A pesar de que la administración del gobernador Ricardo Rosselló Nevares ha insistido en que la Universidad de Puerto Rico (UPR) puede rendir servicios para mitigar el recorte de $450 millones a su presupuesto, el gobierno aún acarrea una deuda de $86 millones con la institución educativa.
El adeudo se debe, precisamente, a que la UPR ha rendido una gama de servicios al gobierno a través de sus 11 unidades, pero no recibió —ni ha recibido— la compensación correspondiente.
“La partida de cuentas a cobrar que aparece de $92 millones son las cuentas por cobrar de la Universidad totales hasta una fecha. En este caso, junio 30 del 2015”, expresó Norberto González, director de la Oficina de Finanzas de la Administración Central de la UPR, en entrevista con Diálogo.
González señaló que, de esos $92 millones, el gobierno es directamente responsable por $85,886,000. La información puede corroborarse en el Estado Financiero de la UPR del 2015 —el más reciente auditado—, el cual detalla que esa cuenta por cobrar se distribuye entre las agencias de gobierno, sus unidades componentes y los municipios de Puerto Rico. La fecha de las cuentas puede transcurrir desde hace un mes hasta más de tres años.
“Hay muchas partidas viejas que no se cobraron porque puede ser que no se facturó a tiempo, la agencia a la que se le rindió el servicio no tenía la capacidad de pago, puede ser que algún pago sí se haya recibido y se haya registrado mal y haya que ver dónde está para ajustarlo. Pueden ser muchas cosas”, sugirió González.
Gran parte del débito corresponde a los servicios de salud ofrecidos por el Recinto de Ciencias Médicas de la UPR. Asimismo, el Departamento de Educación sostiene una deuda con la UPR en Cayey por talleres y adiestramientos impartidos a maestros.
La lista de deudores continúa con el Departamento de Agricultura —debido a la Estación Experimental Agrícola y el Servicio de Extensión Agrícola, adscritos al Recinto de Mayagüez y localizadas también en Río Piedras y Gurabo—, así como el Departamento de Transportación y Obras Públicas, el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, y el Departamento de la Familia, entre otros.
“Si la Universidad le va a rendir $10 millones en servicio [al gobierno], pues esos $10 millones deben estar presupuestados en la agencia. Se tiene que determinar que la cantidad a facturar debe tener un periodo específico y corto para que la Universidad cobre. Debe ser casi inmediato tras rendirse el servicio”, exclamó González.
Un estimado preliminar apunta a que la deuda del gobierno incrementó a $86,281,000 hasta diciembre de 2016. La cantidad está sujeta a cambio porque el análisis financiero del 2016 no ha finalizado.
Débito a través de los años. (Diálogo)
La deuda real sobrepasa $300 millones
El Estado Financiero del 2015 menciona partidas adicionales provenientes del gobierno federal y planes médicos que también le deben dinero a la UPR, para un total de $217.1 millones. Sumadas a lo correspondiente del gobierno de Puerto Rico, totalizan alrededor de $303 millones.
No obstante, la mayor parte de esa cantidad está suscrita bajo “cuentas dudosas” y en reserva, por lo que solo $92 millones tienen posibilidad real de ser cobrados.
“Eso lo tienen todas las entidades para cuentas malas o cuentas dudosas, lo que es en inglés el allowance for doubtful accounts. Cada entidad tiene que hacer un análisis de las cuentas a cobrar que tiene en sus libros y determinar si esa cuenta es cobrable o no es cobrable. De la gerencia llegar a la conclusión de que la cuenta no es cobrable y los auditores externos están de acuerdo, pues la gerencia establece una reserva. Si finalmente se determina después de diversas gestiones que la partida no es cobrable, pues lo que normalmente ocurre es que la entidad lo lleva al nivel más alto—que puede ser la Junta de Directores de la entidad o en este caso la Junta de Gobierno [UPR]— y la cuenta se tira a pérdida”, explicó González.
Cantidad adeudada por las agencias gubernamentales. (Diálogo)
El director de la Oficina de Finanzas recalcó que las cuentas localizadas en reserva aún pueden cobrarse, sin embargo, la situación actual del gobierno no es muy alentadora.
“No se han tirado a pérdida porque todavía están ahí. Esto es un análisis contable [conservador] y, por el tiempo que llevan, se entiende que no se van a cobrar. En algunas de ellas, cada una de las áreas sigue haciendo su gestión de cobro”, añadió González.
De acuerdo con la información provista, una cuenta de más de siete meses está reservada al 100%.
La partida de la Compañía de Turismo se cobra todos los meses. (Diálogo)
Un ejemplo de esas cuentas previas es la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura de Puerto Rico, que debe $4 millones. Igualmente, la Compañía de Fomento Industrial (PRIDCO, por sus siglas en inglés) tiene una deuda de $2.3 millones con la UPR, así como el Centro Comprensivo de Cáncer ($1.2 millones).
“En cuanto a los municipios, que son una partida más pequeña de $3 millones, ahí la partida grande siempre es el municipio de San Juan que incluye el Hospital Municipal de San Juan con el Recinto de Ciencias Médicas por servicios y consultas médicas. O sea, los facultativos del Recinto de Ciencias Médicas rinden unos servicios allí y le facturan al hospital. Esta partida se tarda, como todo municipio, pero tienden a moverse y ser cobrables”, agregó.
Entre las propuestas para allegarle fondos a la Universidad, el gobernador sugirió ingresos en $25 millones anuales provenientes de contratos para entrenar a maestros del sistema de educación pública y $30 millones adicionales por acuerdos de capacitación con los municipios.
La partida de San Juan se debe a servicios y consultas médicas al RCM. (Diálogo)
