El presidente interino de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Darrel Hillman Barrera, catalogó como “responsable e inteligente” la decisión que tomaron los estudiantes del Recinto de Río Piedras ayer en su asamblea general al rechazar un paro de 72 horas.
“La determinación de los estudiantes demuestra que realmente atesoran la institución y reconocen los grandes retos que afronta en este momento. Puerto Rico y la universidad enfrentan una nueva realidad que exige la unidad de todos los sectores y la implementación de nuevos métodos que nos permitan superar los obstáculos y salir hacia adelante más fuertes que nunca. Reitero que esta administración está abierta al diálogo honesto y sosegado a los fines de analizar distintas alternativas en beneficio de la institución”, puntualizó el presidente interino.
“Respetamos y respaldamos el ejercicio de la libertad de expresión por parte de los estudiantes en repudio a medidas injustas que atentan contra el primer centro docente en la isla. Nos alienta que reconozcan la necesidad de mantener la universidad abierta y de salvaguardar el derecho de todos a la educación”, enfatizó en declaraciones escritas.
En el cónclave, llevado a cabo en el Coliseo Roberto Clemente, el estudiantado optó por realizar un “sal pa’ fuera” el jueves de la semana entrante entre 10:00 a.m. y 8:30 p.m., así como una manifestación al día siguiente.
Ambos actos de expresión pública se realizarán en repudio a los recortes que desde el gobierno sufrirá la UPR, así como a los aumentos al costo de matrícula que servirán para paliar dicha reducción.
Según lo aprobó la Junta de Gobierno de la UPR en su última reunión ordinaria, a los estudiantes de bachillerato se les duplicará el costo por crédito para el año académico 2018-2019, lo que redundaría en un gasto de cerca de $900 adicionales por una carga académica de 15 créditos.
La Junta de Gobierno aún no ha aprobado la magnitud del aumento para los estudiantes graduados, pero según el plan fiscal que certificó en marzo –y que han planteado que defenderán por encima del plan certificado por la Junta de Control Fiscal– estos sufrirían un incremento promedio en costos de $700 para el siguiente año académico.
