Las autoridades penitenciarias de los Países Bajos han decidido cerrar ocho prisiones debido a la falta de reclusos.
Holanda cuenta con una estructura carcelaria para acoger a 14 mil reos pero el número actual es de 12 mil.
Para reajustar la situación, las autoridades del país cedieron cárceles a sus vecinos belgas en régimen de alquiler. Con esta fórmula, los Países Bajos ingresan cerca de 30 millones de euros únicamente con el centro penitenciario de Tilburg, situado al sur del país.
En paralelo, se ha planteado la necesidad de reducir drásticamente el tamaño de la plantilla del personal de las Instituciones Penitenciarias. Con esta medida se podrían eliminar 1.200 puestos de trabajo.
Holanda cuenta con una población de 16,6 millones de habitantes y tiene en la actualidad 12 mil presos.
Según el Centro Internacional de Estudios Carcelarios, el King´s College de Londres, Estados Unidos tiene 2.300.000 presos entre rejas, lo que supone la cuarta parte de los reclusos del mundo.
China ocupa el segundo lugar con 1.600.000, a pesar de tener cuatro veces más habitantes que el país norteamericano. Esta cifra excluye a los disidentes que están en el sistema extrajudicial de reeducación por medio del trabajo.
En Latinoamérica, Brasil lidera el ranking regional con 549.577 reclusos. Le siguen Colombia con 114.697, Perú con 59.451, Argentina con 59.227 y Venezuela con 50 mil presos.
Cambios en el modelo carcelario
Entre 1985 y 1995, el estado holandés dobló el número de celdas debido al aumento de la criminalidad en la década de los 70.
En 1989 se introdujo un cambio en el Código Penal por el que el juez podía imponer como sanción un número de horas de trabajo en servicio a la comunidad, en lugar de la pena de prisión. Estas sanciones se pusieron en marcha en 1997 y el número de encarcelados con pena de más de seis meses bajó de 23.500 a 18 mil.
Este nuevo modelo defendía que los trabajos en favor de la sociedad favorecían la reinserción social del transgresor, al no estigmatizarlo como un criminal con la pérdida de libertad.
En este sentido, el número de reincidentes era un 20 por ciento inferior entre los que habían realizado trabajos sociales que entre los que habían estado en prisión.
También hay argumentos económicos que justifican la aplicación de este sistema. Un delincuente castigado con trabajos sociales sigue con su empleo y realiza las tareas en tiempo libre, mientras que un preso cuesta al Estado cien mil euros por año.
