“Yo no sé pooorquéééééééé…”,
De: Loíza, Tego Calderón, 2003
El limbo no sale en la Biblia. Búsquelo, no sale.
Sin embargo, en los evangelios, salmos y lecturas de la nueva biblia socioeconómica que el colono norteño ha impuesto en Borinquen – el Puerto Rico Oversight Management and Economic Stability Act (Promesa) – el limbo, especialmente en la ecología, parece estar en todos lados.
La incertidumbre que reina ahora mismo en Puerto Rico con respecto a qué pasará con los activos del país es preocupante para el sector ecológico. Por un lado, existe confusión ante las propuestas del Gobierno de Puerto Rico en cuanto a lo que “proyectos críticos” se refiere, sin mencionar el limbo en el que se encuentra el término “servicios esenciales”.
Por el otro, la carencia de transparencia de una Junta de Control Fiscal (JCF), que a todas luces es omnipotente, abona al sentimiento de desarticulación que ya trae la incertidumbre y, más aún, potencia las especulaciones de las intenciones de sus miembros, en especial los boricuas, cuyos conflictos de intereses ya han sido señalados a tutiplén. Agréguele a esto la llegada de una directora ejecutiva directamente desde Ucrania, que ganará sobre $50 mil al mes, y una firma de ética que devengará $750 la hora y díganos usted, amigo lector, a qué le huele esto.
Intentemos desmenuzar todo esto.
- Incertidumbre ecológica
Retos del nuevo Rossellato: “Proyectos críticos” y la “emergencia”
De entrada, el gobierno de Ricardo Rosselló fue inexacto a la hora de identificar ante sus superiores de la JCF y ante el pueblo de Puerto Rico lo que son “servicios esenciales” y el término “proyectos críticos”. No obstante, durante la reunión de la JCF del pasado 31 de marzo, en el Centro de Convenciones, al gobernador de Puerto Rico arrojó luz durante su deposición sobre lo que se consideran como “proyectos críticos”.
Se notó allí tanto a Rosselló, como figuras de su equipo – el director de la Autoridad para las Agencias Público Privadas, Omar Marrero, por ejemplo – en plena faena de formular un plan que busque armonizar la economía nacional, a la vez que complacen a la todopoderosa JCF.
Como pudieron ver en el inicio de nuestra serie Diálogo Verde 2017, existe lo que se conoce como el Título V de la ley Promesa: Revitalización de la Infraestructura Vital de Puerto Rico Emergencias. Este título establece disposiciones en torno a la Revitalización de la Infraestructura Vital de Puerto Rico. De acuerdo con Promesa, el propósito aquí es imponer unos procesos acelerados de revisión y concesión de permisos de ciertos proyectos de infraestructura (critical projects, en inglés) dentro de Puerto Rico.
Tal y como explica la ley impuesta a los puertorriqueños por el Congreso de los Estados Unidos, un proyecto crítico es “el proyecto identificado, según las disposiciones de este título, y relacionado íntimamente con abordar una emergencia, cuya aprobación, consideración, autorización e implementación se llevará a cabo de forma expedita y ágil, según los procesos de la Ley de Puerto Rico Núm. 76 del 5 de mayo de 2000, o de otra manera adoptado a tenor con este Título”.
Dice Promesa que “la Ley 76-2000 exime del cumplimiento de los términos y procedimientos ordinarios establecidos por las leyes aplicables a las agencias, corporaciones públicas e instrumentalidades gubernamentales con injerencia en la tramitación de permisos, endosos, consultas y/o certificaciones que puedan estar relacionadas con proyectos que surjan como consecuencia de estados de emergencia declarados mediante órdenes ejecutivas del Gobernador de Puerto Rico o el Presidente de los Estados Unidos de América”.
Una emergencia, estipula Promesa, es “cualquier evento o problema de gravedad de deterioro en la infraestructura física para la prestación de servicios básicos para el pueblo, o que ponga en peligro la vida, la salud pública o la seguridad de la población o de un ecosistema delicado, o tal y como de otra manera lo defina la sección 1 de la Ley 76-2000. El término incluirá los problemas de la infraestructura física para energía, acueductos, alcantarillados, desperdicios sólidos, carreteras o autopistas, puertos, telecomunicaciones o cualquier otra infraestructura similar”.
Ya definidos lo que para la JCF son “proyectos críticos” y lo que es “emergencia”, recordemos que lo primero que hizo Rosselló al llegar a Fortaleza fue firmar lo que denominó como la “Ley de Emergencia Financiera y Responsabilidad Fiscal”. En la misma se extiende hasta el 1ro de mayo la moratoria contra demandas de parte de bonistas ante la deuda fiscal y también le concede al gobernador la potestad de establecer prioridades en el pago de las obligaciones del gobierno.
