Luego de que el proyecto de ley de la reforma contributiva fuese derrotado el pasado miércoles, 29 de abril, el equipo fiscal del gobernador Alejandro García Padilla identificó recortes presupuestarios ascendentes a unos $900 millones, que incluyen la reducción de fondos para la Universidad de Puerto Rico (UPR).
Según reseñó hoy El Nuevo Día, el sistema de la UPR podría enfrentar una reducción de $166 millones del dinero que recibe del Fondo General de Puerto Rico a través de la fórmula del 9.6 por ciento. Asimismo, los fondos de becas que recibe la UPR por parte del Gobierno se verían reducidos en unos $10.5 millones.
A estos posibles recortes presupuestarios se les suma un proyecto de ley de la Cámara de Representantes que propone que se transfieran fondos del Sistema de Retiro de la UPR al Banco Gubernamental del Fomento (BGF), con el fin de mejorar la capacidad fiscal de la entidad, según indicaron los líderes gremiales de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU) y la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes (HEEND) de la UPR, Recinto de Río Piedras, en conferencia de prensa.
El Proyecto de la Cámara 2406, radicado el pasado 8 de abril, propone una serie de medidas para garantizar la estabilidad financiera del BGF y permitir que las entidades gubernamentales puedan continuar sus operaciones. Según los representantes de la APPU y la HEEND, esto incluye pasar fondos al BGF de los diferentes sistemas de retiro del servicio público, incluyendo el de la UPR.
“La Ley, como está, ha excluido siempre a los sistemas de retiro. En este momento, le está dando el poder a la junta de directores del Banco Gubernamental de Fomento de mover los fondos que ellos decidan que quieren mover”, destacó Diana Rivera, presidenta de la Junta de Retiro de la UPR.
Según declaró Miguel Hernández, presidente de la APPU, el proyecto de ley es uno similar a dos medidas presentadas por la Legislatura, el Proyecto de la Cámara 1592 y el Proyecto del Senado 857. Ambos se radicaron para “requerir a varias entidades gubernamentales a formalizar sus adelantos y compromisos de repago y reestructurar y refinanciar sus deudas” con el BGF.
“No le resuelve nada al Banco Gubernamental de Fomento pasar ese dinero [del Sistema de Retiro]. Se tiene que reconocer esa deuda de una manera diferente”, indicó Rivera. “Si el objetivo es mover ese dinero para poder ir al mercado de bonos, no pueden ir con un dinero que tiene una deuda que dobla el dinero que tienes disponible”, añadió.
Por su parte, Hernández entendió que sus fondos de retiro no deben ser utilizados para repagar las deudas que tiene la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), ya que “lo quieren depositar en una agencia que ha sido administrativamente manejada de manera ineficaz, incompetente e irresponsable”.
“Esto es una impunidad legislada. No hay responsabilidad para los que estuvieron anteriormente, que llevaron el Banco a la quiebra, y tampoco quieren fijarle responsabilidad a los actuales directivos del Banco con relación a nuestro fondos”, manifestó Hernández.
“Los trabajadores merecen una vejez digna, con unos fondos que puedan mantenernos, como seres humanos, viviendo una vida de calidad aún al final de nuestros días después de haberle servido a este país durante toda una vida”, expresó el presidente de la APPU.
De manera similar, José Torres, presidente de la HEEND, afirmó que ya le han hecho acercamientos a la administración de la UPR “para que se opongan al traspaso de los fondos al Banco”, y que utilizarán cualquier mecanismo de protesta necesario para no permitir la concretización de este proyecto.
No obstante, al llamar a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, la ayudante del presidente Rafael “Tatito” Hernández, Wanda Silva, le indicó a Diálogo que aunque el proyecto está radicado en la Cámara Baja, aún no ha sido sometido a discusión.
Por otra parte, el rector de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras (UPR-RP), el doctor Carlos Severino, dijo que hay una gran preocupación respecto a este proyecto de ley de todos los sectores que trabajan para la Universidad.
“Es típico que, en momentos de crisis, a veces surjan medidas un poco apresuradas que tienen que ver con soluciones pasajeras y que pueden tener implicaciones en un sistema tan sólido como el Sistema de Retiro de la Universidad de Puerto Rico”, manifestó Severino a Diálogo.
Por su parte, Carmen Vázquez Arce, trabajadora jubilada de la UPR, criticó el proyecto de ley por querer usar los fondos del Sistema de Retiro para mantener las operaciones del BGF. “Ellos no pueden tocar nuestra inversión en el retiro y en la vejez”, puntualizó.
