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Audri Román frente a su casa en Barrio Obrero, Santurce, observa una foto donde aparecen ella y su esposo Johnny Santana. (Foto por Mc Nelly Torres/Centro de Periodismo Investigativo)
Johnny Santana se mudó a Puerto Rico a principios de la década del 90 en busca de mejores oportunidades de las que tenía en su nativo Higüey, en República Dominicana.
Trabajó en construcción, como cocinero y haciendo entregas de vegetales a restaurantes, durante 20 años. También encontró el amor – se casó dos veces – y comenzó a trabajar en su estatus migratorio desde que se casó con su primera esposa.
Temprano en la mañana del 4 de julio de 2018, mientras Santana, su hermano y tres amigos, también dominicanos, se dirigían hacia El Yunque, oficiales del Departamento federal de Inmigración y Aduana (en inglés, ICE) detuvieron el vehículo en que transitaban y arrestaron a tres de las cinco personas que viajaban en el carro: a Santana, su hermano y otra persona.
Santana estaba guiando con una licencia de conducir expirada.
Al otro día, el ICE llevó a Santana y a los otros inmigrantes al aeropuerto donde abordaron un vuelo con destino al Centro Transicional de Broward (Broward Transitional Center o BTC), un centro de detención con capacidad para 700 camas, localizado en el sur de Florida, a unas 1,045 millas de San Juan, Puerto Rico.
Después de ocho semanas de encierro, Santana se sentía sin esperanzas sobre su caso de inmigración. Pasó detenido su cumpleaños número 44 y el Día de los Padres (dominicano). Poco después tomó una decisión. El 4 de septiembre, cuando compareció con su abogado, pidió a la Corte de Inmigración que lo liberara y le permitiera regresar a República Dominicana.
Santana extrañaba mucho a su esposa, pero la vida de prisionero ya era insoportable, según dijo mientras estaba sentado fuera de sala de la corte. Luego entró a un salón para llorar en privado.
Más tarde esa noche, en una entrevista telefónica con el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) Santana expresó su frustración por estar detenido y explicó lo que significaba su decisión para su esposa y su futuro económico.
“Ellos (ICE) están tratando de hacer todo más difícil”, dijo Santana sobre el haber sido transferido de Puerto Rico a Florida. “Esto no es una situación fácil, el estar sentado aquí, sin fianza y no poder trabajar”.
Los cambios del presidente Donald J. Trump en las prioridades para dar cumplimiento a las directrices sobre inmigración establecidas en la era de Barack Obama también han afectado a Puerto Rico, un territorio de los Estados Unidos, y a los extranjeros residentes y sus familias, quienes han vivido por años en la Isla, algunos incluso, por décadas.
Las directrices para dar cumplimiento a la política de inmigración durante los años que Obama estuvo en el poder establecían una lista de prioridades, enfocadas en arrestar a inmigrantes indocumentados con expedientes criminales y a personas que presentaban una amenaza a la seguridad nacional, según explica el Consejo Americano de Inmigración (American Immigration Council o AIC), una organización sobre políticas migratorias que trabaja desde Washington, D.C.
El enfoque de “cero tolerancia” adoptado por la administración de Trump, unido a la práctica por décadas de ICE de transferir a miles de no-ciudadanos de un lado a otro de la Nación, mientras sus casos se mueven a través de la Corte de Inmigración, ahora está separando a familias en Puerto Rico.
Puerto Rico nunca había sido afectado significativamente con esta práctica, aún cuando el único centro de detención en la Isla cerró en 2010, según dijeron seis abogados de Inmigración que trabajan en la Isla.
El CPI entrevistó a varios abogados de inmigración que practican en Puerto Rico, así como a activistas y a expertos en leyes de inmigración que trabajan con organizaciones establecidas en los Estados Unidos. Todos expresaron su seria preocupación sobre si muchos no-ciudadanos arrestados por ICE en realidad debieron ser detenidos lejos de sus familias, especialmente si no habían cometido ningún crimen serio o violento. Esta práctica, dijeron, viola el debido proceso de ley porque impide a los inmigrantes tener acceso a su abogado, presentar testigos y evidencia que ayude en sus casos en la corte de Inmigración.
