Gobierno de Puerto Rico recicla propuestas en los planes fiscales

¿Cuántas veces se puede decir la palabra “plan” en 30 segundos? Por lo menos ocho.

“Yo sé que ‘el plan’ se ha utilizado de broma en algunos renglones. [risas del público] Y aparentemente repito mucho la palabra “plan”. [risas] Pero les quiero hablar de la importancia entonces de tener ese plan… Plan, plan, plan, plan, plan”, soltó hace poco más de un año el gobernador Ricardo Rosselló Nevares, riéndose de sí mismo, ante un salón abarrotado de empresarios como parte del evento llamado “Caucus con el Gobierno”.

Aquel 9 de febrero de 2017 el recién estrenado gobernador habló sobre algunas de las medidas de control y crecimiento económico que había proclamado en tan solo un mes en La Fortaleza. Todas formarían parte de lo que su administración presentaría 12 días después en su primer plan fiscal —un “plan” que “cambiaría el rumbo que llevaba Puerto Rico”, a tono con la Ley Promesa (“Puerto Rico Oversight, Management & Economic Stability Act”).

La reiteración de Rosselló Nevares coincide con la cantidad de “planes” fiscales y de crecimiento económico que ha visto Puerto Rico en los pasados dos años y medio: por lo menos ocho versiones, bajo dos administraciones de partidos distintos. En o antes del 30 de marzo, la Isla podría estar viendo una novena versión cuando se cumpla el nuevo término que impuso la Junta de Control Fiscal (JCF) para certificar nuevamente un plan fiscal para el gobierno central.

Las similitudes entre todos los planes abundan. Más de la mitad de las propuestas del plan fiscal más reciente se repiten desde los primeros planes del exgobernador Alejandro García Padilla, según un análisis realizado por el Centro de Periodismo Investigativo (CPI).

Los planes que han llegado al pleno de la JCF han sido rechazados por el ente creado por el gobierno federal, con excepción del entregado el 13 de marzo de 2017 por Rosselló Nevares y que fue certificado con enmiendas de la JCF.

De entrada, todos los documentos advierten que el gobierno y sus instrumentalidades, agencias, oficiales, directores, empleados, agentes, abogados, consultores, miembros, colaboradores y afiliados, no se hacen responsables por la información en los planes. Y no es para menos. Los estimados, supuestos y proyecciones cambian como la reina mora, que a veces cantan y a veces lloran.

Lo que es una constante es el tipo de medida que proponen para salir del atolladero fiscal. Todos enfatizan en que no se trata de austeridad, sino que más bien son un ejercicio de balance para retornar a desarrollo económico mientras se pone la casa fiscal en orden.

La receta siempre incluye recortes al gasto gubernamental, incluyendo nómina, servicios, pensiones y salud. Enfatizan el uso de alianzas público privadas y proponen reformas laborales a favor del patrono como la clave para levantar la anémica tasa de participación laboral y facilitar el hacer negocios en la Isla. También aseguran que Puerto Rico es incapaz de cumplir con el pago de su deuda en el futuro inmediato, según pactada, aunque han variado en la disponibilidad de fondos para el repago. En el caso de las corporaciones públicas como la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y la Autoridad de Carreteras, todos trazan una ruta hacia la privatización de gran parte de los servicios y activos que manejan, en ocasiones con aumentos en lo que cobran a sus clientes, para atender su deficiencia fiscal inmediata.

El documento llamado “Puerto Rico: A Way Forward”, alías el Informe Krueger, un estudio sobre las finanzas y economía de la Isla realizado en el verano de 2015 por los economistas del Fondo Monetario Internacional (FMI) Anne Krueger, Ranjit Teja y Andrew Wolfe, sirvió de guía para todos los planes fiscales y económicos que se han elaborado. El informe anticipaba: “La situación es crítica en medio de actividad económica, sostenibilidad fiscal y de deuda y política pública tambaleantes. Un programa abarcador que ataje las tres tiene mejor oportunidad de éxito que una estrategia parcial, al igual que la ventaja de poder compartir los costos y beneficios de las reformas entre el gobierno, empleados, negocios y acreedores”.

García Padilla: la ruta del Informe Krueger, tres planes y una junta

A partir del famoso Informe Krueger la administración de Alejandro García Padilla develó en septiembre de 2015, el “Plan de Crecimiento Económico y Fiscal”, o PCEF. En ese momento aún no había sido aprobada la Ley Federal Promesa que exige la entrega de un plan fiscal con requerimientos específicos, pero el gobierno se preparaba para sostener su argumento de que la deuda pública era impagable.

Muchas de las caras de quienes actualmente trabajan con los planes fiscales y económicos del gobierno son las mismas del pasado. La firma de consultoría DevTech y su presidente Rafael Romeu, junto a otros asesores financieros del gobierno y el Tesoro federal, formaron parte del equipo de consultores financieros de García Padilla. Romeu, quien estuvo en el pasado en el FMI y las juntas del Banco Central de Venezuela y la Reserva Federal, es ahora el principal economista contratado por la administración Rosselló Nevares. Wolfe, uno de los autores del Informe Krueger contratado por García Padilla, ejerce la misma función ahora para la Junta de Control Fiscal.

