Gobierno excluyó de su lista oficial muertes certificadas como relacionadas al huracán María

Además de las 64 muertes relacionadas al huracán María que oficialmente el Departamento de Seguridad Pública (DSP) ha admitido, hay al menos ocho casos adicionales que el Registro Demográfico tiene en su base de datos certificados como relacionados al huracán y que no se han añadido. Están catalogadas con el código X37, que significa “víctima de una tormenta cataclísmica”, por lo que fueron relacionadas de manera inequívoca con la tormenta por patólogos forenses del Instituto de Ciencias Forenses o por médicos. Es decir, la cifra oficial de muertes debió haber sido colocada por el Gobierno de Puerto Rico en al menos 72, según sus propios datos certificados.

Entre los fallecidos relacionados al huracán que no están en la lista oficial del DSP pero sí en la base de datos se encuentra Isabel García García, de 85 años. En su certificado de defunción, su primera causa de muerte es un infarto agudo de miocardio o ataque al corazón; como segunda causa de muerte, septicemia; luego acidosis como tercera; y en la cuarta columna, la clasificación “víctima de una tormenta cataclísmica”.

La clasificación X37 forma parte de la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados de Salud, establecida por la Organización Mundial de la Salud. Dicho código incluye las secuelas del paso de un huracán.

Doña Isabel murió la madrugada del 13 de enero de 2018 en el Hospital Menonita en Aibonito, donde fue certificada su muerte. En su hogar se alumbraba con velas. Después del huracán, nunca fue restaurado el servicio de energía eléctrica antes de su muerte. Casi nueve meses después de María, en Aibonito –como en otros pueblos– el azote del fenómeno aún se refleja en los toldos azules que cubren los techos de casas en el camino. La de Isabel es una de esas.

En las Parcelas Viejas del barrio Pasto, María del Carmen García, sobrina de Isabel, recordó los meses de agonía que sufrió la comunidad luego del huracán. Según relató al Centro de Periodismo Investigativo (CPI) y Metro, Isabel no salió de su hogar ante el paso del fenómeno atmosférico. Los vientos y la lluvia azotaron con tal fuerza que se vio afectado el techo de la casa de madera construida en el segundo nivel de la residencia principal de la fallecida. Según la sobrina, el agua percoló por el techo de la residencia de Isabel en el primer nivel. Los daños jamás fueron reparados por FEMA luego de ponerle el toldo azul.

“Ella (Isabel) lo pasó solita ahí (en su casa) todo el tiempo”, relató la sobrina, de 59 años. “La casa de ella es grande; al ella estar tan solita, la casa mojá’, ¿quién se la arreglaba?”, continuó.

“Influyó, influyó”, aseguró María del Carmen, en referencia a la relación de los efectos del huracán María con la muerte de su tía Isabel. Ya desde antes del huracán, dijo, Isabel enfrentaba problemas con el servicio de agua, pues alegaba que la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) le facturaba más de lo que consumía y le habían retirado el servicio.

“Ella venía aquí a buscar agua y se bañaba en la casa de mi mamá. Se bañaba en casa de una amiga también, en el pueblo”, relató María del Carmen. Sin embargo, con el paso de la tormenta el acceso al agua se complicó para toda la comunidad. El servicio de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), no fue restaurado hasta el 5 de marzo del 2018, casi dos meses después de la muerte de Isabel.

De acuerdo con el relato de los hechos, la mujer llegó con vida al Hospital Menonita el día jueves, 11 de enero, cuando presuntamente sufrió el ataque mientras se encontraba en un establecimiento en Aibonito. “Nosotros (María del Carmen y su esposo) fuimos a la casa (de Isabel) a buscarle ropa cuando le dio el mal (en referencia al infarto) y la casa estaba mojá’ en el piso, se le metía el agua, por causa del huracán”, indicó la sobrina, quien reiteró que, de alguna manera, las circunstancias en las que vivió Isabel luego de la catástrofe del fenómeno, deterioraron el ya mal estado de salud de la víctima.

