El gobierno de la República Dominicana ha expulsado ilegalmente hacia Haití a cientos de dominicanos que se han visto atrapados en la oleada de deportaciones y retornos que ha afectado a más de 100,000 personas en los últimos meses, al menos, así lo ha manifestado Amnistía Internacional.
En este nuevo informe -publicado un año después de que la República Dominicana diera por concluida la suspensión de las deportaciones- revela la irresponsabilidad con que los dos gobiernos están manejando la deportación, la expulsión y el retorno “espontáneo” de decenas de miles de personas de la República Dominicana hacia Haití tras un plan de regularización, de 18 meses de duración, para las personas extranjeras indocumentadas que viven en la República Dominicana.
El informe, “¿Dónde vamos a vivir?” Migración y apatridia en Haití y la República Dominicana, se presentó ayer en Casa Ruth en Río Piedras, según el comunicado de prensa.
“Desde que privaron arbitrariamente de su nacionalidad a miles de personas dominicanas de ascendencia haitiana, las autoridades de la República Dominicana han creado una crisis de derechos humanos que está dejando a decenas de miles de personas en un limbo jurídico absoluto y desesperado”, manifestó Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Más de 40 mil personas –entre ellas, cientos de menores de edad no acompañados– han sido deportadas de la República Dominicana hacia Haití entre agosto de 2015 y mayo de 2016, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y las organizaciones de la sociedad civil haitianas.
Al menos, otras 68 mil regresaron a Haití “espontáneamente”, en muchos casos, tras recibir amenazas o por el temor a sufrir persecución y violencia en el país vecino.
Aunque el 85 por ciento del total dijeron a la OIM que habían nacido en Haití, un 15 por ciento afirmó haber nacido en la República Dominicana. La mayoría son hijos e hijas de personas migrantes haitianas que han regresado “voluntariamente”, pero que podrían tener derecho a la nacionalidad dominicana. Según verificaciones del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, casi 1,600 personas que tienen derecho a la nacionalidad dominicana han sido expulsadas ilegalmente del país.
De esta forma, unas dos mil personas viven desde agosto de 2015 en seis campamentos improvisados cerca de la localidad fronteriza de Anse-à-Pitres, en el sur de Haití. Las condiciones en los campamentos son pésimas, con poco acceso a comida, agua, instalaciones de higiene o atención médica. Durante varios meses, las autoridades haitianas no asumieron el liderazgo para encontrar una solución y no fue hasta mediados de febrero de 2016 que se estableció un plan para reubicar a todas las familias en las zonas que ellas mismas eligieran.
Las escasas mejoras introducidas por el gobierno de la República Dominicana en la forma de llevar a cabo las deportaciones –como evitar las destierros colectivas y asegurarse de que no se realizan exilios en la noche– no bastan para garantizar la protección de los derechos de las personas afectadas. Por ejemplo, no han incluido una selección rigurosa individual para determinar qué personas deben ser deportadas, ni han garantizado que no se expulse a nadie que tenga derecho a permanecer en la República Dominicana.
Así, muchas de las deportaciones se llevan a cabo sin que quede constancia alguna. Algunas de las personas deportadas afirman que las detuvieron en la calle y, al no poder mostrar allí mismo sus documentos de identificación, las llevaron directas a la frontera.
A ninguna de las personas entrevistadas por Amnistía Internacional le entregaron una orden de deportación ni le dieron la oportunidad de impugnar su legalidad ante los tribunales. Tampoco les ofrecieron asistencia judicial.
Personas dominicanas de ascendencia extranjera
En septiembre de 2013, el Tribunal Constitucional de la República Dominicana resolvió que los niños y niñas nacidos en el país desde 1929 de padres extranjeros indocumentados no habían tenido nunca derecho a la nacionalidad dominicana. La sentencia afectaba desproporcionadamente a las personas dominicanas de ascendencia haitiana, y constituía una privación retroactiva, arbitraria y discriminatoria de la nacionalidad.
Y es que la falta de nacionalidad significa que la persona afectada no puede ejercer derechos y acceder a servicios básicos como el empleo formal, la educación y la atención médica. Así, quienes se ven privados de su nacionalidad no pueden viajar con seguridad por su propio país y corren peligro de sufrir detención y expulsión arbitrarias.
Tras expirar el plan de regularización el 18 de junio de 2015, las autoridades dominicanas dijeron que no expulsarían a ninguna persona que pudiera demostrar que había nacido en la República Dominicana. También, prometieron que cada caso se evaluaría individualmente y que se cribaría a las personas nacidas en el país y se las protegería de la expulsión.
Sin embargo, cientos de personas dominicanas de ascendencia haitiana -y también personas apátridas- se han visto atrapadas en una oleada continua de expulsiones y deportaciones. No existen mecanismos formales que permitan a las personas expulsadas erróneamente ser readmitidas formalmente en la República Dominicana y pedir reparación. Además, las autoridades haitianas no cuentan con mecanismos para hacerse cargo de las personas dominicanas de ascendencia haitiana que han sido expulsadas o han llegado a Haití, incluidas las que son apátridas.
“Ya es hora de que las autoridades tanto dominicanas como haitianas se tomen en serio su responsabilidad y protejan los derechos de las miles de personas que se han quedado en este limbo”, manifestó Erika Guevara-Rosas.
Asimismo continuó: “Las autoridades dominicanas recién elegidas deben emprender acciones urgentes para abordar esta crisis. Deben detener de inmediato las expulsiones ilegales de personas nacidas en la República Dominicana y asegurarse de que todas las deportaciones de personas migrantes indocumentadas se llevan a cabo de acuerdo con el derecho internacional. Además, deben restituir su nacionalidad a las decenas de miles de personas dominicanas de ascendencia haitiana que se han visto privadas arbitrariamente de ella”.