Los mismo ocurre con Conway MacKenzie —encargada desde enero de 2015 de analizar y proyectar cuánto dinero tendrá la chequera del gobierno— y otros consultores del patio, como V2A, que están desde los tiempos de García Padilla.

El PCEF, que abarcaba un periodo de cinco años, concluía que Puerto Rico acumularía un déficit de hasta $27,800 millones a falta de “medidas de desarrollo económico y reforma estructural, fiscal e institucional”. También advertía que la deuda pública era “impagable” y que el gobierno corría el riesgo inminente de quedarse sin dinero. El PCEF propuso la creación de una “junta de control”, entidad que fue creada en papel a nivel local bajo la Ley 208 de 2015, pero cuyos miembros nunca se nombraron. El plan también enfatizó sobre la necesidad de cambios en el trato que recibe Puerto Rico por parte del gobierno federal, particularmente en Medicaid y la esfera contributiva.

Algunas de las iniciativas del PCEF incluían: reducir los subsidios que otorga el gobierno a los municipios y la Universidad de Puerto Rico; recortar gastos operacionales; reformas laborales a favor del patrono; consolidar escuelas; reducir el costo del plan de salud público; reducir significativamente el número de agencias; reformas contributivas a individuos y corporaciones; centralizar el otorgamiento de permisos; facilitar hacer negocios; crear un crédito contributivo por ingreso del trabajo o “EITC” en inglés; mejorar la fiscalización en el cobro de impuestos; modernizar la infraestructura tecnológica y energética; y “estabilizar” el costo de la energía en la Isla. Todas estas medidas también forman parte del plan fiscal más reciente de la administración Rosselló Nevares.

El PCEF fue enmendado en dos ocasiones: en enero de 2016 y en octubre de ese año. Su última revisión corresponde al primer y único “plan fiscal” que la administración García Padilla entregó a la JCF, que había entrado en funciones poco más de un mes antes. El plan fiscal de García Padilla fue rechazado por el organismo que pidió cambios tales como eliminar la premisa de que llegarían fondos federales que aún no habían sido aprobados en el Congreso, así como mayores recortes al gasto del gobierno. Los mismos cambios que ha solicitado la junta a los planes fiscales de la administración Rosselló Nevares. Antes de salir de la Mansión Ejecutiva, García Padilla decidió no revisar el documento y quedó en manos del gobierno recién electo.

Rosselló Nevares: ¿cambio de visión?

Lo que siguió es una cadena de atrasos, extensiones y revisiones. Una vez en La Fortaleza y con una fecha de entrega de mediados de enero de 2017, Rosselló Nevares pidió al ente una extensión para revisar los números que dejó su antecesor. La JCF concedió el pedido y propuso finales de febrero de 2017 como nueva fecha límite, no sin antes recordar que el plan debía incluir recortes significativos al gasto gubernamental, particularmente en las áreas de nómina, salud y pensiones.

El 21 de febrero de 2017, Rosselló Nevares entregó a la junta su primer borrador del plan fiscal, el cual nunca hizo público escudándose en que era “documento de trabajo”. El 28 de febrero, luego de más cambios, reveló un plan fiscal que se quedaba corto por $700 millones en cerrar la brecha fiscal que identificó la junta en ese momento. Una semana después, la JCF rechazó nuevamente el plan presentado por el gobierno. Asimismo, pidió incluir medidas fiscales más fuertes como una reducción a la jornada de empleados públicos y mayores recortes a las pensiones.

La JCF dio al gobierno hasta el 11 de marzo para realizar nuevos cambios al documento, dos días antes de la reunión pública para certificar un plan fiscal para Puerto Rico. El 13 de marzo, luego de negociaciones hasta el último minuto y una nueva versión del plan del gobernador, se logró un acuerdo para la certificación del plan fiscal de Rosselló Nevares. El documento incluyó enmiendas requeridas por la JCF de reducción de jornada a los empleados gubernamentales, la eliminación del bono de Navidad para el 2017 y mayores recortes a las pensiones de servidores públicos.

Aquel 13 de marzo, el gobernador se dirigió en mensaje televisado al pueblo, desde el patio interior de la Mansión Ejecutiva, flanqueado de funcionarios y legisladores de su partido, para celebrar que “prevaleció la razón, prevaleció la sensatez, prevaleció nuestro plan fiscal, prevaleció Puerto Rico”.

Cinco meses después de aquel mensaje, la JCF pidió la implementación de la reducción de jornada laboral, la eliminación del bono de Navidad y recortes a las pensiones. Rosselló Nevares se opuso y la JCF llevó la disputa al tribunal federal. Luego de los huracanes Irma y María en septiembre, el organismo decidió retirar la acción legal. La jueza Laura Taylor Swain nunca se expresó sobre la controversia.

