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El gobernador Pedro Pierluisi firmó hoy miércoles el Proyecto de la Cámara 120 (PC 120), convirtiéndolo en ley, reafirmando su política pública de cero recortes a las pensiones en el gobierno y de “proveer un retiro digno y seguro a todos los servidores públicos de Puerto Rico”.
“Los pensionados públicos dedicaron años de su vida al servicio de nuestro pueblo y fueron el motor del desarrollo de nuestra sociedad moderna. Sin embargo, debido a irresponsabilidad administrativa y gerencial que se extendió por décadas, los sistemas de retiro fueron afectándose. El gobierno de Puerto Rico reformó totalmente su principal sistema de pensiones en el 2013 afectando significativamente los beneficios de nuestros pensionados. No existe justificación fiscal o legal para los recortes adicionales propuestos por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) dado que ya los pensionados, como acreedores del gobierno, recibieron ese ajuste”, sostuvo.
Añadió que, “por otro lado el recorte es injusto porque afecta las finanzas de miles de exservidores públicos que sufrirían otro golpe a sus pensiones, todo por un capricho legal de la Junta. El Proyecto de la Cámara 120 persigue el fin de enviar un mensaje a la Junta de que el Gobierno de Puerto Rico luchará por no dar paso a un recorte a las pensiones, con lo que estoy de acuerdo, y por eso hoy he estampado mi firma y convertido en Ley esta medida”.
El gobernador advierte de las consecuencias legales que podría acarrear la firma de la Ley debido a que la medida en cuestión es inconsistente con el Plan Fiscal y viola la Ley PROMESA. “En cumplimiento con mi juramento como gobernador de Puerto Rico de mantener y defender la Constitución y las leyes de Estados Unidos y Puerto Rico, y a tenor con la Sección 204(a) de PROMESA, el Gobierno de Puerto Rico le notificará a la JSF que el PC120 es significativamente inconsistente con el Plan Fiscal certificado. No obstante, como he dicho, mi compromiso es honrar todas las pensiones del gobierno de Puerto Rico y buscar todas las maneras de lograrlo. Por consiguiente, firmo el PC 120 en ánimo de que la Junta recapacite en su insistencia en recortes a las pensiones, los cuales son innecesarios, tanto legal como fiscalmente”, expresó el primer ejecutivo.
Veto al Proyecto 450
De otra parte, el gobernador emitió un veto expreso al Proyecto del Senado 450 (PS 450) debido a que presenta un “menoscabo de obligaciones contractuales y al derecho de los trabajadores, afecta el derecho a la libertad de asociación y a la negociación colectiva, viola normas federales y es inconsistente significativamente con los planes fiscales certificados en violación a la Ley PROMESA”.
“Específicamente, el PS 450 es inconstitucional, pues interfiere, añade obligaciones y menoscaba directamente las obligaciones contractuales entre LUMA, la AEE, la APP y sus empleados, sin justificación racional o necesidad alguna. A su vez, el PS 450 padece de vicios constitucionales al interferir con los derechos constitucionales de libertad de asociación y de organizarse y negociar colectivamente de los trabajadores que aceptaron una oferta de empleo de LUMA. Además, dicha medida tiene el efecto de afectar a unos empleados de un patrono privado al sindicalizarlos bajo una unión en particular sin tener el derecho democrático de escoger su representante sindical particular. De otro lado, la medida representa un ejercicio inválido bajo el alcance de la jurisdicción de Puerto Rico, ya que está reñida irremediablemente con legislación federal que regula y ocupa el campo de las relaciones obrero-patronales en el sector privado”, explicó el gobernador.
Pierluisi reiteró su compromiso con los trabajadores. “Esta Administración tiene un firme compromiso de salvaguardar, reconocer, defender y respetar los derechos de todos los trabajadores. No obstante, por los fundamentos antes expuestos, le imparto un veto expreso a la medida al concluir que el PS 450 enfrenta múltiples problemas legales y constitucionales que impiden su aprobación”.
Finalmente, el gobernador también estampó su firma en el Proyecto de la Cámara 524 y en la Resolución Conjunta de la Cámara 71. El primero es para prohibir que se considere una violación a las condiciones de libertad a prueba o para conceder los beneficios de una probatoria, el uso de cannabis medicinal, mientras que la segunda es para reasignar al municipio de Hormigueros $431,829 para obras y mejoras permanentes.
