Los primeros meses de 2018 serán definitorios para dilucidar el futuro del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), cuya renegociación fue impuesta por el presidente estadounidense Donald Trump y ante la que México está expectante sobre sus consecuencias económicas y sociales.
Luego de cinco rondas de negociaciones ministeriales, iniciadas en agosto, los avances divulgados por Canadá, Estados Unidos y México -los tres socios del pacto vigente desde 1994-, son escasos, en unas discusiones marcadas por la rispidez de las posturas y su secretismo.
“Estados Unidos sigue con sus planteamientos iniciales, todo encaminado a reducir el déficit comercial con México y Canadá. La cuestión es que Canadá y México no están aceptando esas posturas”, dijo Arturo Huerta, académico de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México.
El especialista destacó a Inter Press Service (IPS) que “México ha venido cediendo mucho, en la perspectiva de que Estados Unidos se mantenga dentro” del TLCAN, mientras Washington “va a seguir tratando de sacar lo más posible y si no logra lo fundamental, su planteamiento es que se va a retirar” del acuerdo.
De los 30 capítulos que se discuten en otras tantas mesas, han sido cerrados hasta ahora solo dos: pequeñas y medianas empresas y competencia económica.
El 22 de noviembre, la mexicana Secretaría (ministerio) de Economía informó que las negociaciones avanzaron en temas como anticorrupción, telecomunicaciones, facilitación comercial y comercio electrónico.
Pero temas laborales, como el cierre de la brecha salarial entre los socios; las reglas de origen, que estipulan el contenido regional obligatorio de cada producto; los mecanismos de resolución de controversias; la propiedad intelectual y posibles cuotas para exportaciones agrícolas, especialmente para frutas y hortalizas mexicanas, estancan los debates.
Las prioridades de Estados Unidos incluyen nuevas medidas fitosanitarias, mayor protección de la propiedad intelectual, medidas laborales y ambientales y la posible eliminación del capítulo de resolución de controversias, que instituye paneles especiales para abordar prácticas comerciales desleales.
Mientras, México se enfoca en energía, comercio digital y pequeñas y medianas empresas.
En tanto, Canadá se centra en la inclusión de estándares laborales, ambientales y de género, mayor flujo migratorio, pueblos indígenas, la revisión del mecanismo de resolución de diferencias y un mercado de compras gubernamentales más abierto.
Estados Unidos plantea que el TLCAN se termine automáticamente cada quinquenio, a menos que las tres naciones pauten su renovación. Ante ello, México respondió con el planteamiento de que haya una revisión por lustro que no conlleve su cancelación.
Las negociaciones, que los ministros concertaron que se reanuden el 28 de enero en la ciudad canadiense de Montreal, abarcan también temas no incluidos en el texto original, como energía, comercio electrónico y las actividades digitales.
El replanteamiento del tratado fue forzado por el republicano Trump, que llegó en enero a la Casa Blanca con la promesa durante su campaña electoral de que su país se saldría del acuerdo si no lograba una revisión conveniente para sus intereses.
Para Steve Suppan, analista de políticas del estadounidense Instituto para las Políticas Agrícolas y Comerciales, el nuevo TLC implicará la entrada de organismos genéticamente modificados y productos de biología sintética, una tecnología basada en el recorte de genes sin necesidad de inyectar otros de otros organismos.
“Estados Unidos ha decidido no regular granos y hortalizas diseñadas con nuevas técnicas” y que ingresarían en el TLC, dijo a Inter IPS desde la sede del Instituto en la ciudad estadounidense de Minneapolis.
Una decisión judicial mexicana mantiene en suspenso desde 2013 la autorización para la siembra comercial de maíz transgénico, aunque el país permite la importación de grano genéticamente modificado.
Para México, la manufactura automotriz, la maquila de exportación (producción y ensamblaje para terceros libre de impuestos del sector textil, maquinaria y electrodomésticos), la agroexportación y los servicios financieros figuran entre los ganadores de los 23 años de liberalización trilateral.
Entre los mayores perdedores, los especialistas académicos y activistas de los sectores afectados, figuran la pequeña agricultura –incluida la tradicional del maíz y el frijol, parte de la dieta básica mexicana-, y el sector alimentario en general.
Los no gubernamentales Centro Mexicano de Derecho Ambiental y Grupo de Vicente Guerrero dirigieron el 13 de este mes una carta a las secretarías de Agricultura, Economía y las presidencias del Congreso Legislativo y el Senado para solicitar que en la renegociación se proteja el sistema tradicional de cultivo, la milpa, de “los embates de la agricultura agroindustrial”.
También demandaron impulsar modificaciones al marco jurídico del sistema agroalimentario nacional y ejecutar programas que promuevan los agroecosistemas tradicionales, la diversificación productiva, la agrobiodiversidad nativa, los fondos comunitarios y ferias de semillas, los tianguis (mercados callejeros) y mercados locales.
Igualmente pidieron la participación de los campesinos en la elaboración de estos programas, en un ejemplo más de la movilización de la sociedad civil que presionan por un tratado que beneficie a las mayorías y no al gran capital.
El TLCAN impulsó de hecho la dependencia comercial de México con su vecino, con quien el intercambio equivale a más de 80 por ciento de sus ventas externas totales. Mientras, el flujo con Canadá suma aproximadamente cinco por ciento. En los dos casos las balanzas bilaterales son superavitarias para México.
Escenarios futuros
Hasta ahora, el análisis sobre las secuelas de la renegociación o abandono estadounidense proviene principalmente de esa nación. Tres estudios recientes, comisionados por el Servicio de Investigación Legislativa (CRS, en inglés), adscrito a la Cámara de Representantes de ese país, identifican varios escenarios.
El reporte “La renegociación y modernización del TLCAN”, publicado en octubre, señala que el panorama del proceso es “incierto”, pues “parece haber temas clave de diferencia en asuntos mayores, incluyendo reglas de origen, la revisión del mecanismo de resolución de controversias, derechos laborales, ambiente y el papel del TLCAN en el déficit comercial trilateral”.
En cuestiones agrícolas, el documento “Efectos potenciales del retiro de Estados Unidos del TLCAN: mercados agrícolas”, lanzado en noviembre, concluyó en que la aplicación de tarifas de nación más favorecida para las importaciones agrícolas de Estados Unidos aumentarían precios para los consumidores internos para otros usuarios finales, como los fabricantes de productos alimenticios con valor agregado.
Eso supondría, alerta, una pérdida de competitividad para el propio Estados Unidos.
El trato de nación más favorecida se refiere a igualar las condiciones más favorables de acceso a mercados que se hayan concedido a cualquier país y que deben otorgarse automáticamente a otras naciones, tengan o no acuerdos comerciales al respecto.
Otros impactos potenciales podrían incluir mayores precios para bienes importados de Canadá y México, reducciones en importaciones agrícolas que compiten con productos estadounidenses, disrupción de cadenas de abastecimiento y efectos positivos y negativos a estados productores agrícolas.
“México va a tener que ir cediendo, con tal de que Estados Unidos no se retire. Para México, es muy importante que se mantenga el acuerdo trilateral, porque eso le permite que siga fluyendo inversión extranjera al país, para poder exportar a Estados Unidos”, previó Huerta.
Para el experto, el problema subyace en la carencia mexicana de “una política industrial, agrícola”, porque ante la posición de Estados Unidos “no antepone una política para que el valor agregado sea nacional y no estadounidense”.
“Las negociaciones podrían llevar a más conversaciones prolongadas, a un impasse, manteniendo el tratado como está o a un posible retiro estadounidense”, anticipó el análisis del CRS.