“Ella estuvo solita y, ¿qué pasaba por esa mente?. Nadie sabe, ella pasaba todo el día ahí solita, solita, solita, con su casa toda dañá’, sin luz, sin agua”, indicó.

Los datos entregados la pasada semana por el Registro Demográfico al CPI tras la orden del tribunal muestran que, de los ocho fallecidos cuyos nombres no están en la lista oficial pero sí en la base de datos del Registro Demográfico, dos murieron el 20 de septiembre de 2017, justo en medio del paso del fenómeno atmosférico que atravesó la isla, pero se registraron el 4 de mayo de 2018.

En noviembre se informó otra muerte, que no fue certificada hasta mediados de febrero del año corriente. Ocurrieron otras dos muertes en diciembre, certificadas el mismo mes, una de ellas incluso el mismo día. Dos más fueron clasificadas con el código X37 en enero de este año, certificadas ese mismo mes. Uno de esos casos es el de Isabel, cuya muerte fue certificada el mismo día. También, se reportó un caso adicional en febrero bajo el mismo código, según el propio registro

Un análisis de la información disponible sugiere que dos de esas muertes cuyos nombres no están en la lista oficial corresponden posiblemente a dos residentes de Utuado ya identificadas en la base del Registro Demográfico y clasificadas con X37 en su primera causa de muerte. Si esto se confirma, la cifra oficial de muertes debió haber sido colocada por el Gobierno de Puerto Rico en al menos 70.

A pesar de tener toda esta información en algunos casos durante meses, al cierre de esta edición la cifra oficial se mantenía en 64, el número en el que se congeló desde la última actualización el 9 de diciembre de 2017. La lista, además, mantenía siete muertes de personas sin identificar, nombrados como John Doe.

Cuando Metro y el CPI pidieron una actualización de los datos, el DSP confirmó que uno de esos casos sin identificar correspondía a una persona fallecida en Vieques que estaba entre los casos cuya información el Registro Demográfico ya había documentado en su base de datos, pero Seguridad Pública no había actualizado la información en su lista oficial. A petición de estos medios, el DSP entregó una nueva lista verificada, que incluía dicho nombre: Lawrence Potter.

Los ocho nombres que no forman parte de la lista oficial pese a su clasificación, corresponden a residentes de Utuado, Humacao, Patillas, Aibonito y Yabucoa. Se trata de cinco mujeres y tres hombres que fluctúan entre las edades de 55 a 92 años.

Según varias consultas con expertos, luego de que un patólogo forense, médico forense o médico clínico completa un certificado de defunción, el Registro Demográfico debe codificar los casos y registrarlos en su base de datos. Luego se envía la documentación al Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés). El CDC devuelve la información verificada al Registro.

De acuerdo con la información contenida en el certificado, el Registro Demográfico puede codificar hasta diez causas de muerte. “La causa principal que se adjudica es la que está en la primera columna”, explicó la demógrafa Nancy Vega, exdirectora del Registro Demográfico, en entrevista con CPI y Metro.

La clasificación X37 depende directamente de lo que escriba la persona que completa el certificado de defunción en el encasillado 25, que da el espacio para describir las circunstancias de la muerte.

“Dependiendo de lo que escriban ahí, pueden atarla (la muerte) al evento (huracán María) o no”, indicó la demógrafa.

A partir de esa información, el CDC clasifica las causas de muerte desde la primera en adelante.

“Los que están en la primera columna relacionados con el huracán (con el código X37), esos son los casos directos, los que tengan en alguna otra columna algo relacionado a la tormenta son los casos indirectos”, continuó Vega.

Las muertes identificadas con el código X37 representan solo una parte del total de muertes que pudieran estar relacionadas al huracán, ya que hubo muchas que no se certificaron con ese código, aunque sí estuvieron relacionadas. Y también hay casos, como los muertos por leptospirosis, que el gobierno ha admitido que estuvieron relacionados al huracán, aunque muchos no han sido añadidos a la lista de 64.

