Una coalición multisectorial de organizaciones denunció ayer que nueve meses desde el paso del huracán María, la situación del país sigue siendo crítica y el gobierno continúa sin atender las necesidades más urgentes de la población.
La coalición está integrada por Annete Martínez Orabona, directora del Instituto Caribeño de Derechos Humanos; Anita Yudkin Suliveres, profesora de la Cátedra Unesco de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras; María Mari Narváez, de Kilómetro Cero; Amarilis Pagán Jiménez, directora del Proyecto Matria; y Modesta Irizarry, líder comunitaria del pueblo de Loíza, entre otros.
En diciembre de 2017, estas organizaciones denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en Washington, D.C. que las políticas de atención al desastre violentaban los derechos de las puertorriqueñas y los puertorriqueños y agudizaban la crisis humanitaria. Ayer denunciaron que la situación no ha mejorado desde entonces.
El colectivo expuso que los datos del informe Justicia Ambiental, Desigualdad y Pobreza en Puerto Rico, que los grupos acaban de actualizar hasta el mes de junio de 2018, demuestran que “estamos viviendo una crisis después de la crisis, que afecta los derechos más básicos de la población como vivienda segura, agua potable, alimentación, trabajo, educación, salud, acceso a la información y derecho a la protesta, entre otros”.
Las denuncias del grupo se dan a casi una semana del cierre de la actual sesión legislativa. Alegan en el comunicado que esta ha sido una de las sesiones en las que más proyectos se han presentado en detrimento de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales del país.
“Estamos viendo cómo el gobierno actúa ignorando la situación de pobreza y desamparo de la mayor parte del país y sin ejecutar acciones que mitiguen los daños provocados por el huracán. Las exigencias de nuestro informe de diciembre han sido ignoradas casi en su mayoría”, expresaron.
Denunciaron que, ante este panorama, el gobierno y la Junta de Control Fiscal continúa imponiendo medidas que violentan los derechos de las personas más pobres y precarizadas.
“No vemos otra salida que acudir a todos los foros internacionales que sean necesarios, para denunciar la gravedad de la situación de derechos humanos en Puerto Rico y exigir que se reconozca el contexto de discrimen institucional al que están siendo sometidas las poblaciones más vulnerables, particularmente, la niñez, las personas con discapacidad, las mujeres, los trabajadores y trabajadoras, y la mitad de nuestra población que vive en condiciones de pobreza”, señaló Martínez Orabona.
Es por esto que las organizaciones de la sociedad civil presentarán esta denuncia a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, con el fin de solicitarle que se pronuncie sobre la violación sistemática de derechos humanos en el país.
La presentación de este informe coincide, además, con la presentación en Ginebra del informe del Relator Especial sobre Pobreza Extrema y Derechos Humanos, Philip Alston, sobre su visita oficial a Estados Unidos y a Puerto Rico después del huracán María, quien ha expresado que la pobreza en la isla está marcada por un gran déficit de derechos.
Según manifestó la profesora Verónica González Rodríguez, de la Clínica de Derecho Ambiental de la Universidad Interamericana, “es preocupante que, al mes de junio, persistan los problemas de acceso al agua potable y libre de contaminación, que no tengamos políticas sobre seguridad alimentaria; y que la agricultura ecológica y sostenible enfrente trabas gubernamentales que hagan casi imposible su desarrollo”.
También insistió en que resulta inverosímil que la Legislatura todavía no haya tomado acción para sustituir los combustibles fósiles para la producción de energía y atender la evidente amenaza del cambio climático, mientras se apresta a transferir a manos privadas cinco cuerdas de la costa de Carolina.
Sobre el tema de acceso a la vivienda segura, Pagán Jiménez, del Proyecto Matria, señaló que: “desde antes de los huracanes Irma y María, en Puerto Rico había una seria crisis de acceso a vivienda segura que se agravó dramáticamente después del huracán María”.
“Nos preocupa que el periodo de solicitar servicios a FEMA expiró en medio de cuestionamientos sobre falta de acceso efectivo a los procesos de solicitud, y también que la asignación millonaria de fondos CDBG-DR se esté manejando sin adecuada participación ciudadana, excluyendo particularmente a comunidades desventajadas. Todavía al mes de junio, hay muchas personas que no tienen un lugar seguro donde vivir y este contexto es terrible ante la posibilidad del paso de un nuevo huracán”, expresó.
Sobre el derecho a la educación, la profesora Yudkin Suliveres, de Cátedra Unesco para la Paz, añadió: “estamos enfrentando uno de los peores momentos en la historia de la educación pública en Puerto Rico. Los reclamos de la comunidad escolar han sido burdamente ignorados, mientras la administración continúa adelantando un plan de privatización que no responde a las necesidades de nuestras y nuestros estudiantes”.
Las organizaciones denuncian además que en la actual crisis de derechos humanos que se vive Puerto Rico se cierran cada vez más dramáticamente los espacios democráticos, de correspondencia con el Estado y participación ciudadana.
Expresaron que el Estado insiste en esconder información vital como son las muertes de miles de personas a raíz de la negligencia crasa y la situación extrema de austeridad con que se enfrentó la emergencia.
“En este contexto, una de las pocas herramientas que tiene la población para expresar su indignación es la protesta, a la que el Estado ha reaccionado con exceso de uso de fuerza, represión, intimidación, arrestos ilegales, desincentivando que las personas ejerzan uno de sus derechos fundamentales, que es la libertad de expresión”, expresó Mari Narváez, directora de Kilómetro Cero.