Imperativo un seguro de salud universal ante la muerte del Obamacare

El programa de salud federal, conocido popularmente como el Obamacare, ha sido sentenciado a muerte por la nueva administración del presidente Donald Trump y su congreso republicano.

La propuesta republicana para sustituir el plan de salud establecido por la administración del expresidente Barack Obama está plasmada en el proyecto de ley America Health Care Act(AHCA) o como ya lo han bautizado algunos: Trumpcare. Este proyecto mantiene algunos elementos del Obamacare, como la prohibición a las aseguradoras de no excluir a personas con condiciones de salud preexistentes y permitir que los padres puedan mantener a sus hijos en el plan médico hasta los 26 años.

Sin embargo, el Trumpcare tiene diferencias fundamentales del Obamacare entre las que se destacan las siguientes:

Elimina el mandato a todo individuo para que tenga que comprar un seguro médico y la penalidad contributiva federal por no hacerlo.
Los subsidios federales disponibles en los mercados de seguros individuales para ayudar a la gente a comprar seguros médicos se basarán en la edad del individuo y no en su ingreso.
Los estados recibirán los fondos de Medicaid en bloque, de acuerdo a la cantidad de su población, con un tope máximo por cabeza, pero, a cambio, se supone que los estados podrán usarlos de una manera más flexible.
Se liberarán las restricciones a las aseguradoras en el proceso de determinar el nivel de la prima que podrán cobrar en los mercados individuales de seguros.

El impacto potencial en Estados Unidos de la implementación del Trumpcare, si el mismo se aprueba como está propuesto, será dramático. En un informe acabado de salir, este martes 14 de marzo, el Congressional Budget Office (CBO) del Congreso de Estados Unidos estima que la implementación del Trumpcare provocará que para 2026 alrededor de 24 millones de norteamericanos perderán su seguro de salud.

Por otra parte, el CBO estima que habrá una reducción acumulada de $336.5 mil millones del déficit federal entre 2017 y 2026. Cuando se analizan estas cifras con detenimiento, hemos calculado que el gobierno federal estaría ahorrando por cada persona que pierde su seguro de salud un promedio de $1,385 anuales en subsidios federales que equivale a $115 por persona al mes.

La pregunta que nos hacemos es la siguiente: ¿desde el punto de vista salubrista, económico, humano y social, qué uso alternativo el gobierno federal le puede dar a esos $115 al mes por persona, que pueda ser más importante y beneficioso que el subsidiar el pago de un seguro de salud a sus ciudadanos garantizándoles el acceso a servicios de salud esenciales?

La respuesta debería ser clara y obvia. Sin embargo, como ya el presidente Trump ha anunciado, va a aumentar considerablemente en los próximos años el presupuesto a las agencias militares y de inteligencia de Estados Unidos y, por lo tanto, de algún lugar necesita sacar el dinero. En otras palabras, para Trump es más importante invertir en armas, espionaje, soldados y tecnologías militares, cuyas actividades históricamente sabemos que han generado destrucción, dolor y muerte a millones de personas alrededor del mundo, que invertir en dar acceso a sus propios ciudadanos, particularmente a la población más vulnerable, a los servicios esenciales de salud al cual todo ser humano tiene derecho.

Mientras tanto, aquí en Puerto Rico la aprobación e implementación del Trumpcare asegura que los $6,400 millones que el programa MI Salud empezó a recibir en el 2011 de fondos de Obamacare se acabarán a fines de 2017 o principios de 2018 y que los mismos no serán renovados por el gobierno federal. Esto, junto a las exigencias de reducciones presupuestarias de la Junta de Control Fiscal federal han colocado a la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico (ASES) en una situación difícil, ya que ante la inminente reducción dramática de fondos federales y estatales tendrán que hacer de tripas corazones.

El estado de salud de más de 1.5 millones de puertorriqueños de bajos ingresos y en situaciones vulnerables está en juego y puede deteriorarse dramáticamente dependiendo de las medidas que se tomen, lo que podría convertirse en una grave crisis social y humanitaria para nuestro país.

En mi humilde opinión, ante este cuadro, la única solución a mediano y largo plazo para tener un sistema de salud viable financieramente, eficiente y que le dé acceso equitativo a toda la población a servicios de salud efectivos y de calidad es que construyamos un sistema de salud universal con un seguro público que cubra a toda la población.

Ante la crisis que nos encontramos, ahora más que nunca, es imperativo que nos embarquemos en ese camino sin demora alguna. No nos queda otra opción, y realmente nunca la hubo, si queremos tener una sociedad solidaria, equitativa y saludable. Lograrlo no es difícil, ya muchos países del mundo lo han logrado, lo importante es tener la voluntad política para hacerlo.