Planteando que lo que se propone atenta contra la política pública federal y estatal, el director ejecutivo del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico (IEPR) se opuso hoy a al proyecto que contempla fusionar esta instrumentalidad con el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) para eventualmente privatizar su operación.
“Las disposiciones sobre el Instituto de Estadísticas en el Proyecto de la Cámara 1403 (PC 1403) son contrarias a la política pública federal y estatal dirigida a evitar la manipulación de datos y estadísticas, para beneficiar intereses de las administraciones de turno o de intereses privados con influencias. En fin, estas constituyen un precedente peligroso que destruyen la credibilidad de un sistema transparente, eficaz, objetivo e íntegro de recopilación de datos estadísticos para el beneficio de Puerto Rico”, expresó Mario Marazzi-Santiago en su ponencia ante la Comisión Especial para la Reestructuración y Reorganización de Puerto Rico y la comisión cameral de Gobierno.
Según el parte de prensa, el director ejecutivo del IEPR anticipó que la aprobación y aplicación del Plan de Reorganización al instituto también conllevaría la pérdida de fondos federales en ese organismo.
Recordó que el 18 de diciembre de 2017 se aprobó la Ley del Nuevo Gobierno de Puerto Rico (Ley 122-2017), para viabilizar la reorganización de agencias públicas. El artículo 4.02 de dicha ley dispone que “cualquier cambio a un programa o agencia conforme a esta ley se dejará sin efecto si el cambio tiene como resultado la pérdida de fondos federales en un programa que se utilice en Puerto Rico”.
Agregó que, igualmente, el Artículo 14 del Plan de Reorganización Núm. 1 dispone que cualquier cambio a un programa o agencia conforme a esta Ley “se dejará sin efecto si el cambio tiene como resultado la pérdida de fondos federales en un programa que se utilice en Puerto Rico”.
En el caso del Instituto, la propuesta consolidación con el DDEC y la posterior externalización garantizan el incumplimiento de Puerto Rico con los acuerdos actuales con los Centers for Disease Control and Prevention (CDC), bajo el National Violent Death Registration System, grant competitivo federal que el Instituto ganó hace poco, afirmó Marazzi-Santiago, quien expresó que se debe eliminar el “capítulo entero dedicado al IEPR” en el PC 1403.
El director ejecutivo propuso tres cambios que proporcionaría mayor independencia al IEPR:
- La junta del Instituto cuenta con un miembro que es funcionario de gobierno. Esto puede limitar la independencia del Instituto. Para atender este detalle, se puede enmendar la Ley Núm. 209 para que ningún miembro de la Junta de Directores del Instituto sea funcionario de gobierno. De esa manera, se asegura la habilidad del Instituto de operar independientemente. Todos serían ciudadanos privados, sin conexión con las administraciones políticas actuales o anteriores, nominados en función de su integridad y objetividad personal y profesional, y de su preparación educativa y competencia demostrada en el uso de estadísticas, y laborarán en representación de los usuarios de los datos, y no de otros intereses.
- Eximir al IEPR de las leyes administrativas que obstaculizan su capacidad de operar independientemente de las influencias políticas y que aumentan la burocracia, sin que ello implique que el Instituto abandone, de forma alguna, las políticas de sana administración pública que han distinguido sus operaciones desde sus inicios. Esto incluye las Leyes 66-2014, 3-2017, 8-2017 y 26-2017. El Instituto debe poder designar a los expertos que considere apropiados para completar sus tareas altamente técnicas y a manejar su presupuesto asignado sin influencias políticas.
- Disponer que todos o algunos de los candidatos para la Junta del Instituto sean propuestos por asociaciones profesionales e industriales que representen estos campos de especialización en lugar de funcionarios gubernamentales.
En cuanto a la autosostenibilidad financiera, Marazzi-Santiago aseguró que ya existe una proyecto de ley (PS 12) ante la consideración de la legislatura que propone enmiendas a la ley habilitadora del IEPR y que le facultaría y permitiría obtener una mayor porción de sus ingresos de fuentes externas al gobierno de Puerto Rico lo que tornaría innecesario externalizar el sistema de estadísticas.
El director ejecutivo del IEPR también destacó que existe amplia oposición local y federalmente a los cambios que sufriría la entidad. Entre los grupos que se han opuesto abiertamente mencionó a la American Statistical Association, al igual que 15 congresistas demócratas y republicanos, la Coalición del Sector Privado de Puerto Rico, la Red de Transparencia de Puerto Rico y unas 2,000 personas que han firmado una petición en contra de la consolidación a través del portal change.org.
“El IEPR es una de muy pocas entidades gubernamentales de Puerto Rico que se caracteriza por su eficiencia y agilidad, por nunca haber incurrido en déficit presupuestario, y por rendir al máximo las asignaciones presupuestarias que recibe. Dicho de otro modo, el instituto no forma parte del problema de burocracia, redundancia e ineficiencia que la Ley 122 y el PC 1403 se proponen atender. Por el contrario, el instituto es una entidad pública que sirve como modelo de administración pública”, subrayó Marazzi-Santiago.
