificó la decisión de no emitir más deuda pública en los últimos meses debido a los altos niveles de intereses que se ofrecían en el mercado a pesar de lo que llamó el “costo político” de esa determinación y que le costó la oportunidad de aspirar a la reelección.
