La historia de nunca acabar comienza cada cuatro años cuando hay un cambio de administración en el gobierno de Puerto Rico. Aunque con diferentes personajes, el escenario es similar: crisis económica, amenazas al medio ambiente, un sistema de enseñanza que no responde a las necesidades de los estudiantes y la dependencia energética, entre otros.
Diálogo entrevistó a los profesores Argeo Quiñones, Ana Helvia Quintero, Heriberto Marín Centeno y Luis Bonilla, quienes pusieron en contexto la situación actual del país en términos de economía, educación, sistema de salud y salud ambiental respectivamente. Además, el equipo de trabajo del Instituto Nacional de Energía y Sostenibilidad Isleña (INESI) abordó el tema de la dependencia energética.
A continuación -desde su punto de vista-, un resumen sobre cuál es la situación actual del país. También, señalarán cuáles fueron los aciertos y desaciertos de la administración saliente, cuáles son los retos que se avecinan y el rol que deberá asumir la Universidad de Puerto Rico (UPR) para ayudar a mejorar la situación del país.
Hacer un cambio institucional para mejorar la economía
Cada cuatro años anda por el camino un gobierno -un partido- que viene y otro que se va. En el ínterin van dejando un montón de parchos y remiendos a una economía muy deteriorada. Pero, ninguno ha logrado poner en marcha una estrategia efectiva para mejorar la economía.
Argeo Quiñones, quien es catedrático del Departamento de Economía de la facultad de Ciencias Sociales en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, explicó a Diálogo que “la crisis, a prima facie, se nos presenta como la combinación de dos procesos económicos inseparables y que se retroalimentan: la crisis fiscal y la depresión económica [a nivel internacional]”.
Sin embargo, “al investigar a profundidad la situación, encontramos una crisis institucional, multidimensional y compleja, que pone en peligro la existencia del colectivo como país, como entidad social capaz de sostenerse a largo plazo”, añadió el economista.
Según Quiñones, por más de 40 años, la estrategia de los gobernantes de Puerto Rico ha sido poner en marcha algunas de las recomendaciones planteadas en el Informe Tobin que fue presentado en 1975 al entonces gobernador Rafael Hernández Colón.
Entre las recomendaciones principales del informe figuran: crear medidas que ayuden a reducir los gastos del gobierno y los sueldos, aumentar las contribuciones y crear incentivos para la inversión y el empleo por parte de las empresas exentas de contribuciones. El informe, también recomendó el “mercadeo responsable de los bonos de Puerto Rico”, indica el documento.
Quiñones entiende que lo propuesto en el informe “es el paradigma de la austeridad y la eficiencia administrativa compartida por los acercamientos tecnocráticos al problema”. Esto ya que las aproximaciones del informe a la economía de Puerto Rico son limitadas y “no identifican las relaciones de poder”.
“Sin la identificación de las relaciones de poder, y cómo operan, no es posible entender por qué los efectos de la crisis y la medicina amarga recetada no se dirigen hacia las verdaderas causas de la crisis y sí, contra los sectores menos favorecidos en el arreglo social”, aseguró el catedrático de la UPR en Río Piedras.
“El no atreverse a poner en marcha los cambios institucionales necesarios para comenzar a salir de la crisis de una manera justa y eficaz” fue el peor desacierto del gobierno saliente, según Quiñones.
Esto, “les llevó [al gobierno saliente] a declararse incapaces de solucionar la crisis y recurrir al poder central en Washington D. C.”, expresó el economista. Como resultado, a partir de enero una Junta de Control Fiscal manejará las finanzas de Puerto Rico.
El gobierno entrante enfrentará limitaciones similares al otro partido gobernante ya que no ha mostrado interés en hacer una restructuración institucional. Pero, el gobierno de Ricardo Rosselló actuará “sin un cuadro claro de lo que el poder central será o no será capaz de hacer por Puerto Rico”, según Quiñones.
Promover una educación “con sentido”
Cuando fue abordada por este medio sobre el estatus del sistema de educación en Puerto Rico, la doctora Ana Helvia Quintero recordó las palabras de su padre, el educador y ensayista Ángel Quintero Alfaro.
“Dentro de la escuela, los niños copiaban, repetían y memorizaban asuntos que ni a ellos, ni muchas veces a sus maestros les interesaba. El proceso de aprendizaje era algo ajeno a la mayoría de las clases”, rememoró la exsubsecretaria del Departamento de Educación (DE) de Puerto Rico.
Aunque las palabras de Quintero Alfaro se remontan a la década de 1940, cuando este participó en los procesos de reforma de la Universidad de Puerto Rico y del sistema público, esa escena “todavía reina en gran parte de los salones de clases”, aseguró la profesora de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras.
