Los estados financieros de la Universidad de Puerto Rico (UPR) emitidos al gobierno federal en las pasadas semanas revelaron que la institución cuenta con un déficit actuarial de $1,646 millones, según se informó en la reunión de la Junta de Gobierno (JG) celebrada anoche.
La firma de auditoría Ernst & Young, encargada de realizar dichos estados, incluyó una opinión no cualificada en la que cuestiona la capacidad del principal centro docente del país para continuar operando de la manera que tradicionalmente lo ha hecho, debido a la fuerte dependencia de fondos provenientes del Fondo General del gobierno central.
El licenciado Juan Aponte Vázquez, como parte del informe que el Comité de Asuntos Financieros presenta ante la JG, explicó que la magnitud del déficit se debe a los nuevos estándares de contabilidad que exige el gobierno federal, en los que se requiere que, en el caso de la universidad, se incluya el déficit actuarial de su sistema de retiro.
Al momento, el déficit actuarial del sistema de retiro de la UPR supera los $2,237 millones. Es decir, que si no se incluyera en los estados la situación del sistema de retiro, la UPR presentaría un superávit que sobrepasaría los $500 millones.
El informe de Ernst & Young igualmente resaltó la importancia de que la universidad cumpla con sus “cierres” trimestrales, de manera que puedan emitir sus estados financieros anuales en las fechas estipuladas. El gobierno federal exige que los estados financieros correspondientes a este año deben presentarse a más tardar el 31 de marzo del próximo año.
Asimismo, Aponte Vázquez informó que el gobierno central ha estado remitiendo unos $14 millones semanalmente a la universidad por concepto de remesas, en lugar de los $18.2 millones que por ley debe cursar.
La razón que ofreció el Departamento de Hacienda para esa acción es que, debido a la orden ejecutiva que desautoriza a las corporaciones públicas a cumplir con los pagos estipulados en el servicio a la deuda pública, el gobierno central le requirió retener parte de los fondos destinados a estas.
Sin embargo, como mencionó Aponte Vázquez, en una reunión reciente de la presidenta interina de la UPR, Celeste Freytes, con la secretaria de la gobernación Grace Santana, la institución expresó su postura de que, dado que los pagos de los bonos de la universidad se sufragan con los fondos provenientes de los ingresos de matrícula, no le corresponde al gobierno retener parte de las remesas, pues estas se remiten para cumplir con los $833 millones anuales que se le asignan como parte de la congelada fórmula.
Para resolver esto, el comité instó a la presidenta interina a enviar una carta al gobernador Alejandro García Padilla en la que se exija el envío de remesas acorde al presupuesto aprobado para el presente año fiscal.
Además, el comité le pidió a Freytes que solicite una opinión legal para determinar si la ley de moratoria permite a la UPR utilizar los fondos originalmente destinados al pago de los bonos para cubrir gastos operacionales.
La segunda reunión ordinaria de la JG en este año académico contó con la presencia de seis de los diez miembros que actualmente componen el cuerpo: el presidente Carlos Pérez Díaz, la secretaria Gloria Butrón Castelli, el secretario de educación Rafael Román Meléndez, Aponte Vázquez, y los representantes estudiantiles Gilberto Domínguez Escalera y Pedro Rodríguez Mercado. El licenciado Frank Cátala Morales participó vía telefónica. La presidenta interina Freytes, como de costumbre, estuvo presente como invitada.
Se excusaron de la reunión la doctora Ana María García Blanco, el licenciado Juan Acosta Reboyras y el representante claustral José Martínez Cruzado.
Desde finales de junio quedan tres espacios vacantes en la junta que el gobernador no se ha dignado en llenar.