“Las personas están detenidas lejos de sus familias… eso les pasa una factura sicológica”, dijo al CPI Aaron Reichlin-Melnick, un analista del Consejo Americano de Inmigración, una organización de política pública de Washington, DC. “Es más difícil para ellos conseguir evidencia y los retrasos también ponen presión en la gente para que retiren sus casos y acepten la deportación”.
El 14 de agosto de 2018 el CPI hizo una solicitud al ICE, bajo la Ley de libertad de información (en inglés, Freedom of Information Act o FOIA), para saber cuántas detenciones y traslados de inmigrantes han ocurrido en Puerto Rico durante los pasados cuatro años. La agencia federal no ha provisto los datos solicitados por el CPI.
En Puerto Rico parece estar ocurriendo lo mismo que en el resto de Estados Unidos, en cuanto a la agresividad de las detenciones y traslados de ICE, pero “el problema se acentúa porque no hay instalaciones para los detenidos en Puerto Rico”, destacó Susan Long, estadística y profesora en la Escuela Whitman de Gerencia de la Universidad de Syracuse y codirectora de la Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC, por sus siglas en inglés), un centro bipartita y sin fines de lucro dedicado a la investigación.
Broward Transitional Center (BTC) es un centro de detención en Pompano Beach, Florida. Es administrado por el Grupo GEO, empresa privada que tiene contrato para retener a inmigrantes indocumentados clasificados como “detenidos no criminales y de baja seguridad”. (Foto suministrada por BTC)
La política de mano dura de Trump contra los inmigrantes, a los cuales cataloga como “criminales” y “violadores”, no toma en cuenta una realidad perturbadora: al 30 de junio de 2018, más de la mitad de los detenidos (58%) bajo la custodia de ICE no tenía récord criminal y cuatro de cada cinco habían cometido, como mucho, ofensas menores, como violaciones a la ley de tránsito, de acuerdo con los datos de TRAC.
“Ahora todos son personas de interés”, dijo Rosaura González Rucci, abogada de inmigración que practica en Puerto Rico, mientras hablaba del caso de un residente de muchos años en Estados Unidos que fue arrestado y trasladado desde la Isla hasta el Krome Service Processing Center en Miami. “No importa cuánto tiempo hayan vivido aquí, no importa si es o no un criminal. Si eres un inmigrante ilegal, te conviertes en una persona de interés, en una prioridad”.
Según las leyes que protegen los derechos humanos, tanto las federales como las internacionales, en las vistas de deportación los inmigrantes detenidos tienen derecho a ser representados por un abogado de su selección, así como a presentar evidencia para defenderse.
Elle Díaz Fina, abogada en Puerto Rico, explicó que el traslado de sus clientes fuera de la Isla dificulta que tengan la mejor representación legal.
“Para una vista de fianza aquí en Puerto Rico, puedo traer a varios testigos de reputación, a los padres, familiares, jefes y compañeros de trabajo”, dijo Díaz Fina. “Pero no puedo hacer eso si la vista de fianza es en Miami. Primero, necesito pedir permiso para que se les permita estar presentes durante la vista, y segundo, no tienen el dinero para pagar el pasaje aéreo”.
Un cambio en las prioridades de política migratoria
Cinco días después de jurar como presidente, Trump aprobó una orden ejecutiva que amplió el marco de acción de ICE distinto a la política pública de Obama, que daba prioridad a intervenir con inmigrantes indocumentados con antecedentes criminales.
La inmigración fue un tema central de la campaña de elección de Trump.
De acuerdo con AIC, este cambio en la aplicación de la política pública de inmigración implica que “todos los inmigrantes indocumentados se han convertido en personas de interés, aún si han vivido muchos años en Estados Unidos, aunque tengan hijos nacidos en Estados Unidos y aún si nunca han tenido problemas con la ley”.
La campaña contra los residentes extranjeros ha resultado en un aumento sustancial de arrestos hechos por ICE y por la policía, a través de todo Estados Unidos.
Los récords de ICE muestran que entre el 25 de enero de 2017 – cinco días después de ser juramentado Trump – y el 30 de septiembre de 2017, el final del año fiscal, ICE realizó 110,568 arrestos, un aumento de 42 por ciento por encima de los 77,806 arrestos realizados durante el mismo periodo en 2016. El CPI presentó otra solicitud mediante el FOIA para obtener los datos correspondientes a Puerto Rico, toda vez que la Isla aparece como parte de la región de ICE de Florida. La agencia federal no ha contestado esta solicitud.
