Indefinición de servicios esenciales da paso a arbitrariedad en las decisiones del Gobierno

En el salón 228 de la Escuela Intermedia Carmen Feliciano Carreras de Río Grande, Maribella Díaz imparte su última clase del día. Su hijo, Dérek Canales, permanece sentado, dibujando junto a otros dos estudiantes.

Diagnosticado con ceguera y perlesía cerebral, Dérek todavía espera por su primer día de clase en el décimo grado de la Escuela Superior Isidro Sánchez de Luquillo. A casi un mes del comienzo del año escolar, el Departamento de Educación no le ha asignado un asistente de servicio ni una maestra de educación especial. Es por esto que el adolescente acompaña a su madre al trabajo hasta tanto se resuelva la situación.

A juicio de Dérek, el Gobierno falla a la hora de garantizar los servicios básicos a los que tiene derecho la población de educación especial.

“En realidad pienso que el gobernador no está haciendo su trabajo. Un gobernador protege a su pueblo y él no lo está protegiendo. Podemos ser una población con problemas, pero no somos menos que nadie”, dijo el joven estudiante de 15 años.

Por su parte, Díaz cuestiona dónde están las prioridades del Gobierno. “El Gobierno gasta muchísimo dinero en cosas banales. Un servicio básico como la educación, y lo que necesita un estudiante, debería ser prioridad”, sostuvo.

Más allá de ofrecer la definición genérica de “salud, educación y seguridad”, el Gobierno y la Junta de Control Fiscal dejaron entrever al Centro de Periodismo Investigativo (CPI) que no definirán qué servicios, programas y gastos son prioridad a la hora de abrir la chequera de un país quebrado y con su economía en el piso.

En quiebra o sin estarlo, antes y después del huracán María, el Gobierno de Puerto Rico lleva años siendo incapaz de proveer adecuadamente servicios esenciales a los ciudadanos. En el caso de Dérek, por ejemplo, su problema está lejos de ser uno nuevo. Año tras año, a principios de cada verano, su madre radica querellas en el Departamento de Educación para asegurarse de que el joven tenga alguien que le asista como anotador, lector y a moverse, tan pronto comience el curso escolar. Este año, sin embargo, lleva tres querellas sin resultados y casi un mes de clases perdido.

“Este año ha sido el más nefasto”, lamentó Díaz.

Hace unos días, Educación admitió que aún faltaban de cubrir 219 puestos de asistentes de servicios a estudiantes (clasificados T1). El programa de Educación Especial recibió este año $74 millones menos en su presupuesto. Este renglón es solamente de uno de cientos que sufrieron reducciones en sus asignaciones presupuestarias, conforme al Plan Fiscal certificado por la Junta.

A Díaz no le extrañaría que estos recortes tengan que ver con la tardanza de Educación en identificar el personal necesario para atender adecuadamente las necesidades. En su caso, recuerda que los asistentes de servicio que necesita su hijo han dicho que se sienten “discriminados” y mal pagados, mientras que trabajan bajo contratos de corto plazo y en ocasiones están meses sin cobrar.

Sin una definición de qué es un servicio esencial, ¿cómo y quién decide qué servicios tienen prioridad a la hora de asignar fondos públicos? ¿El Gobierno o la Junta?

Es “discreción” de la Junta

Para la directora ejecutiva de la Junta, Natalie Jaresko, asegurar que se destinan suficientes recursos a los servicios esenciales es una “discreción” de la entidad impuesta por la ley federal Promesa.

A preguntas sobre qué es un servicio esencial, Jaresko sostuvo durante una entrevista con el CPI que “es la definición que ves en la ley, nada más allá de eso”. Pero Promesa no define servicio esencial. En sus 62 páginas, solo menciona el concepto en tres ocasiones y ninguna brinda una definición.

Desde La Fortaleza tampoco definirán el concepto. Definir servicios esenciales “no es tan simple”, dijo el representante del gobernador Ricardo Rosselló Nevares ante la Junta, Christian Sobrino.

“El concepto de servicios esenciales muchas personas quisieran que estuviera definido de una manera fácil, pero cuando se va a la práctica, no es tan simple”, dijo el funcionario. “Nadie duda que tener una escuela con maestros, que provee a la mayor población de niños y jóvenes posibles, es un servicio esencial. Nadie duda eso. Pero cuando uno va al detalle, hay gastos o inversión que hay que hacer que cuando vas línea por línea, quizás nosotros razonablemente, podemos discrepar si un servicio o un gasto particular es esencial o no para esa misión en general”, añadió.

Christian Sobrino, en entrevista con el CPI en la antigua sede del Banco Gubernamental de Fomento. (Leandro Fabrizi Ríos | Centro de Periodismo Investigativo)

¿Cómo pueden estar la Junta y el Gobierno seguros de que destinan suficiente dinero a servicios esenciales, como les ordena PROMESA, sin tan siquiera tener una definición?

