BAGUA GRANDE, Perú (Reuters) – Indígenas amazónicos de Perú comenzaron a retornar ayer a sus aldeas, luego de desafiar al Gobierno neoliberal de Alan García con violentas protestas que dejaron decenas de muertos, mientras el presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), Alberto Pizango, se refugió en la Embajada de Nicaragua en Lima. Al mismo momento en que los sindicatos llamaban a una jornada nacional de protesta, el presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon estaba informando que acababa de recibir un documento de la Embajada de Nicaragua donde se especificaba que Pizango se estaba refugiando en esa misión diplomática. El paradero del Presidente de la AIDESEP había sido un misterio hasta ahora. El Gobierno informó el pasado fin de semana que tenía reportes de que el líder amazónico había huido a la vecina Bolivia, donde iba a ser respaldado por el presidente indígena Evo Morales. Sin embargo, los allegados de Pizango aseguraron que permanecía refugiado en Lima. “Nuestro líder está aquí, dialogando con los líderes de la Amazonía (…), él no está huido, simplemente está garantizando su vida”, dijo en rueda de prensa Deisy Zapata, vicepresidenta de la organización indígena conocida por su sigla AIDESEP. Por otro lado, unos 200 indígenas congregados en Bagua Chica, departamento de Amazonas, fueron los primeros en partir hacia sus comunidades. Hoy regresarán de vuelta a sus hogares casi un millar adicional de nativos refugiados en un centro católico de Bagua Grande, según sus dirigentes. El repliegue comenzó al tiempo en que organizaciones encabezadas por la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), la mayor central sindical del país, convocaban a los obreros para una “Jornada Nacional de Lucha”, que se celebrará el próximo jueves 11 de junio. Los indígenas exhortaron a participar de la lucha acentuando la mayor crisis política enfrentada por García, quien completará en julio el tercer año de su segundo mandato quinquenal. La convocatoria sindical y una dura respuesta de la ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, parecían alejar posibilidades de diálogo para superar la crisis desatada por las protestas de los indígenas contra una ley de inversiones que consideran una amenaza para los recursos naturales de la extensa Amazonía. “El presidente García es el responsable de la matanza”, dijo en conferencia de prensa el líder de la CGTP, Mario Huamán, al llamar a la protesta, que incluirá una marcha en Lima y será acompañada por los indígenas con un “paro amazónico”. El sindicalista amenazó con un posterior paro nacional si el Gobierno mantiene sus medidas en favor de inversionistas extranjeros en hidrocarburos y minerales y continúa la persecución al líder indígena Alberto Pizango, cabeza de las movilizaciones en tres departamentos amazónicos. Cabanillas, mostrando una firmeza que parecía destinada a desvirtuar rumores de una crisis ministerial, dijo que la “jornada de lucha” del próximo jueves sería parte de un plan antidemocrático y denunció que “en septiembre va a ser la segunda intentona para derrocar al presidente Alan García”. Por su parte García denunció el pasado fin de semana que las protestas eran una “conspiración anti peruana” alentada por gobiernos extranjeros “competidores”, que no identificó. Medios locales advirtieron que la tensión continuaba en la también amazónica de Yurimaguas, donde otros millares de indígenas, que mantenían bloqueada una carretera, aseguraron que su protesta seguía en pie pese al repliegue. La defensora del pueblo, Beatriz Merino, exhortó “a la paz, a que no se repitan hechos de violencia lamentables”, revelando que el Gobierno se proponía dispersar a los aproximadamente 5.000 indígenas concentrados en la vía entre Yurimaguas y Tarapoto.
Indígenas de varias etnias hallaron refugio en Bagua Grande tras protagonizar el pasado viernes y sábado choques con la fuerza pública en una carretera y en una estación de bombeo del oleoducto principal del País. Líderes indígenas expresaron que esa violencia dejó al menos un saldo de 30 manifestantes muertos, pero el Gobierno informó que hasta el lunes había confirmado el deceso de sólo nueve indígenas, además de 24 policías “cruelmente asesinados”. La violencia en las ciudades de Bagua Grande y Bagua Chica estalló cuando la Policía y el ejército intentaron dispersar a los indígenas que bloqueaban una carretera regional, al día siguiente de que el Congreso desistiera de revisar un polémico paquete de leyes pro inversiones. “Regresamos a nuestras comunidades para conversar sobre lo que ha pasado, pero no estamos derrotados porque seguiremos con nuestra lucha”, dijo en Bagua Nérida Díaz, una de las dirigentes de los indígenas, mayormente de las etnias aguarunas y huambisa. “Vamos a seguir peleando porque no en vano nuestros muertos están en la Curva del Diablo”, agregó Díaz, refiriéndose al lugar de la carretera amazónica donde se produjeron los choques más graves entre indígenas y los uniformados.
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