Tras el paso de los fenómenos atmosféricos, el plan fiscal certificado quedó en ascuas y el ente rector pidió al gobierno un nuevo borrador para el 22 de diciembre de 2017 que tomara en consideración el nuevo panorama en Puerto Rico tras la devastación del huracán María. El gobierno no pudo cumplir con la fecha y pidió una primera extensión a la JCF que se la concede hasta el 10 de enero de 2018 con la expectativa de que se aprobara el 23 de febrero.

En la tarde del 10 de enero, una decena de periodistas llegaron a la Mansión Ejecutiva para una mesa redonda donde se discutiría el nuevo documento. Después de todo, era el primer plan fiscal que el gobierno develaba tras el fatídico golpe del huracán María. Minutos antes de la convocatoria, desde un teléfono en altavoz, la secretaria de prensa de La Fortaleza, Yennifer Álvarez Jaimes, anunció la cancelación repentina del encuentro con los periodistas. Desconocía si el plan se haría público ese día, aduciendo a cambios de último minuto.

Luego se supo que el Ejecutivo no tenía listo el plan fiscal de la Autoridad de Energía Eléctrica, que debía presentarse junto al del gobierno central ese día, y que había solicitado una nueva extensión a la JCF. El organismo concedió la extensión al plan de la AEE hasta el 24 de enero, pero exigió al gobierno entregar ambos planes juntos y no hacer el del gobierno central público hasta entonces. Y así ocurrió.

El 5 de febrero, la JCF rechazó el documento así como los planes de la AEE y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) en sendas cartas en las que planteaba que incumplían con las especificaciones de Promesa. Requirió, una vez más, mayores recortes al gasto gubernamental, incluyendo nómina y pensiones, al igual que más detalles sobre las reformas que propone el gobierno.

Una extensión adicional fue anunciada por la junta para certificar un nuevo plan fiscal, del 23 de febrero al 30 de marzo.

¿El plan de quién?

¿Aprobará la junta el documento de Rosselló Nevares o impondrá su propio plan fiscal? La decisión, al final del día, podría residir en un tecnicismo dentro de la ley Promesa.

A juicio del abogado John Mudd, que representa a algunos acreedores en el proceso de Título III, la certificación de un nuevo plan fiscal provocará otro “encontronazo” entre el gobierno y la junta. Esta vez, a diferencia del año pasado, el organismo impondría una versión propia, pronosticó.

“Para no tener problemas con la juez y poder mandar —que es lo que quieren hacer— eso es lo que puede hacer la junta [certificar su plan]. Si la junta impone su propio plan, creo que esta vez el gobierno tiene las de perder. La junta no va a cometer el mismo error”, opinó Mudd en referencia al plan fiscal que fue certificado antes de los huracanes y que culminó en un pleito en la corte federal.

Ante el escenario de que la junta apruebe su plan, el gobierno quedaría con pocas defensas legales para oponerse a la implementación de medidas de recortes de gastos promovidas por la junta y a las que el gobierno se opone.

“De sus decisiones, se ve que la jueza [Swain] actúa según lo que dice específicamente la ley [Promesa]. No se lo va a inventar. Específicamente Promesa dice que la junta certifica el [plan] del gobierno o su propio plan”, explicó Mudd, y resaltó que la certificación “del plan del gobierno” se dio, pero con enmiendas contingentes e impuestas por la JCF.

Independientemente el plan que certifique la junta próximamente, será el Tribunal Federal y el proceso de quiebra de Puerto Rico bajo el Título III lo que determine el futuro del plan fiscal, publicó recientemente el CPI. Y es que el “plan de ajuste” en el tercer capítulo de Promesa establecerá cuánto el gobierno pagará por concepto de deuda, cuándo lo hará, a quiénes les pagará y el orden de preferencia entre los distintos grupos de acreedores.

Cualquier decisión sobre qué recursos estarán disponibles y cuáles son restrictos —tal y como dispondría el plan de ajuste— cambiarían significativamente los supuestos de cualquier plan fiscal que se certifique. Según la ley federal, la JCF mantiene el poder exclusivo de presentar un plan de ajuste, pero el tribunal tiene la última palabra sobre la aprobación del documento, que también conlleva un proceso de votación por distintas clases de acreedores.

La versión más reciente del plan fiscal del gobierno central contiene proyecciones económicas incompatibles con la experiencia histórica de lugares que han sido impactado por huracanes, al igual que con la trayectoria económica de Puerto Rico, que, según expertos, en los pasados 30 años nunca ha tenido un crecimiento anual como el estimado para el año fiscal 2019.

Esta investigación fue posible en parte con el apoyo del Ravitch Fiscal Reporting Program de la Escuela Graduada de Periodismo en la Universidad de la Ciudad de Nueva York.

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