Las mujeres constituyen dos tercios de las 1,400 millones de personas que viven en la extrema pobreza y el 60 por ciento de los 572 millones de trabajadores pobres, según diversas estimaciones.
Las mujeres y las niñas aún padecen un estatus de subordinación, tienen menos oportunidades, ingresos más bajos, menos control sobre los recursos y menos poder que los hombres y los niños.
La preferencia por el varón sigue privando a las niñas de la educación. Y el peso del cuidado que soportan las mujeres atenta contra sus oportunidades de formación y desarrollo profesional.
Un estudio de la Federación Internacional de Paternidad Planificada analiza los vínculos entre los derechos de salud sexual y reproductiva y tres aspectos centrales de la igualdad de género: desarrollo social, participación económica y política y vida pública.
El informe “Derechos de Salud Sexual y Reproductiva (DSSR), la clave para la igualdad de género y el empoderamiento de mujeres”, ofrece recomendaciones específicas para los gobiernos y las agencias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
El informe evalúa de forma objetiva lo que ya se sospechaba, que los DSSR son fundamentales para lograr la igualdad porque cuando las mujeres gozan de buena salud, la trayectoria de sus vidas se puede transformar.
Hay cifras claras que muestran que la negación de los DSSR es causa y consecuencia de ideas profundamente arraigadas sobre qué significa ser hombre o mujer.
Las normas sobre género dejan a las mujeres y a las niñas en peligro e imposibilitadas de desarrollar todo su potencial. En casos extremos, hasta les cuestan la vida.
Las mujeres mueren porque no tienen acceso a servicios de aborto, pierden la vida por causas evitables relacionadas al embarazo y el parto o a manos de parejas violentas. Existen ejemplos de esto en todos los rincones del mundo.
Una de cada tres mujeres sufre a lo largo de su vida violencia de una pareja sentimental o agresión sexual de un desconocido. Y las que sufrieron violencia de sus parejas tienen 50 por ciento más de probabilidades de contraer el virus de inmunodeficiencia humana, causante del síndrome de inmunodeficiencia adquirida.
La violencia de género y sexual es un gran problema de salud pública en todo el mundo. Es una barrera al empoderamiento femenino y la igualdad de género y una limitación para el desarrollo con un gran costo económico.
La proporción de mujeres con empleos formales aumentó en el último medio siglo, pero un número sorprendente todavía trabaja en el sector informal debido a la desigualdad de género.
Independientemente de la cultura o del sistema económico, las mujeres siguen asumiendo el grueso de las tareas no pagas. Ellas constituyen la mayoría de los trabajadores del sector informal y son 83 por ciento de los trabajadores domésticos.
El trabajo en el sector informal puede ser más inseguro y precario, y tener un impacto concreto en los DSSR de las mujeres. Por ejemplo, la falta de regulación las deja más vulnerables a tener bajos salarios, a un acceso limitado a la salud o a la licencia maternal y a sufrir discriminación laboral, así como a la agresión sexual.
En casi todos los países, los hombres tienen más tiempo diario para el ocio, mientras las mujeres pasan más tiempo realizando actividades no remuneradas. Ellas dedican de una a tres horas más al día que los hombres realizando tareas domésticas; de dos a 10 veces más tiempo al día dedicadas al cuidado de hijos, ancianos o enfermos; una a cuatro horas menos al día en actividades comerciales.
En todo el mundo, la participación laboral de las mujeres de entre 25 y 39 años disminuye de 10 a 15 por ciento con cada hijo.
Las mujeres suelen tener menos acceso a las instituciones financieras y a mecanismos de ahorro. Mientras el 55 por ciento de los hombres tienen una cuenta bancaria, solo 47 por ciento de ellas tienen una.
En este ámbito, también los DSSR son clave, la verdadera estabilidad y el empoderamiento se logran asegurando que los marcos normativos en las economías formales e informales tomen en cuenta la vida reproductiva de las mujeres.
En el ámbito político, los roles de género limitan las oportunidades de las mujeres para participar en los procesos de decisión.
El rol de género de las mujeres está recalcado, tienen menos tiempo para actividades fuera del hogar, lo que limita su influencia en procesos de decisión informales, que suelen quedar escondida o no respetada.
No sorprende, entonces, que solo una de cada cinco integrantes de los parlamentos sea mujer.
Una de las razones de la baja participación femenina en la vida pública y política es que la política partidaria y los recursos estratégicos están dominados por los hombres.
Además, las mujeres tienen que superar barreras que los hombres no, como la falta de interconexiones y limitaciones para la realización de viajes laborales.
Las votantes tienen cuatro veces más probabilidades que los hombres de ser víctimas de intimidación durante los procesos electorales en países con aparatos estatales frágiles.
Lo que muestra el informe es que la desigualdad de género impide que las mujeres y las niñas cosechen los beneficios y contribuyan a la vida política, económica y social.
¿Cuál es la respuesta? A decir verdad, ningún enfoque por sí solo logrará cambios. Hay que apuntar a soluciones que sirvan para las complejas y variadas vidas de la población femenina.
Lo que sí se puede cambiar y que da en el centro de los esfuerzos para erradicar la pobreza y lograr los objetivos de desarrollo es defender los DSSR.
Si puedes decidir con quién vivir, qué le pasa a tu cuerpo y el tamaño de tu familia, si eres libre para tomar decisiones sobre esos derechos fundamentales, entonces podrás participar plenamente en la vida política, económica y social.
Es la libertad de la que fluyen todas las otras libertades.
Las mujeres y las niñas deben tener el derecho y la capacidad para tomar decisiones sobre sus vidas reproductivas y su sexualidad, sin por ello ser víctimas de violencia ni coerción ni discriminación.
De eso se trata la igualdad.
