Con la abstención de Ana Matosantos, la Junta de Control Fiscal (JCF) certificó hoy el plan fiscal que preparó para la Universidad de Puerto Rico (UPR) y que, en resumen, duplicará el costo de estudio para el próximo semestre y lo triplicará en cinco años.
Hoy, un año de bachillerato –30 créditos en total, o 15 créditos por semestre– cuesta $1,710. Para agosto de 2018, ese mismo año de bachillerato costará $3,450. Y para agosto de 2022, cuando el plan fiscal de la UPR esté en su último año de vigencia, costará $4,710, casi el triple que cinco años antes.
El aumento a nivel subgraduado se paliaría con un fondo de becas de $60 millones que se crearía vía la reducción de los presupuestos de la JCF, la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal, la Asamblea Legislativa y la rama judicial.
Comparación entre los costos por estudios subgraduados que propuso la UPR y lo que aprobó la JCF:
No queda claro cómo será el aumento para los estudiantes graduados –tanto a nivel de maestría como de doctorado–. El documento contempla el siguiente aumento: de $3,699 que cuesta, en promedio, cursar estudios graduados anualmente para ambos grados, a $6,382 para agosto de 2018. La cifra llegaría a $7,241 para agosto de 2022.
Los aumentos aquí discutidos no consideran aquellos que también se darán en otros renglones, como en las cuotas de tecnología y de laboratorio y en los cargos por servicios.
El presidente de la JCF, José Carrión, indicó que el documento que elaboró el ente fiscal no consideró un estudio del impacto que podría tener aumentar el costo de matrícula en la población estudiantil, lo que afectaría las proyecciones de ingreso por ese concepto. Se perfila que habrá 6,638 estudiantes menos para el 2022-2023 de los que hay al momento.
Natalie Jaresko, la directora ejecutiva del ente fiscal, agregó que aun con el aumento propuesto, la UPR continuará siendo la opción más económica para estudiar en la isla.
La exministra de finanzas de Ucrania añadió que lo que se busca es reducir la asignación presupuestaria del gobierno a la institución: de 70% que es actualmente, a 40% –que todavía es el doble del financiamiento gubernamental promedio de las universidades públicas en Estados Unidos, anotó–.
Se opone la gerencia universitaria
En la sesión pública de la JCF, el presidente de la Junta de Gobierno de la UPR, Walter Alomar Jiménez, señaló que ese organismo se extralimitó en sus prerrogativas con el plan fiscal que elaboraron, ya que hay decisiones que le competen al centro docente.
Agregó que la UPR implementará el plan fiscal que preparó la administración universitaria y que aprobó la Junta de Gobierno, independientemente de que la JCF haya certificado el suyo hoy, y que en el caso de que ese organismo recurra al foro judicial para obligar el cumplimiento de su plan fiscal, la UPR se defenderá.
Una de las diferencias, por ejemplo, es que la JCF adoptó el modelo que reduciría la UPR de 11 unidades a cuatro: un solo recinto (el de Ciencias Médicas) y tres conglomerados (el de Río Piedras, que absorbería a Bayamón y Carolina; el de Mayagüez, que absorbería a Aguadilla, Arecibo y Utuado; y el del sureste, que fusionaría a Cayey, Humacao y Ponce).
Pero Alomar Jiménez dijo que la determinación de adoptar ese modelo no le correspondía a la JCF, toda vez que esa decisión debe notificarse a las agencias acreditadoras luego de que haya sido consultada con la comunidad universitaria.
La consolidación administrativa y académica de las de unidades, explicó, se discutirá durante el próximo año académico, y comenzaría a implementarse para el 2019-2020.
“Enfatizamos que esta decisión es una determinación institucional que depende de muchos factores y requerimientos académicos. Los expertos en asuntos académicos están en la UPR, no en la junta”, afirmó el licenciado.
Alomar Jiménez también criticó el aumento en el costo del crédito que propuso y certificó la JCF, aduciendo que un aumento distinto al planteado por la administración universitaria será “dañino” para la educación universitaria del país. Sostuvo, además, que no implementará la eliminación del bono de Navidad y la reducción de un promedio de 10% en las pensiones.
En el apartado de comentarios públicos, el vicepresidente de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios, Javier Córdova, aprovechó para rechazar las medidas impuestas a la UPR.
Explicó que el plan fiscal certificado no considera, por ejemplo, que en las ocho unidades se da el fenómeno de que muchos estudiantes son la primera generación de sus familias con acceso a una educación universitaria. Dio el ejemplo de la UPR en Utuado, donde el 40% de los estudiantes son el primer miembro de su familia que va a la universidad, beneficio que ahora se ve amenazado con el modelo de conglomerados.
