En momentos donde el destino económico de Puerto Rico depende de que el Congreso dé un trato preferencial a la isla en la reforma contributiva federal que se discute en Washington, un nuevo disloque surgió entre el gobierno y la Junta de Control Fiscal (JCF) sobre los trabajos de cabildeo que se realizan en la capital federal.
El representante del gobernador Ricardo Rosselló Nevares ante la JCF, Christian Sobrino, dijo hoy que el ente federal contrató cabilderos con fondos públicos, pero sus trabajos en los pasillos y bastidores congresionales se desconocen.
Estos son Tripp Baird y Jennifer Baird, de Off Hill Strategies, y David Starr y George Baker, de Williams & Jensen. Hasta ahora, se ignoraba la identidad de estas personas y qué intereses cabildean en la capital federal.
En el caso de Off Hill Strategies, estos facturan –desde agosto 14 del 2017 y hasta agosto 31 del 2018–, $15,000 por mes, hasta un máximo de $180,000 por los poco más de 12 meses de trabajo. Con respecto a Williams & Jensen, estos cobrarían –en el mismo periodo, desde agosto 14 del 2017 y hasta agosto 31 del 2018– $180,000 por cada tres meses, hasta un máximo de $720,000 por el año de trabajo. Dicho de otro modo, entre ambos cabilderos facturan $900,000.
La denuncia se da en momentos donde la administración de Rosselló Nevares busca evitar la amenaza de la reforma contributiva federal en la economía de la isla. Entre otras disposiciones, la legislación –ahora en proceso de conciliación de las dos versiones aprobadas por el Senado y la Cámara federal– impondría un 20% de contribución sobre los ingresos derivados de productos manufacturados por compañías estadounidenses en el exterior.
De aprobarse el proyecto legislativo sin ninguna garantía o beneficio para Puerto Rico, la manufactura –que es la casi la mitad de la actividad económica del país– desaparecería. Esto implicaría una reducción de cerca de $3,000 millones en los recaudos de Hacienda y entre 225,000 a 250,000 empleos menos –el 25% de los actuales, o uno de cada cuatro–.
La identidad de los cabilderos salió a relucir luego de que Carlos García, exsecretario del Banco Gubernamental de Fomento bajo la administración del exgoberandor Luis Fortuño y uno de los miembros de la JCF, interrogara incisivamente a Francisco Parés, secretario auxiliar de rentas internas de Hacienda, sobre si había una “posición formal” y un “lenguaje común” en el cabildeo del gobierno en el Congreso.
Implícitamente, aludía a las diferencias que hay entre los líderes políticos del país. El gobernador tiene una postura distinta a las de Jennifer González, Thomas Rivera Schatz y Carlos ‘Johnny’ Médez. Por un lado, Rosselló Nevares considera que Puerto Rico debe quedar excluido del excise tax de 20%, al menos con respecto a las empresas que ya están radicadas en la isla. Por el otro, los presidentes legislativos y la comisionada residente buscan que la isla reciba un trato contributivo igual que los estados, aunque implique pagar el gravamen, lo que se ha planteado como una estrategia política en pro de la estadidad.
Parés se limitó a repetirle a García las razones para el cabildeo a favor de incluir a Puerto Rico: “es justo que se nos considere como una jurisdicción doméstica porque estamos sujetos a regulación federal, lo que aumenta el costo de hacer negocios en la isla, y estamos sujetos a la cláusula de comercio interestatal. No creo que la comisionada residente difiera de esto con el gobernador”.
Pero al García insistir en si había diferencia de criterios entre González y Rosselló Nevares, Sobrino intervino para aclarar que Parés solo puede hablar por el secretario de Hacienda, Raúl Maldonado, y que el gobierno se encuentra en el Congreso en una coalición con el sector privado, políticos de ambos partidos y la comisionada residente.
Fue entonces cuando mencionó a los cabilderos de Off Hill Strategies y Williams & Jensen contratados por la JCF. “Se están contratando cabilderos con fondos puertorriqueños y no sabemos qué tipo de acciones están tomando estas personas con relación a la reforma contributiva federal”, soltó.
Sobrino pidió entonces a José Carrión III que se circulara un memorando donde se explique qué tipo de asignación tienen estos cabilderos, y si están realizando esfuerzos en pro de la isla con respecto a la reforma contributiva federal.
“Revisé los contratos de cabildeo esta mañana. Solo tienen una orden de trabajo, que no tiene nada que ver con la reforma contributiva federal. Es muy vaga y no tiene otras órdenes que pudieran haber sido encomendadas por la JCF con fondos puertorriqueños. La idea [del memorando] es saber qué se está hablando de Puerto Rico en el Congreso”, sumó.
“Estaremos complacidos de darte esa información. En el futuro solo tienes que pedirla”, ripostó Carrión III.
García aprovechó el careo para pedir la misma información del gobierno –es decir, los cabilderos que tiene en el Congreso y qué temas están atendiendo–, de forma tal que “esta junta pueda entender los esfuerzos y apoyarlos”.
En la conferencia de prensa, Sobrino indicó que “en un punto, sí teníamos un conflicto con el hecho de que la junta estaba contratando cabilderos separadamente para llevar mensajes que no necesariamente estaba en sintonía con el que llevaba el gobierno”. Ejemplos de lo anterior, agregó, fue el pedido de la JCF en las vistas congresionales para que se les expandieran los poderes y para controlar el desembolso de fondos federales para la recuperación.
Este choque es el tercero entre la junta y el gobierno. Los primeros dos fueron la reducción de la jornada laboral y la designación de Noel Zamot como principal oficial de transformación de la Autoridad de Energía Eléctrica, lo que la jueza Lauta Taylor Swain rechazó.
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