“Creemos que, en el presupuesto y el Plan Fiscal, aseguramos el financiamiento de servicios públicos esenciales. Bajo PROMESA, queda a discreción de la Junta”, opinó la directora de la Junta. Aunque aseguró que el objetivo de la Junta es garantizar los “servicios públicos que son necesarios”, Jaresko alegó que este no es un tema que discute con el Gobierno.

En el caso de Sobrino, este aseguró que ocurre un “escrutinio” todos los días a través de procesos tales como el presupuesto, la revisión de contratos y gastos, y la lupa de la Junta y de la jueza federal a cargo de la quiebra, Laura Taylor Swain.

“El escrutinio de si cumple o no con el mandato [de PROMESA], hay muchas partes que lo ejercen y muchas instancias en el proceso de gastos y el judicial que proveen el crisol para esa evaluación”, sostuvo Sobrino, sin responder de forma directa cuando se le cuestionó cómo se asegura de que el proceso decisional garantiza que se cubren los servicios esenciales.

La Junta y el Gobierno permanecen en disputa sobre el presupuesto de este año fiscal. El pasado mes de agosto, la jueza Swain falló en contra del Gobierno y validó el poder de la Junta sobre toda decisión presupuestaria, incluyendo la última palabra a la hora de decidir en qué, cuándo y cuánto se gasta el dinero de los contribuyentes de Puerto Rico.

La administración Rosselló Nevares se opone, y anunció recientemente que apelará la decisión de Swain en el Tribunal Federal de Apelaciones para el Primer Circuito. Según una moción presentada hace unos días por los abogados de Rosselló Nevares, es de “alto interés público” que se deje claro si la Junta puede imponer política pública no empece el rechazo del Gobierno.

“Es difícil imaginar una pregunta de mayor importancia para el pueblo de Puerto Rico y sus funcionarios electos”, asegura el Gobierno.

Lo cierto es que al día de hoy y sin una revocación de la decisión de Swain, impera la versión del presupuesto que aprobó la Junta en vez de la aprobada por la Legislatura y firmada por el gobernador.

El CPI preguntó a Sobrino: ¿No está afectando la Junta los servicios esenciales al forzar su versión del presupuesto?

“Lo voy a decir de la siguiente manera: Si la Junta no está dispuesta a revisar el presupuesto como está ahora y permite que corra con el presupuesto sin ningún cambio, en efecto sí lo está haciendo”, contestó el funcionario a cargo de la reestructuración de la deuda pública por parte del Gobierno.

No obstante, dijo que espera modificaciones sobre asignaciones presupuestarias en agencias tales como Seguridad Pública, Educación y Salud. “Si no se hacen las modificaciones, en efecto sí están afectando la provisión de servicios [esenciales]. Y ellos lo saben”, añadió.

Un arma de doble filo

Definir servicios esenciales es un arma de doble filo. Por un lado, muchos acreedores de Puerto Rico piden una definición del concepto como parte del proceso de quiebra de la Isla, pero lo hacen para sustentar la premisa de que el Gobierno incurre en demasiados gastos innecesarios. Establecer qué es esencial a la hora del gasto gubernamental dejaría más dinero disponible para el pago de la deuda pública, pronostican estos acreedores.

Del otro lado, diversos sectores piden que el Gobierno deje claro qué tiene prioridad a la hora de gastar el dinero de los contribuyentes, en busca de proteger una variedad de servicios sociales que hoy corren riesgo frente a los recortes que proponen tanto la Junta como el Gobierno en el Plan Fiscal y el presupuesto.

El Negociado de Bomberos es una de las agencias donde se observa el problema. Un recorte de casi $8 millones para este año fiscal, amenaza con la prestación de servicios en esta entidad pública tales como extinción y control de incendios, y rescate en situaciones de emergencia.

Según el presidente del Sindicato de Bomberos Unidos de Puerto Rico, José Tirado García, la dependencia del nuevo Departamento de Seguridad Pública tiene suficiente dinero para pagar la nómina hasta el próximo 30 de abril de 2019, dos meses antes de culminar el año fiscal.

José Tirado García, el presidente del Sindicato de Bomberos Unidos de Puerto Rico. (Josian Bruno Gómez | NotiCel)

“De ahí hacia adelante, a menos que impongan una reducción de jornada laboral o cierren estaciones, ya Bomberos no tendrá para pagar nómina en mayo y junio”, dijo Tirado.

Según el líder obrero, hacen falta por lo menos más de 300 bomberos. Hay 96 estaciones en la Isla y todas tienen problemas. A un año de María, algunas estaciones permanecen sin techo. De los 250 camiones con los que cuenta Bomberos, la Agencia Federal para la Protección del Ambiente (EPA) ordenó decomisar una cuarta parte de ellos porque no funcionan.

“Trabajar allí es una tragedia”, lamentó Tirado, quien espera desde verano reunirse con representantes del Gobierno y la Junta para discutir las necesidades presupuestarias de Bomberos. “El Gobierno está poniendo la vida del pueblo y del bombero en peligro”, añadió.

