Una alta proporción de los 4.3 millones de trabajadores migrantes dentro de América Latina y el Caribe sobrevive en la economía informal o en condiciones laborales irregulares. Un muro invisible que junto a la discriminación y a la xenofobia, también es necesario derribar.
“La búsqueda de trabajo es una de las causas, pero no la única, creo que lo que determina la migración es la pobreza, los bajos salarios, la imposibilidad de los trabajadores y trabajadoras de acceder a los servicios de salud y educación, la injusta distribución de la riqueza en nuestros países”, resumió Julio Fuentes, presidente de la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadores Estatales (Clate).
El estudio La migración laboral en América Latina y el Caribe, presentado en agosto de 2016 por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), cuya sede regional está en Lima, identifica “un complejo sistema” de 11 corredores principales tradicionales del movimiento de trabajadores, nueve de ellos intrarregionales Sur-Sur dentro de la región.
Según el informe este sistema evoluciona en forma permanente debido a “cambios en la interdependencia económica y en los mercados de trabajo” y se ha venido expandiendo en volumen, dinamismo y complejidad”. Los trabajadores migrantes pasaron de 3.2 millones a 4.3 millones entre 2011 y comienzos de 2016.
Denis Rojas, socióloga colombiana del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso), citó desde Buenos Aires otras causas migratorias intrarregionales con base en experiencias de sus compatriotas en Argentina.
“Es necesario tener en cuenta que la migración de las últimas décadas en Argentina, responde a diferentes perfiles: un grupo muy identificado es el de profesionales generalmente de clases medias que en vista de los altos costos y las limitantes de acceso a educación de posgrado en Colombia, deciden buscar opciones por fuera. Esto, siendo Argentina un país de interés debido a la amplia oferta educativa y los costos accesibles en relación a los precios existentes en Colombia”, explicó a IPS.
Asimismo, “hace varios años, la cantidad de familias que envían a sus hijos para cursar la carrera de grado empezó a aumentar debido a los altos costos de matrícula en las universidades colombianas y las amplias limitaciones estructurales para el acceso a la educación, es un caso similar al de los chilenos”, amplió.
Pero aunque esta migración tiene como interés evidente el acceso a la educación, Rojas no lo desvincula de sus causas laborales.
“Responde profundamente a la necesidad de ingresar al mercado laboral en Colombia. Debido al desempleo y la generalizada flexibilización laboral, se considera que la mayor cualificación permitirá un mejor ingreso y posicionamiento en el mercado laboral”, sostuvo.
Otra población migrante, recordó, es la que fue expulsada de sus hogares debido al conflicto armado interno. Desde familias campesinas de bajos recursos, trabajadores o estudiantes hasta líderes sociales con mayor formación y recursos económicos.
“La inserción laboral en este caso depende de las redes de apoyo existentes”, destacó.
La OIT resalta varias características comunes laborales en estas migraciones, que adquieren relevancia en el Día Internacional de los Trabajadores, el 1 de mayo.
“La feminización de la migración laboral pues las mujeres son más de 50%, la alta proporción de trabajadores migrantes en situación irregular, la alta proporción de trabajadores migrantes en la economía informal, el bajo acceso a la protección social, y las deficientes condiciones de empleo así como el hecho de que un número importante de ellos sufre abuso, explotación y discriminación”, subraya.
Es el caso de la migrante peruana en Argentina, de 35 años, que salió desde el sureño departamento de Arequipa, identificada como Juliana.
Para costear sus estudios universitarios, trabajó cinco años como empleada doméstica “en negro [no registrada]”.
“En ese momento era el único tipo de trabajo a los que podíamos aspirar los extranjeros sin contactos y muchas veces sin la documentación necesaria. En ese entonces no había una ley migratoria como la que tenemos actualmente y era muy difícil conseguir algo mejor. Mi DNI (documento nacional de identidad) demoró tres años en salir”, recordó la hoy casi abogada.
Pilar, una migrante colombiana de 34 años, en Brasil desde hace ocho años, ejemplifica un problema de muchos otros en su misma condición en países latinoamericanos: el lograr solo empleos para los que están muy sobrecalificados. Con un título universitario, tuvo que trabajar en un albergue turístico sin contrato o derechos laborales.
Ella escogió Brasil porque en su país la educación superior es cara y “Brasil, con su educación pública gratuita se vuelve una especie de paraíso para muchos colombianos”.
“Muchos de los jóvenes latinoamericanos migrantes en Río de Janeiro acabamos siendo absorbidos por ese tipo de mercado turístico. Yo no tenía libreta laboral los primeros años y agarraba el trabajo que aparecía. Trabajaba más de ocho horas, con apenas un día de descanso y me pagaban menos que un salario mínimo”, recordó.
En ese país y en Argentina, trabajadores bolivianos laboran en grandes talleres textiles clandestinos en condiciones casi de esclavitud, en una realidad que cambiando los sectores y el origen de los migrantes se repite en los países receptores.
El estudio de la OIT destaca que los latinoamericanos migrantes también transitan corredores hacia otras regiones. De un total de 45 millones de migrantes en Estados Unidos, más de 21 millones proceden de América Latina. En España casi 1.3 millones de extranjeros que residen allí provienen de América del Sur.
“La explotación de la mano de obra latinoamericana y caribeña por los países centrales es otra cara de nuestra dependencia, no sólo nos saquean las riquezas naturales sino que además somos los proveedores de mano de obra, que es superexplotada. Generar condiciones de pobreza en nuestra región, o en otras como África, le permite a las potencias centrales y a sus multinacionales beneficios dobles, riquezas naturales y mano de obra barata”, opinó Fuentes a IPS.
Al líder regional de los empleados públicos le preocupa el recrudecimiento de la política migratoria en Estados Unidos y sus amenazas de construir un muro con México.
“No hay muro que frene a los pueblos buscando salir de la situación de pobres a lo que los condenan”, señaló.
“Los latinoamericanos que buscan una vida mejor en América del Norte emprenden un viaje terrible, que le cuesta la vida a muchos, y quienes llegan a destino se insertan en el país de acogida en los peores empleos, con los salarios más bajos y las condiciones laborales más precarias”, dijo.
“Ellos hacen un aporte enorme a la economía norteamericana y, sin embargo, nunca logran adquirir ciudadanía y están obligados a vivir como ilegales de manera permanente”, destacó.
Precisamente, este año la Conferencia Internacional del Trabajo, que celebrará la OIT entre el 5 y el 17 de junio en Ginebra, estará dedicada a los derechos de los trabajadores migrantes. La Clate iniciará una campaña dirigida a los trabajadores públicos de organismos vinculados con la inmigración para “humanizar los puestos de fronteras”.
“También las organizaciones sindicales debemos asumir la representación de aquellos trabajadores migrantes cuya situación migratoria irregular es aprovechada por las patronales para sortear la legislación laboral, sometiendo a los migrantes a condiciones más precarias y abusando de las posibilidades del empleo temporal”, subrayó Fuentes.
“Quien no tienen derecho a la ciudadanía será siempre víctima de abusos. Desde el sindicalismo debemos luchar contra la idea de que el migrante compite con el trabajador local. Debemos asumir que somos parte de una misma clase, que no conoce fronteras”, anticipó.
