Durante los próximos seis años, el Gobierno de Puerto Rico gastaría hasta $1,400 millones en gastos relacionados al proceso de quiebra bajo el Título III de Promesa, según la versión más reciente del plan fiscal que presentó este jueves la administración de Ricardo Rosselló Nevares a la Junta de Control Fiscal (JCF).
Así lo dejaron saber recientemente al Centro de Periodismo Investigativo (CPI) el gobernador y su equipo económico compuesto por el director de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal, Gerardo Portela, y el representante del gobierno ante la JCF, Christian Sobrino, durante una mesa redonda con periodistas y en donde se presentaron a grandes rasgos los cambios más recientes al plan fiscal del gobierno central.
La cifra de $1,400 millones incluye el gasto en abogados y asesores tanto del gobierno, la JCF y los comités oficiales que representan a los retirados y los acreedores no asegurados en los casos de Título III, detallaron los funcionarios. También incluye el presupuesto de la JCF, que ronda actualmente los $60 millones, en momentos en que la Legislatura busca detener los desembolsos al ente rector.
“Esto es una proyección a seis años y por eso tenemos en mente, y es el mandato del gobernador, de salir del Título III lo antes posible”, indicó Portela. “De nuevo, estamos siendo conservadores. Eso de seguro, puede ser mucho menos”, añadió con optimismo.
Tanto Portela como Sobrino alegaron que a pesar de sumar $1,400 millones, los gastos proyectados están por debajo de lo incurrido en otros casos de quiebra municipales, si se toma en consideración la cantidad de deuda sujeta al proceso de reestructuración.
El gobierno indicó que hizo entrega de los planes fiscales revisados para el gobierno central, la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Autoridad de Carreteras, Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), la Corporación Pública para Supervisión y Seguro de Cooperativas (Cossec) y el Banco Gubernamental de Fomento (BGF). Mediante cartas enviadas a La Fortaleza la pasada semana, la JCF requirió una serie de cambios adicionales con miras a certificar los documentos en o antes del 20 de abril.
El gobernador reiteró su rechazo a toda medida que incida en la determinación de política pública, como lo es un recorte a las pensiones públicas y la reforma laboral. Así las cosas, el mandatario aseguró que las revisiones nuevas contemplan mayormente cambios en las proyecciones macroeconómicas y en los objetivos de ahorro en el gasto gubernamental. Siguen quedando fuera del plan fiscal de Rosselló Nevares la eliminación del bono de Navidad, la reducción de licencias de enfermedad y vacaciones, y recortes en las pensiones públicas, entre otras medidas que pidió el ente rector.
En cuanto al gasto en profesionales del Título III, hubo dos versiones anteriores del plan fiscal del gobierno que contemplaron una partida dirigida a los gastos en abogados y asesores con cargo al erario y por concepto de los casos de quiebra bajo el Título III, pero que nunca sobrepasaron los $800 millones, muy por debajo a la cifra nueva de $1,400 millones.
En la versión del plan fiscal de Rosselló Nevares del 24 de enero, se estimó en $119 millones el “gasto de Título III” solo para el presente año fiscal. En cinco años, proyectaba un gasto de hasta $800 millones por concepto de los casos de quiebra. Luego, en la revisión del 12 de febrero, la misma partida para el año fiscal que culmina el 30 de junio reflejaba solo $19 millones, o $100 millones menos que la versión previa. Para los próximos seis años, la proyección fue de $300 millones en gastos relacionados al Título III de Promesa.
La versión publicada al filo de la medianoche del pasado viernes, 23 de marzo, omitió este detalle.
Según una investigación del Centro de Periodismo Investigativo, a nueve meses del inicio de la quiebra de Puerto Rico y el gasto en servicios profesionales relacionados al proceso suma casi $135 millones, según las facturas más recientes sometidas para la consideración del Tribunal Federal.
Para el periodo que comprende desde el 1 de octubre al 31 de enero, los bufetes y firmas de consultoría que trabajan en los casos de quiebra bajo el Título III de Promesa presentaron facturas que sobrepasan $57 millones. La suma no incluye a algunos bufetes y firmas que todavía no han facturado su segundo periodo, como los abogados de la JCF, Proskauer Rose y O’Neill & Borges, y los consultores del Gobierno, Deloitte.
Esto se añade a los más de $77 millones de la cuenta de los primeros cinco meses de la quiebra del ELA, del 3 de mayo hasta el 30 de septiembre del pasado año.