ICE se ha movido agresivamente para arrestar inmigrantes indocumentados en todas partes. Los datos de TRAC demuestran que, de hecho, una cuarta parte de los arrestos se han realizado en residencias, sitios de trabajo y otros lugares, incluyendo tribunales y hasta en las oficinas del Departamento de Seguridad Nacional (Department of Homeland Security o DHS), cuando los no-ciudadanos han comparecido a sus citas.
Aunque en el pasado los casos de la Corte de Inmigración han sido mayormente contra recién llegados, los datos recientes de TRAC muestran un cambio: 43% de los casos de marzo de 2018 eran de personas que llevan en Estados Unidos más de dos años.
La tendencia en Puerto Rico es similar: 41% de los casos documentados por TRAC para agosto de 2018 se trataban de extranjeros que han sido residentes en los Estados Unidos por más de dos años.
Ese es el caso de Martín Romero, nacido en Perú.
El 16 de agosto de 2018, su esposa María Ayala compareció con su abogado a las oficinas federales de Ciudadanía y Servicios de Inmigración en el San Patricio Office Center en Guaynabo, Puerto Rico para reabrir el caso de inmigración de su esposo, el cual comenzó hace más de dos décadas, cuando Romero llegó a California y solicitó asilo político.
Ayala y Romero no son sus verdaderos nombres. Por razones de seguridad solicitaron no ser identificados.
“El señor (en Inmigración) me dijo que aceptaba (reabrir) el caso porque había suficiente evidencia de que este era un matrimonio sólido”, dijo Ayala.
Después de la reunión, Ayala, de 41 años, trató de comunicarse con su esposo por teléfono, pero él no contestó.
Ella estaba guiando hacia su casa cuando la llamó Romero y le dijo que unos oficiales de ICE se habían presentado al restaurant donde trabajaba y lo arrestaron.
“Cuando algo así ocurre, no puedes recordarte de todos los detalles”, dijo Ayala, casi llorando. “Simplemente, perdí el control”.
Al día siguiente Romero, de 51 años, estaba en un avión rumbo al Centro Transicional de Broward en el sur de la Florida.
Ayala y Romero se conocieron por Internet hace más de dos décadas. Después de varios años saliendo, se casaron en Puerto Rico, de donde es natural Ayala. Romero trabajó arduamente, levantó a su familia y pagó contribuciones, relata ella.
La pareja ha contratado a varios abogados a través de los años en sus intentos por aclarar su estatus migratorio.
Pero muchos de estos casos son complejos.
Romero llegó a Estados Unidos con su primera esposa en 1991.
“Él (Romero) teme que él y su familia serán asesinados por terroristas de Sendero Luminoso porque él trabajó como agente encubierto para el cuerpo naval de Perú durante el tiempo que arrestó a muchos miembros de Sendero Luminoso”, surge de la solicitud de asilo de Romero fechada con el 9 de enero de 1993.
En su solicitud de asilo ante el entonces Servicio de Inmigración y Naturalización (INS), Romero escribió que Sendero Luminoso, una organización terrorista que empleaba tácticas guerrilleras en Perú para los años 80, le había hecho docenas de amenazas a él y a su familia.
Romero temía por su vida.
En 1995, el INS denegó la solicitud de asilo de Romero indicando que “usted no ha establecido que sus temores tengan fundamentos objetivos porque no parece haber una posibilidad razonable de que será perseguido en su país”, según el documento.
Romero apeló su caso. Mientras tanto, él y su primera esposa se separaron. Posteriormente, el INS supuestamente le envió una citación para que fuera a sus oficinas, la cual, dice Romero que nunca recibió. El 3 de enero de 1996, en ausencia, la corte ordenó su deportación.
María del Rosario García Miranda, una abogada que ejerce en Puerto Rico, representa a Romero.
“Este es un hombre de familia”, dijo ella. “Solo cítenlo para que comparezca en corte y dénle la oportunidad de abrir el caso. Pero si usted, Inmigración, no le permite eso y se lo llevan, usted le está negando el debido proceso de ley”.
Después de la campaña antiinmigrantes de Trump, Romero se convirtió en una persona de interés porque tenía una orden de deportación desde 1996, dijo García Miranda.
