Si el borrador del plan fiscal que la Universidad de Puerto Rico (UPR) debe entregar el 31 de marzo a la Junta de Control Fiscal (JCF) no cambia, para agosto próximo los estudiantes verán un aumento en el costo de su matrícula según el ingreso familiar, lo que –se estima– allegaría $31 millones a la universidad.
La realidad, empero, es que la UPR no tiene la información ni los mecanismos necesarios para implantarla eficazmente, según economistas de la propia institución.
A juicio del catedrático en finanzas Jordi Maura, la implementación de una matrícula ajustada a los ingresos –una apuesta de la administración universitaria que ha recibido el endoso del gobernador Ricardo Rosselló Nevares y la JCF– se ha planteado como algo muy simple que, de hecho, no lo es.
El problema de “cobrarle más a los que más tienen y menos a los que menos tienen”, dijo Maura, es que si se observan los números, “los que más tienen es una población bien pequeña”, por lo que habría que subir la matrícula “a una barbaridad” para poder obtener los fondos que la UPR necesita.
Para evidenciar esto, el profesor –quien participó en la elaboración de propuestas para una matrícula ajustada en el Comité Asesor de Financiamiento Institucional (CAFI) entre 2005 y 2006– mostró los cuatro renglones que creó dicho comité sobre los niveles de ingreso familiar, según la información que brindaron los estudiantes:
- 31% entre $0 y $20,000
- 33% entre $20,000 y $50,000
- 11% entre $50,000 y $75,000
- 11% sobrepasó los $75,000
- 13% no reportó ingreso
“Con estos datos podemos debatir los argumentos que salen en la prensa de que la mayor parte de los estudiantes tienen el dinero para pagar su matrícula. Aquí vemos que el 64% está por debajo de los $50,000 y solo un 11% tiene un ingreso de $75,000 o más”, sostuvo Maura.
Además, las cifras corresponden a una realidad socioeconómica anterior a la crisis fiscal que inició en el 2006, por lo que el porcentaje de estudiantes con ingresos familiares bajos debe ser mayor.
El economista Juan Lara coincidió con Maura al cuestionarse si esta propuesta levantará el dinero que la UPR necesita. Si solo se le aumenta la matrícula al 11% de los estudiantes, la universidad tendrá que buscar otros métodos de ingreso.
Según Lara, el aumento en la matrícula no tiene nada que ver con justicia, sino que el gobierno busca que la universidad tenga más autonomía financiera. Asimismo, expresó que la gente que apoya este modelo de matrícula es porque piensan que el gobierno lleva mucho tiempo subsidiando excesivamente al primer centro docente del país.
Posible allegar miles de millones en contratos con el gobierno
Ante la necesidad de allegar fondos a la universidad estatal, el estudio del CAFI propone –al igual que lo han hecho otros sectores– que los estudiantes repaguen, a través de programas de trabajo e internados, la inversión gubernamental en la educación superior.
Esto, detalló Maura, beneficia al estudiante, quien va adquiriendo experiencia en el mundo laboral, y le ahorra gastos al gobierno en la contratación de servicios.
Algunas de las áreas donde la institución puede disponer de su capital docente y estudiantil son en adiestramiento u orientación; servicios legales; servicios relacionados con procesamiento de datos; contabilidad y auditoría; y construcción y reparación de estructuras.
Maura destacó que solo en la primera de estas áreas –contratos de adiestramiento y orientación–, el gobierno pagó $2,500 millones en un periodo de cinco años, de acuerdo con datos de la Oficina del Contralor.
Asimismo, en cinco años se gastaron $288 millones en contratos en contabilidad y auditoría en agencias no gubernamentales.
En conjunto, las cinco áreas donde la UPR puede ofrecer servicios al gobierno podrían allegarle entre $8,000 y $10,000 millones a la institución, afirmó el profesor de la Facultad de Administración de Empresas.
Las cuentas por cobrar cancelan los $300 millones
El economista Argeo Quiñones, por su parte, se mostró preocupado por los recortes que propone la JCF y el gobierno, que para él “son uno. A este país le espera un ajuste como jamás hemos visto”.
