Preocupados por la situación por la que atraviesa la Universidad de Puerto Rico (UPR) en estos momentos la Hermandad de Empleados no Docentes (HEEND) y la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU) enviaron una misiva la semana pasada a los empleados de la institución cuestionando las acciones que el gobierno ha tomado en detrimento del funcionamiento de la Universidad y exhortando a las autoridades administrativas del País a que perciban a la universidad como instrumento facilitador del desarrollo económico de la Isla.
En el documento ambas organizaciones sindicales cuestionaron que el gobierno haya tomado prestado de forma exorbitante y que ahora no haya dinero en las arcas del Estado para cubrir las necesidades sociales más apremiantes.
“El Gobierno tiene la obligación de proveer a los ciudadanos los servicios esenciales: salud, educación, seguridad, entre muchos (deuda social). Esto se hace con las contribuciones que pagamos (recaudos). Ante el aumento desmedido de la deuda financiera el gobierno despidió empleados y aumentó las impuestos. Aun así las recaudos no dan: resultando en la disyuntiva entre proveer los servicios al pueblo, o pagar a los bonistas”, cita el documento titulado: Declaración conjunta sobre la deuda pública, la Universidad y el retiro.
De la misma forma, ambos gremios calificaron como “inaceptable” las medidas de austeridad que han tomado los partidos políticos para solventar el problema fiscal de Puerto Rico, como los despidos y el alza de impuestos.
“La UPR no está exenta de los intereses de los bonistas y las casas acreditadoras de utilizar nuestros recursos para solventar los problemas de liquidez del gobierno”, expresaron refiriéndose a la supuesta intención de la Junta de Gobierno de solicitarle dinero al Sistema de Retiro de la institución para cubrir la insuficiencia de fondos que atraviesa el sistema UPR debido al retraso en el pago total de las remesas que por ley debe hacer llegar el Departamento de Hacienda a la UPR mensualmente. Dicha alegación fue desmentida por el presidente Uroyoán R. Walker en entrevista con Diálogo, cuando aclaró “no se contempla en este momento, ni se ha contemplado acudir al sistema de retiro (de la UPR) para utilizar los fondos que allí están”.
“Ante este escenario, el 15 de enero de 2016, las organizaciones sindicales y universitarias nos reunimos con la Junta de Retiro y acordamos solicitarle una reunión al doctor Jorge Sánchez, presidente de la Junta de Gobierno, para que haga valer la disposición reglamentaria que dispone que el presidente de la Junta de Retiro sea convocado a las reuniones del Comité de Asuntos Financieros y de Sistema de Retiro. Es en este comité donde se discuten las propuestas e informes que afectan nuestro retiro, por lo que se hace indispensable la representación de la Junta de Retiro para tener información de primera mano y aportar al análisis”, añade la carta.
También proponen que la Junta de Gobierno de la UPR defienda el presupuesto de la Universidad asignado mediante fórmula; que el gobierno priorice en pagar la deuda social (la prestación de los servicios tales como salud, educación, protección de la niñez y derechos de los empleados públicos); que se audite la deuda para saber qué parte es legal; que el gobierno decrete una moratoria en el pago de la deuda a los bonistas; y que se establezca un plan de pagos de la parte legal que le permita al gobierno cumplir también con sus responsabilidades con el pueblo.
Por otro lado, la HEEND y la APPU exhortaron a las autoridades gubernamentales a que en lugar de ver a la UPR como una fuente de pago para los bonistas, se perciba como un recurso vital para impulsar el desarrollo económico de la Isla.
“Ante la crisis que enfrenta el País, debe ser la Universidad del Estado el principal promotor de proyectos que revitalicen el desarrollo económico, como lo ha demostrado con Lufthansa, investigaciones científicas y los servicios que se prestan en el Recinto de Ciencias Médicas, entre otros”, sostuvieron.
Finalmente los sindicatos manifestaron que están dispuestos a hacer todo lo necesario por defender la Universidad. “Nos proponemos fortalecer nuestro reclamo con la acción sindical y social que sea necesaria”, concluyen.
Se expresa el Consejo de la UPR-RP
Por su parte, el Consejo General de Estudiantes del Recinto de Río Piedras (CGE), solicitó la renuncia del Presidente de la UPR, Uroyoán Walker Ramos, alegando que no ha sumplido con “su rol de defensa de la autonomía universitaria”.
En un comunicado oficial, el Consejo señaló que el Presidente ha apoyado la Ley 66 del 2015 que congeló el presupuesto asignado a la Universidad, al tiempo que ha descartado propuestas del cuerpo estudiantil tales como reducir significativamente la nómina destinada para puestos de confianza y llevar a cabo una reestructuración administrativa y académica de la principal institución académica del País. Además de la renuncia, el CGE solicitó a Walker Ramos la devolución del salario devengado en el pasado año, y exigió a la Junta de Gobierno de la UPR el nombramiento de un Presidente comprometido con propuestas dirigidas a “fortalecer la autonomía de la institución respecto al Gobierno Central”.
Puede leer el documento a continuación.