La administración saliente abonó a la perpetuación de esas circunstancias al “tratar de homogenizar el proceso de enseñanza”. Según Quintero, el Departamento de Educación promovió “que en todas las escuelas y a todos los niveles de talentos de los estudiantes se les enseñara lo mismo”. Asimismo, el DE “impuso a los maestros un proceso inflexible de enseñanza y un proceso de planificación que les tomaba mucho tiempo en llenar papeles”.
La profesora Quintero entiende que, contrario a la normativa de la administración saliente, hay que “transformar la enseñanza en un proceso vivo de interés para los estudiantes, que [los alumnos] aprendan ‘con sentido’ a analizar, interpretar y resolver problemas. [Que el aprendizaje sea] un proceso que permita a cada estudiante descubrir y desarrollar a un máximo sus talentos”.
Aún así, Quintero destacó como un acierto de la administración saliente la reducción de la administración central del DE y filosofías educativas que se plasmaron en documentos, aunque sin un plan estratégico para llevarlas a la práctica. Entre esas filosofías que propuso el DE, la profesora destacó la educación con perspectiva de género y el desarrollo de las ideas constructivistas en las clases de matemáticas.
Superar los estragos que enfrenta el sistema educativo, dependerá de la actitud con que los enfrente la nueva administración. Según Quintero, “si vienen a construir partiendo de lo positivo [que hizo la administración saliente], a nombrar por el mérito sin importar el partido [al que pertenezcan los funcionarios] y con interés de aprender de la práctica, pueden dar paso hacia esa educación que necesitamos”.
Transformar el sistema de salud a uno universal
Cada día son más las personas que padecen condiciones crónicas de salud como cáncer, diabetes, asma, enfermedades del corazón y obesidad. También, va en aumento el gasto personal en servicios de salud.
Según el doctor Heriberto A. Marín Centeno, director del Departamento de Administración de Servicios de Salud en el Recinto de Ciencias Médicas este crecimiento no es sostenible dada la crisis fiscal del gobierno y el estancamiento económico del país. Aun cuando existen programas públicos de salud como Mi Salud (Medicad) y Medicare y existen muchos planes de seguros médicos privados, cerca de un siete por ciento de la población no tiene un seguro de salud.
Aunque la mayoría de las condiciones crónicas son prevenibles, el aumento la incidencia de estas condiciones se debe a “el nivel inadecuado de inversión en los programas y servicios para la promoción de la salud y para la prevención primaria y secundaria”, según Marín Centeno, quien también es economista. Además, los intermediarios financieros –las aseguradoras- tienen demasiado poder e influencia sobre el sistema de salud en perjuicio de los pacientes, proveedores, las comunidades y las autoridades sanitarias.
“La única opción para salir de este atolladero es transformar el sistema de salud para que podamos invertir más, absoluta y proporcionalmente, en el rol proactivo y protector del sistema de salud, es decir, en programas e intervenciones de promoción y prevención de salud”, advirtió.
Marín Centeno entiende que el desacierto mayor de la administración saliente fue no haber cumplido su promesa de darle un seguro de salud a toda la población. Aún así, reconoce que “el acierto más importante que tuvo la administración de García Padilla fue la aprobación de la ley que creo el Consejo Multisectorial del Sistema de Salud de Puerto Rico”. Esto ya que, el consejo –adscrito al RCM- ha puesto a distintos sectores a dialogar y desarrollar consensos y una nueva visión de país.
“Creo que el Consejo va a tener un rol crítico en los próximos meses y años”, indicó Marín Centeno. Añadió que espera que el gobernador electo, no elimine el consejo, esté dispuesto a escuchar las recomendaciones y a tomar las decisiones correctas aunque estas no beneficien a los intereses económicos.
Mejorar la economía sin poner en riesgo el ambiente
Si hablamos sobre la protección de los recursos naturales, los dos aciertos más relevantes de la administración de Alejandro García Padilla fueron los siguientes: el incremento en el número de cuerdas de terrenos de áreas naturales protegidas y la aprobación del Plan de Uso de Terrenos de Puerto Rico (PUT).
Así lo aseguró Luis A. Bonilla Soto, catedrático y director del Departamento de Salud Ambiental de la Escuela Graduada de Salud Pública de la UPR.
Pero, la administración saliente “no desarrolló una política pública ambiental articulada y coherente sobre los recursos naturales”, según Bonilla Soto. El manejo de los residuos sólidos es un ejemplo de la problemática que esto representa.
Bajo la administración de Alejandro García Padilla se promovió el manejo integral (reciclaje, reúso, compostaje, entre otras estrategias) de los residuos sólidos. Pero, el gobierno mostró su apoyo al establecimiento de una planta incineradora en Arecibo “que lo que va a hacer es quemar la inmensa mayoría de los residuos sólidos que reciba para generar energía” sin reusar, reciclar o compostar los materiales.
