Si el gobernador electo, Ricardo Rosselló, no encuentra los mecanismos para reestructurar la deuda de Puerto Rico antes de que se termine el año fiscal el 30 de junio de 2017, es probable que el déficit presupuestario del gobierno caiga en terrenos más profundos.
Así lo reveló un documento publicado por la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) en conjunto con el Banco Gubernamental de Fomento (BGF), que proyecta un déficit de $3,036 millones en el flujo de caja del gobierno al cierre del año fiscal 2016-2017.
El documento fue el instrumento de trabajo que el comité de transición del gobernador actual, Alejandro García Padilla, presentó al grupo técnico de Rosselló, como parte del proceso de transición entre ambas administraciones. Es la pieza que también se espera presentar ante los miembros de la Junta de Control Fiscal que, precisamente, se reúnen hoy en Fajardo.
Si bien el informe establece que en junio del próximo año la caja del Departamento de Hacienda cerrará con una brecha de $2,181 millones, la expiración de la Ley de Moratoria de Emergencia y Rehabilitación Financiera el próximo 30 de enero de 2017, podría ampliar esta fisura presupuestaria.
Con el vencimiento de este estatuto —que García Padilla utilizó para poder zafarse de varios pagos de la deuda pública que actualmente alcanza los $69 mil millones— el país tendría que retomar el cumplimiento de estos servicios.
Ante esto, la nueva administración podría recibir el golpe de unos $1,318 millones del vencimiento de un pago en febrero. Sin embargo, el gobierno solo tendría en caja aproximadamente $104 millones para esa fecha. De entrada el gobernador electo adelantó que no caería en el impago de los compromisos del gobierno. De ser así, el pago de ese vencimiento, junto con unos $934 millones entre marzo y junio, llevaría el hueco del déficit a los $3,036 millones.
La situación se aprieta al recordar que el presupuesto aprobado por la actual Asamblea Legislativa en junio pasado no contempló ninguna asignación específica para los pagos de la deuda, más allá de la creación del Fondo especial para el pago de la deuda pública, que se nutriría de recaudos por concepto del impuesto al crudo, de los arbitrios al cigarrillo y de las licencias de vehículos.
Ante la publicación del informe, el director de la AAFAF, Víctor Suárez, declaró que “la crisis económica e insolvencia de Puerto Rico no es un secreto”, por lo que —sostuvo— que los datos demuestran “la necesidad de que la Junta de Supervisión Fiscal autorice acceder al Título 3 de Promesa para continuar cobijados por la moratoria disponible a través de la legislación y poder completar una reestructuración que permita un nivel de deuda sostenible”.
