El secretario de Defensa de Estados Unidos, James Mattis, lanzó una bomba política cuando dijo que su país no tenía evidencias para confirmar las denuncias de que el gobierno de Siria había lanzado el mortal gas sarín contra la población civil.
Mattis aclaró que su país no rechazaba las denuncias, pero precisó: “Tenemos reportes del campo de batalla de personas que dicen que se usaron. No tenemos evidencia”, aclaró el 23 de marzo en conferencia de prensa en el Pentágono, sede del Departamento de Defensa.
La declaración de Mattis fue una burla a las varias declaraciones de Washington y a las resoluciones propuestas por el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, que han acusado de forma sistemática a Damasco de seguir usando armas químicas contra la población civil, a pesar de los desmentidos del presidente sirio Bashar al-Assad.
Tampoco la Organización para la Prohibición de Armas Químicas realiza cuestionamientos irrefutables sobre el uso de armas químicas.
En abril de 2017, Estados Unidos disparó 59 misiles Tomahawk crucero de largo alcance en Siria en respuesta a lo que entonces dijo que eran armas químicas que dejaron a más de 100 personas muertas.
En febrero, la agencia de noticias Reuters informó que el presidente francés Emmanuel Macron alertó: “Francia atacará” si se usan armas químicas contra la población civil en el conflicto de Siria en violación a los tratados internacionales, pero que él todavía no ha visto pruebas de que fuera así.
Mientras, en la 37 sesión del Consejo de Derechos Humanos, la misión de Gran Bretaña en Ginebra acusó el gobierno de Siria de usar armas químicas en Guta oriental.
Incluso diplomáticos occidentales sostienen que no hay que considerar a las autoridades de Damasco como “gobierno”, sino como “régimen”, aunque no hay una lista oficial de estados miembro llamados así, como tampoco existe ningún procedimiento oficial para rebajar de grado a un estado.
En el actual contexto internacional, la extrema derecha parece tener todo el acceso que necesita, en especial en los medios occidentales, para defender su causa.
Pero lamentablemente, están aquellos cuyas voces fueron silenciadas, y quiénes dicen que la gravedad de los crímenes no se relaciona necesariamente con la cantidad de decibeles que ellos generan en el campo de batalla o en los grandes canales de televisión.
Un ejemplo de ello es el caso de dos hospitales de Siria, uno fue bombardeado y destruido, lo que, con o sin escudos humanos, constituye, por cierto, un crimen de guerra.
El otro permanece orgulloso de pie en el horizonte, pero su actividad quedó paralizada por las sanciones unilaterales coercitivas. Entre ellas, el bloqueo al suministro de repuestos, lo que hace imposible mantener las salas quirúrgicas para operar a las personas gravemente heridas; ya no hay prótesis para atender las amputaciones; el suministro eléctrico se corta por la prohibición de importar generadores; el agua se contamina por la falta de importación de filtros y la gente se muere por enfermedades transmitidas por el líquido contaminado; y no hay medicamentos disponibles para atender a las personas gravemente heridas.
Incluso en la calle, la gente se muere o cae gravemente enferma porque las sanciones hicieron que se dispararan los precios de los alimentos. Pero a la gente le dicen que eso es el resultado de la mala gobernanza o de que el gobierno impide el ingreso de comestibles.
A veces, esa puede ser la causa, cuando no las autoridades no distinguen a los combatientes de la población civil.
La comunidad internacional previó la situación y las sanciones son supuestamente benevolentes con la población civil porque todos aceptan la “excepción humanitaria”.
Pero nadie mencionó que el sistema internacional de transferencia de fondos (Swift) se bloqueó para impedir que Siria importara suministros humanitarios o, de hecho, cualquier otra cosa, imponiendo así, de hecho, una situación generalizada de opresión, como ya se vio en Irak.
Y las armas químicas de Siria en la actualidad recuerdan a las armas de destrucción masiva que nunca existieron en Irak. ¿Acaso todas las muertes injustificadas en la calle o en hospitales destruidos no constituyen crímenes de guerra? Nos dicen que creamos que no.
Todas las guerras se ganan tanto en los medios con propaganda, como en el campo de batalla y Siria no es la excepción. El hecho es que Damasco gana la guerra en el terreno para recuperar el control de su territorio.
Mientras las autoridades tratan de distinguir a los combatientes enemigos de los civiles, decenas de miles de no combatientes aceptan la protección del gobierno.
El escenario de alianzas que estaba montado colapsa, y la única posibilidad de contraatacar que queda es mediante la movilización en los medios.
Lo que se intenta ocultar son las violaciones de derechos humanos que cometen todos los combatientes, incluso aquellos que proveen armas pesadas a los grupos que tildan de terroristas.
¿El argumento para justificar ese comportamiento? Las violaciones de derechos humanos que comete el otro bando, mientras el acusado sigue imponiendo su opresión contra la población civil por la que “llora”.
Los que pelean en Guta contra el gobierno sirio no son fuerzas democráticas, sino la reencarnación de organizaciones consideradas terroristas por Occidente, como Al Qaeda y el Estado Islámico, y nadie más.
Las lágrimas de cocodrilo por esos “combatientes de la libertad” parecen, por cierto, fuera de lugar, cuando figuran en la lista de organizaciones terroristas de los mismos países que ahora lloran por ellos.
