El gobernador Ricardo Rosselló Nevares designó al profesor Walter Alomar Jiménez y a la licenciada Zoraida Buxó Santiago como miembros de la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico (UPR), nombramientos que ahora pasarán ante la consideración del Senado para su confirmación.
Alomar Jiménez se ha desempeñado como profesor en el área de patentes en la Escuela de Derecho de la UPR y además ejerce la abogacía en la práctica privada. Mientras, Buxó Santiago fue secretaria del Departamento de Corrección y Rehabilitación y mantiene su práctica como abogada.
“Tal y como fue nuestro compromiso, realizo estas designaciones luego de una evaluación profunda sobre las cualificaciones de los nominados para llenar dos de las vacantes disponibles en la Junta de Gobierno de la UPR. No tengo duda que con su experiencia y sensibilidad ambos designados guiarán por el mejor camino a la Universidad”, sostuvo Rosselló Nevares en un comunicado de prensa.
Al momento de efectuar las designaciones a la Junta de Gobierno de la UPR, el primer ejecutivo manifestó que “para que se produzca una apertura de la Universidad, la propia comunidad universitaria debe evidenciar que tiene la voluntad de regresar al trabajo; el deseo de reanudar las labores académicas y el regreso a la normalidad en los recintos”.
De no ser así, según Rosselló Nevares, podrían suceder “situaciones de violencia frente a los portones que deben evitarse”.
“Exhorto a toda la comunidad universitaria, tanto a los administradores, el estudiantado, el claustro y los empleados no docentes a buscar un diálogo real, no ficticio, manteniendo el orden y el respeto. Nuestra administración se reitera en el respeto a la autonomía universitaria y en el cumplimiento de la ley. Confiamos en que la comunidad universitaria podrá dar cátedra y demostrar que precisamente desde la academia el diálogo es posible y genera resultados. Es el mejor ejemplo que se le puede dar a Puerto Rico”, puntualizó Rosselló Nevares.
Varias unidades del sistema UPR están en huelga desde el 6 de abril. La paralización responde al rechazo a un recorte al presupuesto de la UPR, exigir la auditoría de la deuda, entre otros reclamos.