Quiñones descartó un ajuste por ingreso en la matrícula porque “hay muchas variables que no controlamos y no sabemos cómo va a terminar el asunto”.
Una de esas variables, adujo, es la evasión contributiva –reportar menos o nada del ingreso realmente percibido–, lo que afecta a la universidad en dos vías: en tanto esta depende del Fondo General que se nutre de los recaudos del Departamento de Hacienda, como los estudiantes desventajados socioeconómicamente que solicitan la beca Pell junto a otros en una mejor posición fiscal que reportan menos para también recibir la ayuda federal.
En la búsqueda de otros fondos para la institución, el economista rescató “un tema viejo porque cae en oídos sordos, y es el de las cuentas por cobrar”. Quiñones investigó los datos de las cuentas que la UPR no ha cobrado desde el 2004 hasta el 2015.
Solo en el 2015 encontró un total de $303 millones en cuentas por cobrar. Mientras, entre 2004 y 2015 a la institución se le descontaron $1,673 millones en cuentas adeudadas por agencias gubernamentales. Esto suma más del presupuesto de la UPR de un año.
“Se piensa que la universidad no ha sido tocada por la crisis, pero la UPR ya ha pagado con creces. Ya se le ha recortado bastante”, afirmó Quiñones.
Según el experto, cuando la universidad necesita una línea de crédito, ofrece las cuentas por cobrar. “Ahora mismo nos deben $303 millones. Hay que decir: ‘¿quieres $300 millones? Coge las cuentas por cobrar’”, planteó.
Alternativas para reducir gastos y atraer fondos
Al igual que Quiñones, el estudiante Christian Arvelo cuestionó la implantación del ajuste a la matrícula porque hay muchos factores económicos que no se toman en cuenta.
Según el exrepresentante estudiantil ante la Junta de Gobierno de la UPR, los criterios que utiliza el Departamento de Educación federal no son suficientes.
Por ejemplo, el formulario Fasfa no cuestiona si el universitario viene de un colegio privado, si pagaba más de colegio de lo que paga ahora en la universidad o cuántos vehículos tiene su familia, entre otros. Estos datos ayudarían a conocer el perfil de los estudiantes, explicó el estudiante de derecho.
“Al día de hoy la UPR no hecho el trabajo de recoger el perfil de los estudiantes”, criticó.
Según Arvelo, quien participó en el Comité para la Revisión del Método y Condiciones para Establecer los Cargos de Matrícula durante el 2015, la institución no puede establecer la matrícula ajustada a los ingresos de una forma justa porque puede pasar la misma problemática que sucede con la beca federal.
“Hay gente pudiente que recibe beca y uno se pregunta cómo lo hace, y hay gente que no pueden esconder sus ingresos en la planilla y no reciben ayudas económicas”, expuso.
A la hora de pensar en la matrícula ajustada, el estudiante propuso que se realice un experimento con la Escuela Secundaria de la UPR, “porque la composición socioeconómica de esta escuela no es la misma que la del resto del sistema universitario”.
Para Arvelo, siempre se piensa en hacer recortes pero no se observa la estructura de la universidad. “¿Por qué, por ejemplo, el Recinto de Río Piedras gasta $100 millones más que el Recinto de Mayagüez cuando la diferencia de estudiantes son dos mil alumnos más? En el campus riopedrense hay más personal administrativo que en el Colegio y hay que ser más efectivos”, teorizó.
En cuanto al plan médico de los empleados, el alumno también cuestionó por qué la UPR gasta $90 millones en una compañía privada –MCS– y no crea una cooperativa que le genere ahorros a la institución. También propuso que la UPR busque generar ingresos a través del cannabis.
Los datos fueron vertidos en el conversatorio ‘Matrícula ajustada y la crisis fiscal de la Universidad de Puerto Rico’, celebrado la semana pasada en el Recinto de Río Piedras. Este conversatorio, auspiciado por la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU), es el primero de una serie que se realizará este semestre.