“La mayoría de los casos no deben tener nada relacionado al huracán, porque no están bien documentados”, apuntó la demógrafa.

Entre septiembre de 2017 y el 11 de junio de 2018, fecha en la que todavía son palpables los efectos de María, el Registro Demográfico emitió alrededor de 22,000 certificados de defunción, de los cuales aún no ha entregado unos 20,000 al CPI, a pesar de una orden del tribunal. El gobierno se comprometió a entregarlos para el próximo martes, 19 de junio.

No hubo un protocolo para definir las circunstancias de las muertes

A pesar de que el Departamento de Salud y el Registro Demográfico tenían conocimiento de que existe la clasificación X37 para relacionar una muerte a un evento catastrófico como lo fue el huracán María y sus secuelas, dicha agencia nunca estableció un protocolo de emergencia que sirviera de guía o hiciera hincapié en las circunstancias particulares a las cuales un médico forense, patólogo forense o médico debía estar atento al momento de completar los certificados de defunción.

De acuerdo con declaraciones de la doctora Eda Rodríguez, patóloga forense del Instituto de Ciencias Forenses (ICF) y exdirectora de dicha dependencia gubernamental, la administración de esa agencia nunca dio instrucciones a su personal para que estuviera atento a las circunstancias particulares que pudieron haber rodeado las muertes luego del paso del huracán. Aseguró que el Departamento de Salud tampoco entregó un protocolo que pudo haber definido o llamado la atención sobre ciertas circunstancias.

“No, no hubo un protocolo. No hubo una instrucción directa a nosotros los patólogos forenses, que somos cinco nada más en el instituto”, afirmó Rodríguez al CPI y Metro.

– ¿Se estableció un protocolo después del huracán? “No, tampoco”, respondió la patóloga forense.

– ¿Cuentan con un protocolo al momento (de esta entrevista)? “No, no”.

En el caso del ICF, que recibe los cuerpos de muertes violentas, sospechosas o inesperadas, para determinar las causas de muerte, el patólogo o médico forense analiza el historial médico de la persona, historial psiquiátrico y también su historial social.

“En el instituto hay un personal que se encarga de hacer unas entrevistas a la familia y entonces parte de esa entrevista incluye cómo ocurrieron los hechos; si es un evento traumático, cuándo ocurrió el evento traumático, qué pasó después del evento traumático, qué se hizo, a dónde se llevó el paciente y posteriormente, conforme a ese historial vamos desarrollando una secuela de eventos”, explicó la doctora Rodríguez.

Para colocar su explicación en el contexto de un huracán, la patóloga forense relató el caso de un cuerpo que analizó posterior al paso del huracán Irma. El condominio en el que residía la persona perdió el servicio de energía eléctrica producto del paso del fenómeno atmosférico que pasó cerca de la isla aproximadamente dos semanas antes que María.

“[La persona] se cayó por las escaleras subiendo a un quinto piso, lo llevan al hospital y fallece un tiempo después por un trauma en la cabeza. En este caso, estuvo relacionado a Irma”, apuntó Rodríguez. Respecto al certificado de defunción de esta persona cuya identidad será protegida, la patóloga explicó que además de colocar los diagnósticos de condiciones de salud, se estableció cómo y por qué ocurrió la muerte.

“En otro inciso que tiene el certificado de defunción que dice ‘describa cómo ocurrió la lesión’, se colocó una única frase, ‘no había luz en el condominio, cayó por las escaleras recibiendo trauma en la cabeza, pos huracán Irma’”, apuntó.

Se le realizó la misma pregunta al presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, el doctor Víctor Ramos, respecto a si los galenos habían recibido un protocolo o instrucciones de estar atentos a las circunstancias particulares que pudieron haber rodeado las muertes luego del paso del huracán.

“No”, respondió Ramos, añadiendo inmediatamente que dentro del contexto de la emergencia suscitada tras el huracán, los médicos se vieron en la obligación de completar certificados de defunción de cuerpos que de ordinario habrían sido atendidos en el ICF.

