Varios líderes de universidades privadas consultados por Diálogo manifestaron su preocupación ante el plan de reorganización gubernamental que pretende eliminar el Consejo de Educación (CEPR)–ente que regula a las instituciones de educación superior en el País–, así como el requisito de licenciamiento estatal con el que al presente deben cumplir para poder operar como entidades educativas.
“El proyecto ciertamente levanta muchas dudas e interrogantes. Por ejemplo, me preocupa el tema de las becas que el estado distribuye. Es una cantidad que rondaba los $25 millones pero que ha ido bajando en los últimos años. El proyecto no dice nada de qué pasaría con esos fondos”, dijo a este medio la presidenta de National University College, Gloria Baquero, al especificar que la institución anualmente recibe entre $300,000 y $400,000 del gobierno central en ayudas para sus estudiantes.
Además, como ya reportó Diálogo la semana pasada, la eliminación de las licencias pone en peligro las acreditaciones de la Middle States Commision on Higher Education (Msche) con las que cuentan casi 50 instituciones de educación superior, incluyendo a unas 36 universidades privadas.
Las acreditaciones por parte de organizaciones reconocidas por el Departamento de Educación federal son necesarias para garantizar la elegibilidad de las instituciones educativas locales a millones de dólares en fondos federales.
Por esa línea, el vicepresidente de Planificación y Asuntos Académicos del Sistema Universitario Ana G. Méndez, Jorge Crespo, expresó mediante declaraciones escritas que aunque “al momento no tenemos información concreta, detalles del proyecto ni la propuesta oficial que fue presentada, por nuestro conocimiento y experiencia en los asuntos de educación superior, la licencia es un requisito mandatorio del Departamento de Educación federal”.
“El licenciamiento de las instituciones universitarias –públicas o privadas– es, y debe estar otorgado por una agencia o instrumentalidad del Estado, según lo requiere el gobierno federal, como requisito indispensable para la otorgación de asistencia económica estudiantil”, agregó Crespo, principal responsable en materia académica del sistema que componen la Universidad Metropolitana, la Universidad del Turabo y la Universidad del Este, todas acreditadas por Msche.
La reorganización propuesta por la administracion de Ricardo Rosselló y posibilitada por la Ley de Nuevo Gobierno (Ley 122-2017), exigiría a las instituciones educativas registrarse en el Departamento de Educación pero delega a entidades privadas el proceso de establecer cualquier tipo de estándares de cumplimiento.
“En National estamos acreditados por Middle States, pero es un proceso costoso, por el que es bueno pasar porque se mide la calidad [académica] de la institución. Me preocupan sobre todo las instituciones pequeñas. Por otra parte, Middle States, requiere que las instituciones universitarias cuenten con una licencia estatal, y aunque se pueden buscar otras maneras de hacerlo, por lo que sé el proyecto no contempla ese asunto”, sostuvo Baquero.
La académica, asimismo, reconoció su escepticismo ante las complicaciones que supondría el que el atribulado Departamento de Educación cargara incluso mayor responsabilidad de la que asume actualmente.
En ese sentido, le preocupa la falta de visión a futuro que permea a nivel de país en materia educativa.
“No tenemos un proyecto educativo a nivel elemental, a nivel secundario, a nivel superior. La ley actual le dio al Consejo la responsabilidad de velar por la educación [privada] a nivel primario y secundario. Con este proyecto queda en el aire esa supervisión”, lamentó la también exsecretaria de Educación.
“El Departamento de Educación, que ya tiene muchísimos retos sobre la mesa, como lidiar con los problemas de infraestructura con los que cuentan los planteles y asumir mayor responsabilidad –como lo dispone el proyecto– es muy difícil en este momento. Al final del día lo importante es que exista una estructura que permita cumplir con todas las funciones que se requiere de un sistema educativo”, recalcó Baquero.
Intentos de este medio por comunicarse con algún miembro del CEPR, así como con algún representante de la Middle States resultaron infructuosos.
De acuerdo con un resumen del proyecto circulado por La Fortaleza, la supresión del Consejo de Educación y sus funciones derivaría en ahorros de $8 millones anuales.
