Los rostros de la Impunidad: a un año de las protestas, las víctimas aún esperan justicia, es el título del informe desarrollado por la organización Amnistía Internacional, en relación a la violación de los derechos humanos durante el proceso de protestas estudiantiles en Venezuela, ocurridas desde febrero hasta julio del pasado año.
El documento, presentando en la Universidad Metropolitana de Puerto Rico, presenta las historias de decenas de personas detenidas por participar en las huelgas estudiantiles y que fueron sometidas a torturas y otros malos tratos, como golpes, quemaduras, agresiones sexuales y psicológicas, asfixia, descargas eléctricas y amenazas de muerte.
Amnistía Internacional ha convertido su investigación en un reclamo al gobierno venezolano para que tome acción y lleve ante la justicia a los responsables de los sucesos, quienes en su mayoría no han comparecido ante los tribunales.
Durante las protestas, los estudiantes demandaban mayor seguridad en sus instituciones universitarias, a razón de la ola de violencia que arropa al país suramericano y además, denunciaban la escasez de productos y la recesión económica.
El saldo de la movilización estudiantil, según el informe, fue de 43 muertos, 878 heridos (incluyendo personal de las fuerzas armadas), decenas de personas maltratadas y torturadas, y 3,351 detenidas arbitrariamente. Según la organización, la responsabilidad de estos sucesos recae en los agentes del orden público de Venezuela y en las manos de ciudadanos pro gobierno, que tomaron las armas y se enfrentaron a los manifestantes.
Estos datos fueron recopilados a través de entrevistas realizadas a los abogados de los agredidos, periodistas, ciudadanos informantes, entidades gubernamentales y las víctimas directamente. También, se utilizaron documentos oficiales como informes médicos y forenses.
De acuerdo con Amnistía Internacional, el Ministerio Público, entidad gubernamental venezolana perteneciente al poder ciudadano y con autonomía, de todas las violaciones de los derechos humanos reportadas, menos del 3 por ciento de estos casos resultaron en acusaciones formales.
Es por esta razón que la organización se ha unido a otras entidades internacionales como las Naciones Unidas y su Comisión Internacional de los Derechos Humanos, para denunciar que el estado venezolano no garantizó la seguridad de los manifestantes.
Según Pedro Santiago, director ejecutivo de Amnistía Internacional sección de Puerto Rico, hubo cuatro violaciones concretas a los derechos humanos: el uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias, uso de tortura y malos tratos e impunidad.

De izquierda a derecha, Pedro Santiago y René Kondroup durante la presentación del informe en la Universidad Metropolitana de Puerto Rico.
Santiago dejó claro los reclamos de la organización Amnistía Internacional, al estado de Venezuela.
“Estamos pidiendo que a las personas se les permita acudir a organismos internacionales sin repercusión ni persecución, estamos solicitando reparación adecuada a las víctimas y en caso de las personas que hayan fallecido, a sus familiares. También, que pongan en práctica los derechos internacionales y sus propias leyes”, destacó Santiago durante su intervención.
También comentó que permitir que los sucesos ocurrentes en las protestas estudiantiles queden impunes, significaría la posibilidad de que en un futuro se continúen violentando los derechos humanos.
Por su parte, René Kondrup, coordinador de activismo de Anmistía Internacional sección de Puerto Rico, ofreció detalles sobre individuos a quienes le fueron violentados sus derechos.
“Génesis Carmona fue a protestar con su mamá y amigos, ella estaba en una línea de protestas y cuando se abrió esta línea, comenzaron a entrar personas en motocicletas y a disparar, la mayoría de la gente se tiró al piso, pero Génesis trató de correr. Una bala le impactó en la cabeza y murió el día después”, explicó Kondrup.
De igual manera ambos conferenciantes destacaron que los familiares de las víctimas y sus abogados han sido hostigados e intimidados a consecuencia de buscar justicia. También, defensores de los derechos humanos que han denunciado abusos, han sido objeto de ataques.
Según el informe, después de las protestas, ha continuado el uso excesivo de la fuerza armada contra manifestantes, así como las detenciones. En el mes de febrero se produjo el arresto del alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, por causas políticas, y la muerte de un joven de 14 años a manos de la Policía en Táchira.
Amnistía Internacional detalla que a pesar de sus reclamos, Venezuela, a finales de enero de 2015 a través del Ministerio del Poder Popular para la Defensa emitió una resolución que permite la actuación de todos los componentes de las fuerzas armadas en el control del orden público, autorizándoles, bajo el amparo del Estado, el uso de armas de fuego en tales circunstancias, incluyendo protestas públicas.
René Kondrup, instó a los presentes y a la población puertorriqueña en general a apoyar la causa de Amnistía Internacional para que el gobierno de Venezuela responda. Destacó que el uso de las redes sociales es una herramienta que los ciudadanos pueden usar para estos fines. Finalmente, invitó a todos a escribir directamente a las cuentas oficiales del presidente venezolano, Nicolas Maduro, exigiendo justicia.