El gobierno saliente también ha manifestado su apoyo a la permanencia de la carbonera Applied Energy Systems localizada en el pueblo de Guayama. Esta generadora de energía produce cenizas tóxicas que han sido depositadas en distintos municipios. Sobre este particular, Bonilla Soto advirtió que actualmente “tenemos el serio problema de contaminación de aire y de terrenos”.
Por otra parte, las pasadas administraciones le han prestado poca atención al cambio climático y “no han sido muy diligentes en ponerle límites al desarrollo costero desordenado”, comentó Bonilla Soto. Los manglares, los arrecifes de coral, los salitrales, las praderas de hierbas marinas, las playas y las dunas de arena, entre otros recursos costeros, están siendo muy afectados por este fenómeno natural.
Además, la situación económica del país aumenta el grado de vulnerabilidad de los recursos naturales. La posible revisión y edición del PUT, a solo un año de haber sido aprobado, “levanta mucha incertidumbre sobre lo que va suceder con el uso de terrenos en el país a partir de enero del 2017”. Esto ya que los ecosistemas son “activos valiosos” y el gobierno podría utilizarlos para el desarrollo de proyectos que no estén en armonía con los usos estipulados en el PUT, según Bonilla.
El catedrático expresó que el mayor reto de la administración entrante será desarrollar proyectos que adelanten la economía, pero que no afecten el ambiente.
Buscar la sostenibilidad energética
El apagón general ocurrido el pasado 21 de septiembre puso en evidencia las fallas en mantenimiento y confiabilidad del sistema y sus estructuras de gobernanza y toma de decisiones. “Es evidente que la transición a fuentes renovables es urgente”, manifestó el perito electricista y catedrático de la UPR en Mayagüez, Lionel Orama Exclusa, junto a la doctora Loraima Jaramillo Nieves, asociada de investigación de INESI.
Según los especialistas en energía sustentable, la transformación de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) “se complica ya que la corporación pública, -responsable de la inversión de capital- enfrenta una deuda de $7 mil millones la cual difícilmente se podrá saldar en los próximos años”.
No obstante, con la aprobación de la Ley 57 de 2014, mejor conocida como la Ley de Transformación y ALIVIO Energético de Puerto Rico, la administración de Alejandro García Padilla dio un buen paso al frente. Gracias al estatuto, se crearon varias entidades que han comenzado a fiscalizar la AEE.
Desde el 2014, la AEE debe compartir las riendas del sector eléctrico con la Comisión de Energía de Puerto Rico, la Oficina Estatal de Política Pública Energética y la Oficina Independiente de Protección al Consumidor. Estas entidades deben velar por las mejores prácticas de la AEE en la generación, distribución, transmisión y servicio.
No obstante, “la administración saliente no logró, aún con la contratación de Alix Partners ascendiente a 47.3 millones, una restructuración en la deuda de la AEE que se traduzca en un mejor sistema eléctrico para el país. Tampoco aportó soluciones de financiamiento de las operaciones actuales”, coincidieron Orama Exclusa y Jaramillo Nieves.
Ambos miembros de INESI entienden que los retos de la administración entrante son tanto operacionales y fiscales como de política pública.
Orama Exclusa y Jaramillo Nieves destacaron que en términos operacionales, el reto de la AEE es actualizar las plantas existentes para cumplir con estándares nuevos, integrar fuentes renovables en una proporción mayor, implementar el almacenamiento para manejar la intermitencia de las fuentes renovables, revisar las tarifas, entre otros aspectos. Igualmente, la nueva administración tendrá el reto de la restructuración de la deuda y la gestión de las operaciones sin aumentar la deuda actual.
Contar con la Universidad de Puerto Rico
Tanto Quiñones como Quintero, Marín Centeno, Bonilla Soto, Orama Exclusa y Jaramillo Nieves están de acuerdo en que la UPR es una pieza clave para solucionar los problemas que enfrenta el país.
“La UPR es fuente inagotable de talento para entender la crisis y ayudar a formular la política adecuada para superarla, minimizando el costo social que se le impone al país y maximizando posibilidades para un desarrollo pleno, justo y sostenible”, manifestó el profesor Quiñones.
En términos de educación, la profesora Quintero destacó que la UPR debe involucrase más en el desarrollo de estrategias que le permitan a los maestros poner en práctica las teorías que se les enseñan en la Universidad.
Por su parte, el equipo de INESI y el profesor Bonilla Soto señalaron que el gobierno debe establecer alianzas multisectoriales y contar con los profesionales y especialistas que hay en la UPR para desarrollar proyectos e investigaciones que permitan entender la situación que enfrenta el país y proponer soluciones.
Pero, Quiñones entiende que para que la UPR pueda identificar los problemas y presentar soluciones, es necesario despolitizar la institución y “ver la educación pos secundaria de excelencia como una importante inversión para el desarrollo del país y no como un gasto público”.