“Los médicos clínicos certifican muertes clínicas; el 90% de los pacientes que se mueren en Puerto Rico se mueren por condiciones clínicas. El 10% son los que llegan al Negociado de Ciencias Forenses, ya sea porque son parte de una escena criminal, porque murieron en las primeras 24 horas que llegaron al hospital, porque murieron fuera del hospital o porque los van a cremar”, indicó Ramos. El ICF ha dicho que son 20% los casos que llegan al negociado.

“Esos casos de ordinario no los tiene que llenar el médico clínico porque la ley dice que le tocan a [el Instituto de Ciencias] Forenses. Lo que pasa es que en la emergencia, como Forense estaba lleno los médicos clínicos llenaron certificados que de ordinario le tocan a Forense”, continuó.

A pesar de que nunca hubo un protocolo de emergencia que sirviera de guía a los médicos, Ramos indicó que sí hubo petición de manera informal, durante uno de los encuentros que se llevaron a cabo durante las primeras dos semanas luego del huracán en el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) que se estableció en el Centro de Convenciones de Puerto Rico.

“Hubo una petición informal realmente, ni siquiera por escrito, en las reuniones que se tenían a diario en el COE, donde se nos pide que cooperemos llenando los certificados que de ordinario no le tocaba (a los médicos) y eso se pasó entre los hospitales, se pasó entre los médicos”, dijo el presidente del colegio al señalar que por eso hubo médicos que certificaron casos que regularmente hubiesen tocado al ICF, porque no murieron bajo su cuidado en un hospital.

A diferencia del ICF, que cuenta con personal que investiga las circunstancias en las que ocurrió una muerte, el médico clínico en un hospital generalmente obvia esta parte del certificado de defunción.

“En el [encasillado 25] el patólogo forense sí pone otras cosas que de ordinario el médico clínico no pone”, estableció Ramos.

“La problemática es que, por ejemplo, el paciente no tenía luz y se le dañó el equipo (ventilador médico) y murió de un paro respiratorio. La causa de muerte en el encasillado 24 es un paro respiratorio, eso no cambia, lo escriba el clínico o lo escriba el forense. En el encasillado 25 yo no tengo la oportunidad en un setting clínico de hacer una autopsia donde yo puedo definir cuánto tiempo estuvo sin oxígeno el cerebro y por lo tanto decir: ‘tuvo que ver con que no tuviera luz o no tuvo que ver’. Eso lo sabe un patólogo que pudo hacer un análisis de cuánto tiempo estuvo ese cerebro sin oxígeno. Yo no lo puedo hacer en una sala de emergencia cuando estoy llenando el certificado, que es un certificado que usualmente no llenaría”, explicó Ramos.

De acuerdo con el presidente del colegio, lo que usualmente ocurre es que el médico clínico coloca en el encasillado 25 “las otras condiciones de salud que tenga el paciente”.

El presidente de la Asociación de Hospitales de Puerto Rico, Jaime Plá, respondió en la misma dirección al ser cuestionado sobre si los hospitales habían recibido algún protocolo o instrucción por parte de las agencias gubernamentales respecto a cómo completar los certificados de defunción tomando en consideración las circunstancias tras el paso de María y que, ante el alto volumen de cuerpos en el ICF, los médicos clínicos estarían completando certificados de defunción que de ordinario no firman.

“No, yo no tengo conocimiento de que se haya hecho ningún ejercicio específico sobre eso”, apuntó Plá, al tiempo que él mismo reconoció no saber lo que significaba el código X37 hasta el momento de la entrevista.

“Yo recomendé al Registro Demográfico y al Departamento de Salud que hagan un ejercicio de adiestramiento para poder estar más claro de como certificar algunas de esas muertes que pudieras asociar con un evento catastrófico”, indicó el presidente, aunque no especificó cuándo ni a quién hizo la recomendación.

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Departamento de Salud, huracán María, Instituto de Ciencias Forenses, muertes, Registro Demográfico

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