Ahora bien, en la sección 205 del Título II de Promesa se especifica que la JCF puede hacer recomendaciones al Gobierno de Puerto Rico sobre acciones a tomar para garantizar el cumplimiento de su plan fiscal o para asegurar la estabilidad financiera y el crecimiento económico mediante distintas acciones. Entre las recomendaciones, dice Promesa, figura la posibilidad de “la privatización y comercialización de entidades dentro del gobierno territorial”.
Preguntas, preguntas y más preguntas
Ambivalente y amplio término ese, “entidades”, ¿no? No en balde, los defensores del valor ecológico de Puerto Rico han pegado el grito en el cielo. Para colmo, se desconoce lo que el Congreso de los Estados Unidos previó al dar autoridad a la junta a que haga “recomendaciones” sobre los efectos de las leyes y órdenes judiciales de Puerto Rico en las operaciones territoriales. ¿Puede la JCF cambiar el contenido y alcance de leyes actuales? ¿Tendrá que intervenir en algún momento una corte federal para interpretar todo esto? Las lagunas son muchas.
Tras deponer ante la JCF en el Centro de Convenciones, tanto Rosselló como Marrero dialogaron con la prensa. De hecho, a eso del mediodía, dos miembros de la JCF, flanqueados por Elías Sánchez, hicieron lo mismo. Tantas preguntas necesarias: ¿cuán amplio es este término “entidades”? ¿Incluye esto terrenos de alto valor ecológico que sean propiedad pública? Otra pregunta más: ¿Puede de repente la JCF irse por encima de legislación ya aprobada para desarticular estas zonas de alto valor ambiental y agrícola y ponérselas en las manos a los bonistas y acreedores de la inaudita y aún sin auditar deuda pública de Puerto Rico?
“Esa es una excelente pregunta”, comenzó a contestar a las preguntas realizads por Diálogo, Marrero, director de la AAPP.
“Estamos trabajando con los asesores legales. Una vez los identificamos, establecemos una secuencia lógica para los proyectos que toma en cuenta, precisamente, si ya hay algunos activos y si los ingresos han sido pignorados para los pagos de los bonistas”, acotó.
“Ese activo no representaría entonces una oportunidad para ser concesionado bajo una alianza público-privada porque, de concesionarlo y monetizarlo, el dinero completamente tendría que entregarse a los acreedores, que tienen a su favor esos ingresos. Por lo tanto, ese va a ser el análisis y esos proyectos no deben ser considerados porque no haría mucho sentido, pues tenemos otros proyectos que sí pudiesen ser adelantados en búsqueda de ingresos al fisco, que es lo que necesitamos”, finalizó Marrero.
El funcionario no especificó hasta dónde ha encontrado proyectos con activos del gobierno que ya les pague a bonistas. Cuando le preguntamos por la posibilidad de que se consideren proyectos con activos de alto valor ecológico, especificó que “es una preocupación legítima, pero ha sido claro el gobernador en señalar que la protección al ambiente es algo principal para esta administración”.
“No es necesario llegar a ese punto, hay otros proyectos que se están considerando. En ese sentido no se van a ver afectados”, apuntó, indicando que estos terrenos “no se pueden vender” al caer dentro de una alianza público-privada.
Marrero especificó que proyectos que envuelven “puertos, aeropuertos regionales, el manejo de desperdicios sólidos, proyectos de energías, todo eso se reconoce como proyectos prioritarios”. De hecho, recalcó que ese mismo viernes de la conferencia Promesa fue el último día para que las agencias gubernamentales identificaran los servicios con función concesionaria ante la industria privada.
Rosselló, sin embargo, fue más cauteloso a la hora de responder sobre lo que dispone la sección 205 con respecto a las “privatización y comercialización de las entidades” del país. Cuando le preguntamos en conferencia de prensa sobre si la propiedad pública de alto valor ecológico o agrícola está en peligro y si la JCF puede tomar potestad sobre esta, mostró de entrada preocupación, aunque luego enfatizó en “la protección de nuestro medio ambiente”.
“Todas estas cosas pueden pasar si nosotros no tenemos una contrapropuesta fiscal”, explicó. “Nosotros nos hemos ocupado y el pueblo lo pudo ver, que hemos hecho contrapropuestas que llegan al objetivo fiscal sin menoscabar” terrenos de alto valor ecológico. “La protección de nuestro medioambiente”, dijo, “es una prioridad y hemos estado trabajando con la DRNA para esta política pública, con un mapa de activos, propiedades ya desarrolladas que nos puedan permitir recibir ingresos, tanto por arrendamiento como mediante alianzas público-privadas”.
Le preguntamos si, por ejemplo, el Corredor Ecológico del Noroeste está entre los planes de proyectos para APP.
“Al momento, lo que yo he visto no está contemplado. Simplemente, como primer paso, estamos limitándonos a estructuras ya existentes. En Puerto Rico hay cinco millones de pies cuadrados de infraestructura que no se están utilizando, que pueden ser usadas para nuevas industrias, para desarrollo económico”, apuntó Rosselló.
