Museo de la UPR anuncia talleres
Al presente los bienes de la Autoridad de Energía Elétrica deben situarse en cerca de $16,000 millones, de acuerdo con el economista José Alameda. (Archivo)
Aunque el anuncio del gobernador Ricardo Rosselló Nevares de que el gobierno venderá los activos de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) no necesariamente representa una sorpresa mayúscula, sí levanta múltiples cuestionamientos respecto a los motivos y el proceso que seguirá el Estado para deshacerse de la herramienta que sostiene la infraestructura crítica del país para su desarrollo socioeconómico.
En el contexto de la recuperación tras el huracán María, la peor catástrofe natural en Puerto Rico en casi un siglo, y en momentos en que la AEE se encuentra inmersa en un proceso de reestructuración de su deuda de alrededor de $9,000 millones mediante el Título III creado por la ley Promesa, la perspectiva de privatizar los bienes de la que por décadas fuera la “joya de la corona” como principal símbolo de la modernidad puertorriqueña, resulta, como mínimo, desconcertante, a juicio de diversas voces consultadas por Diálogo.
Durante su mensaje, “el gobernador mencionó que el proceso de privatización constaría de tres fases –legislación, evaluación de ofertas y negociación– pero se le quedó una: para negociar hay que tener una visión de país sobre lo que se quiere con el sistema eléctrico. Si damos por ciertas las palabras del gobernador, nos encaminamos a una negociación sin saber para qué se está haciendo”, sostuvo Cecilio Ortiz García, miembro del comité timón del Instituto Nacional de Energía y Sostenibilidad Isleña (Inesi) de la Universidad de Puerto Rico (UPR).
[Sondeo] Favoreces que se privatice a la Autoridad de Energía Eléctrica @AEEONLINE | #únetealdiálogo
— Diálogo UPR (@DialogoUPR) January 22, 2018
Para el catedrático asociado en el Recinto Universitario de Mayagüez (RUM), el gobierno entra en una posición de total desventaja frente a las empresas del sector privado que en los próximos meses buscarán involucrarse en las negociaciones para obtener parte del botín que el Estado estará poniendo a su disposición.
“Cuando vendes un pesca’o abomba’o quizás te dan $2 por libra, si lo vendes fresco te dan $20. Al vender en esta coyuntura [el gobierno] le va a tener que decir que sí al primero que diga que va a hacer tal o cual cosa”, matizó por separado el profesor jubilado de administración pública, Mario Negrón Portillo.
Según el economista José Alameda, hace unos años algunos estudios estimaban el valor de la corporación pública en alrededor de $21,000 millones, más del doble de los recaudos del gobierno en un año fiscal. Esa cifra, sin embargo, debe haber caído en al menos un 30%, por lo que al presente sus bienes deben situarse en cerca de $16,000 millones, sin tomar en cuenta la monumental deuda, añadió el también catedrático del RUM.
“En última instancia, lo que pase con la deuda de $8,000 millones a largo plazo y $1,000 millones a corto plazo lo va a decidir la jueza [que supervisa el caso de Título III, Laura Taylor] Swain, ¿pero cuáles serían las condiciones de la venta? ¿Los compradores asumirían parte de esa deuda? ¿Los bonistas ofrecerían pagar 20 centavos de dólar de la deuda? El diablo está en los detalles”, cuestionó Alameda.
“Al Estado negociar con el sector privado –que siempre sabe a dónde se dirige– tiene que estar bien parado. Ahora mismo está de rodillas y pretende negociar el sistema más importante del país”, ilustró Ortiz García.
Por otra parte, es imposible saber tan temprano en la marcha el marco legal que se creará y el rumbo que tomarán las negociaciones de un proceso que según Rosselló Nevares debería culminar con acuerdos dentro de 18 meses.
En el mensaje televisado, por ejemplo, el gobernador especificó que el sistema de generación de energía –considerado el elemento más lucrativo del actual modelo energético– se privatizaría en su totalidad, mientras que los sistemas de transmisión y distribución serían objeto de una concesión a término definido.
Asimismo, queda en el aire el tema de la accesibilidad al servicio de energía eléctrica para aquellos en condiciones más vulnerables, ya sea por su localización geográfica o nivel socioeconómico.
“Los peligros de la privatización son los de siempre: pierdes el control y no hay garantía absoluta de nada. Quizás uno puede esperar que alguna compañía ofrezca un mejor servicio de energía eléctrica que la AEE pero no hay garantía de que va a ser a menor costo, ni de que todo el mundo va a tener el servicio”, enfatizó Negrón Portillo.
“La privatización vende un servicio y busca que genere ganancias. ¿El gobierno va a garantizar que todo el que necesita el servicio reciba el servicio? A aquellas casitas apartadas en el campo, ¿les van a tirar un cable?”, agregó el catedrático retirado de la Escuela Graduada de Administración Pública de la UPR.
Por esa línea, Ortiz García considera que, según su interpretación del mensaje del gobernador, lo que se está planteando en esta coyuntura es básicamente un sistema de “dos pisos”, segregado por líneas socioeconómicas.
“En estos momentos tenemos [en Puerto Rico] un sinnúmero de organizaciones del exterior dando servicios de capacitación en energía renovable y de servicio eléctrico mediante microrredes. Inesi está investigando toda esta gama de actores y pareciera que el gobernador está insinuando que el peso decisional pasa al sector privado. Un sector que genera para el que puede pagar”, puntualizó el académico.
“Estamos creando un sistema de dos pisos. Uno rentable y otro para comunidades que van a estar desconectadas de esa red. Tendríamos dos tipos de electrificación ciudadana en el momento de mayor incertidumbre energética en el país. Se aumenta la incertidumbre cuando el pueblo menos lo necesita”, censuró Ortiz García.
El doctor en administración pública argumentó que el anuncio de Rosselló Nevares a todas luces parte de una decisión “unilateral” que no toma en cuenta el papel que instrumentalidades reguladoras como la Comisión de Energía y la Oficina Estatal de Política Pública Energética deberían asumir en una transformación de esta magnitud.
En ese sentido, la determinación de privatizar la operación del sistema eléctrico podría considerarse como una más en la larga lista de acciones motivadas por la política partidista que han socavado la capacidad de proveer energía al país de forma eficiente.
“Esta es la crónica de una muerte anunciada y es un desenlace muy triste para los que estudiamos la administración pública”, lamentó Negrón Portillo. Añadió que “la AEE era la joya de la corona y es una tragedia porque la gente pierde de perspectiva el papel protagónico que tuvo en su momento y podía seguir teniendo. Pero obviamente, eso nunca va a poder ser si se maneja como se ha manejado por décadas: como botín político”.
Para Ortiz García, a grandes rasgos, la movida representa un retroceso en la evolución del país como fuente de riqueza social y económica, aludiendo a los tiempos previos a la creación de la corporación pública, cuando entes privados controlaban el acceso a la energía eléctrica y los beneficios que se derivan de ella.
“La AEE cambió la manera de pensar privada y transicionó al país al llevar electricidad a las esquinas y montes más recónditos y el pueblo entero absorbía el costo porque se entendía que era un bien necesario para todos. Ya vivimos y transicionamos de eso, por lo que estamos volviendo al pasado en un momento en el que vivimos en bolsillos y municipios que carecen del servicio eléctrico”, subrayó.
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SOBRE EL AUTOR
Manuel Guillama Capella
Periodista. Es estudiante graduado del Departamento de Historia de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Completó un bachillerato en Información y periodismo en la misma institución. Apasionado y conocedor del deporte local e internacional.
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