Ayala tiene el apoyo de su familia. Ellos han continuado con sus vidas en su casa en las montañas de Guaynabo. Ayala dijo que como pareja siempre han sido honestos con sus hijos, de 14 y 16 años, en cuanto al estatus migratorio de Romero. En 17 años, nunca ha estado lejos de su familia.
“Los primeros días fueron los más difíciles”, dijo ella.
La madre de Ayala y uno de sus hermanos se sentaron en la mesa del comedor escuchando calladamente mientras el CPI entrevistaba a la mujer. En algunos momentos, su madre añadía comentarios para enfatizar los sentimientos de su hija: “Eso no tiene perdón de Dios”.
Un océano entre familias
La separación de las familias causa preocupación emocional, pero también afecta económicamente. Esto es especialmente cierto cuando el detenido es el único proveedor, por lo que deja a su familia atrás, luchando para pagar deudas, honorarios de abogado y para enviar dinero para pagar las llamadas telefónicas y comprar artículos en la comisaría del centro de detención.
Desde que su esposo fue arrestado, Ayala ha agotado todos sus ahorros – $26,000 – pagando gastos legales, deudas y enviándole dinero a su esposo.
El 16 de octubre de 2018, Romero fue deportado a Perú.
La situación económica de la familia es tan crítica que Ayala ha tenido que vender algunos artículos del hogar para sobrevivir. Posiblemente perderá su carro y está buscando trabajo en una isla donde los empleos están escasos. Romero está luchando para ajustarse a la vida en un país que ya no conoce y donde es muy difícil encontrar trabajo para una persona mayor de 50 años, dijo ella.
“Esto no ha sido fácil”, dijo la mujer con voz entrecortada.
El único alivio por ahora es que Ayala y sus hijos pueden ver el rostro de Romero cuando les llama desde Perú.
Las estadísticas de TRAC indican que la política de inmigración de Trump ha contribuido al aumento en el número de casos sin resolver en las cortes de Inmigración. Para el 31 de julio de 2018, habían 746,049 casos pendientes a través de todo Estados Unidos, lo que representa un aumento de 38 por ciento cuando se comparan con los 542,411 casos que había pendientes para el final de enero de 2017, cuando Trump juramentó su cargo.
Los casos pendientes en la región de Florida, que incluye a Puerto Rico, aumentaron en 57% desde el año fiscal 2017.
Reichlin Melnick, del Consejo Americano de Inmigración, dijo que la acumulación de casos de inmigración ha ido aumentando, y que bajo la administración de Trump, el atascamiento de las cortes está creciendo más rápido que bajo ninguna otra. “Si continúa creciendo al mismo ritmo, para cuando termine su primer término, sería más que en el primer término de ningún otro presidente en la historia”, dijo.
Una triste decisión
La historia de Johnny Santana con la Corte de Inmigración comenzó después de que el gobierno determinara que su matrimonio con su primera esposa fue fraudulento. Aunque el abogado de Santana trató de resolver el problema, el gobierno volvió a levantar la acusación de “matrimonio fraudulento” después que Santana volvió a casarse y su nueva esposa radicó una petición con Inmigración.
El juez de Inmigración en Florida aceptó la carta de Santana explicando cómo el DHS ignoró sus esfuerzos de probar que dichos reclamos eran incorrectos. A Santana, quien no tiene récord criminal, se le aprobó su solicitud y se le ordenó abandonar el país, dejando atrás a su esposa Audri Román.
“Esto es un trabajo difícil”, dijo su abogada García Miranda con lágrimas en sus ojos. “Te drena emocionalmente”.
Una semana más tarde, Audri Román, de 43 años, estaba sentada en la acera frente a su modesto apartamento en Barrio Obrero. Román, una ciudadana americana, cuida a una señora mayor encamada y limpia casas para ganarse la vida. También nacida en Higüey, hace años conoció a Santana en Puerto Rico y se casaron en el 2013.
Ella se siente optimista de que en el futuro podrá traer a su esposo de regreso al hogar ahora que la alegación de matrimonio fraudulento parece que fue resuelta. Pero eso pudiera tardar años.
“Lo peor de esta situación es que te obligan a dejar la vida que construiste aquí”, dijo Román sobre su esposo.
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