Al igual que durante su ponencia ante la JCF más temprano ese día, Rosselló hizo hincapié en proyectos como la extensión de la PR-22, mediante un controvertible tramo de Hatillo a Aguadilla que afectaría inmensamente el área del karso que cubre la costa noroeste y el norte de la cordillera; el dragado del Caño Martín Peña; el desarrollo de proyectos en los terrenos de la antigua Base Roosevelt Roads, en Ceiba; y proyectos para reforzar y modernizar infraestructuras gubernamentales, como escuelas y plantas eléctricas. Además, se vislumbran en el panorama proyectos de desperdicios sólidos, como la polémica incineradora de Arecibo, y de extracción de recursos energéticos, como el puerto de Aguirre, en Guayama.
Rosselló especificó que en tres semanas, Puerto Rico albergará una convención específicamente para participantes que interesan realizar alianzas público-privadas con el Gobierno de Puerto Rico. Dijo, además, que son más de 500 proyectos los que están bajo lupa.
“Primero, cómo reducimos los obstáculos para hacer negocios en Puerto Rico. Si entiendes que hay demasiada papelería, si entiendes que la energía es muy cara e inestable, si entiendes que los permisos nunca te los van a dar, pues nunca vas a venir a invertir a Puerto Rico. Nosotros hemos atendido específicamente esas áreas”, manifestó.
“Y lo otro que vamos a atender es lo de la reforma contributiva, ver cuáles de estos servicios que otorga el gobierno los tiene que otorgar el gobierno. Ver si lo puede otorgar una organización sin fines de lucro o si se pueden dar desde el sector privado. Esto es parte de nuestro esfuerzo en ruta a identificar la consolidación del gobierno”, arguyó el gobernador de Puerto Rico, recordando que “todas nuestras reformas van en dirección hacia los servicios”.
Elías, dame el agua…
Entonces, está lo que dijo la JCF – o mejor aún, no dijo – sobre su propio poder. ¿Puede la JCF tomar injerencia en legislaciones locales para cambiarlas en pro de alterar los estados de propiedad pública de alto valor ecológico? Al hacerle la misma pregunta a José Carrión III y Carlos ‘Caco’ García, miembros boricuas, estos le pasaron el micrófono a Elías Sánchez, representante del Gobierno de Puerto Rico en la JCF.
“Eso no está contemplado.Y lo que conllevaría no es una revisión de una ley, sino un plan. Toda revisión de un plan debe estar en cumplimiento con los procedimientos que así lo disponen. Les tengo que decir que, por lo menos, la intención expresa de lo que se ha trabajado en cuanto al plan fiscal no va a dirigido en esa dirección sino hacia una reestructuración del gobierno de Puerto Rico”, apuntó Sánchez.
Y, para esta “reestructuración” poco específica, dijo Sánchez, hace falta acelerar la expedición de permisos, a diestra y siniestra, hace falta el ‘fast track’.
“En el caso del gobierno, cuando se habla de ‘fast track’ es llevar los permisos a lo que tiene que ser, pues ahora mismo lo que hay es un ‘extremely slow track’”, dijo el exalumno de la University High School (UHS), con el tono irónico que lo caracteriza desde que entró al ruedo político partidista.
Sánchez puntualizó que el gobierno mismo “no cumple” con los actuales parámetros para expedir permisos en Puerto Rico “y hay una falsa premisa de que tener un permiso aguantado” significa que un proyecto está mal conceptualizado, cuando “realmente, están sentados en una gaveta y nadie los mira”.
Esta tendencia, dijo Sánchez, “…nos deja más atrás. Cuando se habla de ‘fast track’ se trata de llevarlo a su capacidad de forma eficiente”.
“Se va a cumplir con la ley, y todo esto siempre también está sujeto a revisión judicial”, puntualizó la mano derecha de Rosselló en la JCF, en alusión a la expedición de permisos.
Vamos a dejarlo aquí, como anoche dijo la poeta. Quedan lágrimas de yodo sobre espejismos que la JCF guarda en detrimento de sus ataúdes. Mañana hablamos de esos esqueletos de ‘guaynabitos’ en el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) y ucranianas con banderas imperialistas y cheques indómitos cobrados.
Este reportaje es parte de la serie especial Diálogo Verde 2017, en la que se analiza el impacto de la ley federal Promesa en el medio ambiente puertorriqueño.
Sigue aquí la serie especial:
1. Empeñado nuestro patrimonio natural bajo Promesa
2. A merced de Promesa las reservas naturales y terrenos agrícolas
3. ¿La antesala de Promesa? Venden y destruyen terrenos protegidos
4. Amenazada la supervivencia de los puertorriqueños por Promesa
5. JCF: Incertidumbre ecológica, esqueletos sin transparencia y poemas de conspiración (1ra. parte)
6. JCF: Incertidumbre ecológica, esqueletos sin transparencia y poemas de conspiración (2ra. parte)