Por otro lado, también se menciona el ejemplo de la Universidad de Puerto Rico (UPR) y el futuro de la institución académica ante los recortes presupuestarios y aumentos de matrícula que impulsan la Junta y el Gobierno.

“Están implosionando el sistema de educación pública a nivel universitario. No se ve que la consideran [a la UPR] como esencial,” dijo al CPI el economista y profesor de la UPR, Argeo Quiñones.

“El problema de los ajustes [fiscales] es el enorme déficit democrático”, sostuvo el economista, en referencia al análisis que se lleva a cabo a la hora de adjudicar recortes en el gasto gubernamental con poca participación de la comunidad y de otros sectores en estas decisiones.

Intento fallido

Mientras la administración del exgobernador Alejandro García Padilla no definió los servicios esenciales, la campaña a la gobernación de Ricardo Rosselló prometía sí hacerlo.

“Solicitaremos completar una evaluación exhaustiva de sobre los 340 servicios por 118 agencias y los gastos operacionales del Gobierno, para entender cuáles son esenciales y deben ser provistos por el gobierno, y cuáles pueden ser descontinuados, consolidados, automatizados o delegados al sector privado, los municipios o el tercer sector”, lee el Plan para Puerto Rico, la plataforma de Gobierno de la administración Rosselló Nevares.

A finales de febrero del 2017, en el primer plan fiscal que presentó a la Junta y bajo el nombre de “servicios gubernamentales críticos”, la administración Rosselló Nevares precisó cinco categorías: seguridad pública; salud; educación; infraestructura pública; y el Departamento de Justicia. Bajo estas categorías incluyó servicios tales como salud mental, rehabilitación, penitenciarios, mantenimiento de carreteras, la administración de edificios públicos y tribunales, entre otros.

Fue la última vez que un plan fiscal — ya sea del Gobierno o la Junta — incluyó algún tipo de explicación sobre qué tendría prioridad en el gasto público. En la versión del Plan Fiscal que certificó la Junta un mes después, el 13 de marzo de 2017, esta definición desapareció del documento.

Sobrino explicó al CPI que los “servicios gubernamentales críticos” que identifica el primer plan fiscal del gobernador utiliza como referencia la evaluación que hacía el Banco Gubernamental de Fomento a la hora de desembolsar fondos. “Pero cuando lo llevas al Gobierno más amplio, no es tan fácil de encajonar”, dijo el funcionario.

En el verano del 2017, la Junta requirió al Gobierno una definición para los servicios esenciales. En una misiva el pasado 16 de junio, el presidente de la Junta, José Carrión, dejó claro que no era la primera vez que hacía este pedido.

“Debemos reiterar nuestras peticiones anteriores requiriendo a la administración que haga y comunique, lo antes posible, las determinaciones de política pública necesarias con respecto a lo que entiende como ‘servicios esenciales’ en el contexto de Promesa”, escribió Carrión, quien arguyó que definir el concepto era importante para asegurar el financiamiento adecuado de servicios esenciales y las pensiones, según requiere la ley federal.

A un año de esta petición, la Junta cambió de opinión, sin explicar por qué. El CPI preguntó a Jaresko al respecto, pero la directora ejecutiva de la entidad dijo que no recordaba la carta de Carrión.

“No sé de qué carta me [hablas]… Tengo que decir que no puedo comentar sobre esto”, contestó.

Definir los servicios esenciales cobra mayor importancia al considerar el proceso de quiebra en el Tribunal Federal y la aprobación de un Plan de Ajuste que establezca cómo quedarán las obligaciones del Gobierno tras la reestructuración. El director de política pública para el Centro Para Una Nueva Economía (CNE), Sergio Marxuach, explicó que como parte del proceso de quiebra, Swain evaluará si, de implementarse el Plan de Ajuste, el Gobierno puede garantizar la prestación de servicios esenciales a la ciudadanía.

“En el caso de Puerto Rico no ha habido una discusión sistemática sobre los ‘servicios esenciales’ ni tampoco sobre cuál debe ser la metodología o el marco teórico para hacer dicha determinación”, escribió el economista en una columna publicada a finales del año pasado.

Marxuach advirtió que el ejercicio de determinar qué es esencial para el Gobierno siempre será uno político. Añadió que declarar un servicio como “no esencial” no quiere decir que se debe privatizar o cesar de proveer, mientras que enfatizó la importancia de que sectores no gubernamentales, como la academia, participen del proceso.

El objetivo, según el economista, “es que aquellos servicios gubernamentales que son necesarios para que los puertorriqueños desarrollen al máximo sus capacidades o para mejorar su calidad de vida de acuerdo con el índice seleccionado serían clasificados y protegidos como esenciales”.

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Christian Sobrino, Gobierno de Puerto Rico, Junta de Control Fiscal, ley PROMESA, Natalie Jaresko, proyectos críticos, Ricardo Rosselló Nevares

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