La Universidad de Puerto Rico (UPR) tendrá menos de una semana para considerar cómo incluirá las medidas de ingresos y ahorros que la Junta de Control Fiscal (JCF) espera estén en el plan fiscal revisado del centro docente, y que incluye escenarios de aumento en el costo de los créditos, el cobro de matrícula a base del ingreso y el cierre de unidades.
En una carta dirigida hoy a los principales gerentes de la UPR y firmada por la directora ejecutiva de la JCF, Natalie Jaresko, el ente impuesto por el Congreso expuso lo que son sus “expectativas” del plan fiscal revisado de la institución, que debe ser entregado el próximo miércoles.
En su primer punto, la misiva advierte que la universidad únicamente podrá contar con el financiamiento gubernamental que se contempla en el plan fiscal del gobierno central, al momento bajo evaluación por la JCF. Dicho documento proyecta que, para el año fiscal 2022, la UPR solo recibiría $410 millones del gobierno, una reducción de $221 millones respecto al presente año fiscal y de $423 millones al compararse con lo que la institución recibió entre 2015 y 2017.
Contradictoriamente, un resumen del borrador de plan fiscal que presentó recientemente el presidente interino de la UPR, Darrel Hillman, apuntaba a la creación de nuevas fuentes de financiamiento por parte del gobierno –como lo sería un arbitrio a la industria del alcohol propuesto por el rector interino de la UPR en Humacao, Héctor Ríos Maury– cuyos recaudos se dirigirían principalmente al centro docente.
Aunque la carta de Jaresko no plantea cifras específicas respecto al costo del crédito, sí establece que la JCF favorece una matrícula ajustada a los ingresos del estudiante, y que el plan deberá “incorporar una población estudiantil en declive proporcional a las tendencias demográficas contempladas en el plan fiscal” del gobierno central.
Miembros de la Junta de Gobierno de la UPR habían indicado previamente a Diálogo que, para la elaboración del documento, trabajarán a base de una cifra de matrícula estudiantil similar a la actual, que ronda los 58,000 alumnos.
Asimismo, la carta critica que el plan fiscal de la UPR incluya entre sus supuestos un aumento en la cantidad de estudiantes provenientes de otras jurisdicciones estadounidenses y de países extranjeros, medidas que ha defendido Hillman en diversas instancias.
Por otro lado, la JCF hace referencia a la posible consolidación de las 11 unidades académicas del sistema universitario, al programa de congelación y eliminación de plazas –o attrition, en el argot contable– que ha venido utilizando la UPR desde hace unos años y a su sistema de retiro, cuyo financiamiento a junio de 2016 se encontraba en 47.8%.
La carta deja abierta la posibilidad de que la UPR proponga diversos modelos de reestructuración pero “como mínimo, el plan fiscal deberá proveer un plan de implementación que trace esfuerzos específicos de consolidación, incluyendo detalles en relación a: 1) funciones de apoyo rediseñadas con un enfoque en el ofrecimiento compartido de servicios; 2) una utilización mejorada de las instalaciones existentes; y 3) la eliminación de programas académicos redundantes o inefectivos”.
Aunque la UPR ha congelado cientos de plazas docentes y administrativas a nivel sistémico en los últimos años, la junta señaló que para que los ahorros asociados a este tipo de medida tengan el visto bueno, se deberá detallar cómo se “eliminarán posiciones y servicios provistos a nivel de unidades y departamentos”.
Sobre las pensiones, la JCF indica que en el plan fiscal debe incluir los cambios que sean necesarios para que el sistema de retiro universitario sea sostenible a largo plazo.
Finalmente, en la carta se sugiere que, de cara al proceso de certificación del documento, miembros de la Junta de Gobierno y de la administración de la UPR se reúnan semanalmente con representantes de los equipos de Aafaf y de la propia JCF. El plan fiscal de la UPR debe estar certificado por la JCF a más tardar el viernes 20 de abril, exactamente tres semanas después de la certificación del plan fiscal del gobierno central, que sucedería para el 30 de marzo.
El Comité de Asuntos Financieros de la Junta de Gobierno de la UPR tiene planificado reunirse este lunes con el objetivo de delinear un plan fiscal que pueda ser certificado al día siguiente por el pleno del cuerpo, antes de ser enviado a la JCF el miércoles.
Al momento de publicación, intentos de este medio por contactar al presidente de la Junta de Gobierno de la UPR, Walter Alomar, y al presidente interino del sistema no han dado frutos.
