La Organización Internacional para las Migraciones (OIM), en su carácter de organismo de las Naciones Unidas especializado en migraciones, promueve que la migración tenga lugar en forma humana y ordenada, proveyendo servicios y asistencia a gobiernos y migrantes.
Como parte de esta misión la OIM aboga y se involucra únicamente en aquellas iniciativas de gobernanza migratoria que representan las mejores soluciones, tanto para las personas migrantes como para sus países y comunidades de origen, tránsito, destino y retorno.
Tomando como base este principio, la OIM no se involucra, ni participa, ni aboga por ningún tipo de retorno forzado, incluidas las deportaciones.
La deportación es el acto del Estado en el ejercicio de su soberanía mediante el cual envía a un extranjero fuera de su territorio, a otro lugar, después de rechazar su admisión o de habérsele terminado el permiso de permanecer en dicho Estado.
Ahora bien, en el ejercicio de su soberanía, el Estado está obligado a respetar los derechos humanos de las personas y a apegarse a la legalidad. En este sentido, las deportaciones, al igual que cualquier otro acto del Estado, deben siempre llevarse a cabo con pleno respeto a los derechos humanos de las personas deportadas.
Pero más allá de la legalidad de la deportación, las políticas migratorias en general -y las deportaciones, en lo particular- deben necesariamente valorar y conciliar el derecho de los Estados, con la protección de los derechos y las libertades individuales de toda persona, sin importar su condición migratoria.
Aunque dicha valoración puede resultar complicada, de ninguna manera debemos considerar que los conceptos de soberanía y de derechos humanos sean mutuamente excluyentes.
No existe una fórmula migratoria mágica o universalmente aplicable para que el Estado ejerza su facultad de retirar a un migrante de su territorio. Pero sí existen, sin embargo, formas efectivas y humanas de hacerlo.
Una buena gobernanza migratoria respeta el derecho soberano de un Estado de decidir quién puede entrar a su territorio, y la exigencia de que quienes entran a él acaten sus leyes y respeten sus costumbres; pero también vela por los derechos de las personas y toma en cuenta los principios de solidaridad y humanidad, al considerar la necesidad de migrar que tienen y han tenido muchas personas a lo largo de la historia en la búsqueda de una vida mejor para sí mismos y sus familias; de hecho, la estrategia de reducción de la pobreza más antigua que conoce la humanidad ha sido la migración.
Una deportación indiscriminada deja de lado el segundo elemento de este escenario más humano para la migración.
Para OIM, la decisión de deportar o no a una persona debe contemplar, entre otros elementos, los estándares e instrumentos internacionales de derechos humanos como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención de los Derechos del Niño, o la Convención contra la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Estos elementos adicionales son, entre otros derechos y principios, el derecho al debido proceso, el derecho a la unidad familiar, el principio de “non refoulement (no devolución)”, el principio del interés superior del niño y de la niña, el arraigo de la persona en el país de destino, el historial de respeto a la ley, los aportes a las comunidades de acogida y los principios de protección humanitaria.
Además, existen muchas formas mediante las cuales los gobiernos pueden acercarse a una gobernanza más humana de las migraciones. Descriminalizar la migración irregular, abrir procesos de regularización para los migrantes que cumplan ciertos requisitos o adoptar leyes que permitan doble nacionalidad y visas de múltiples entradas son algunas de las aproximaciones a este escenario.
También existen los programas de retorno voluntario asistido con reintegración, los cuales salvaguardan la dignidad y los derechos de los migrantes al concretar los retornos, al tiempo que vinculan el regreso de los migrantes al desarrollo de sus comunidades de origen y previenen la reincidencia de la migración irregular. Desde 1979, la OIM ha asistido el retorno voluntario de 1.3 millones de migrantes a sus países de origen.
Alcanzar una gobernanza humana de las migraciones no es solamente un imperativo ético, sino también una necesidad para el crecimiento de los países de origen y destino y un llamado urgente a que se reconozcan los múltiples beneficios de una migración ordenada y humana.
