“…Dijo el esqueleto presidencial:
No pagaré el recibo.
Dijo el esqueleto portavoz:
No te hagas el vivo.
Dijo el esqueleto diputado:
¡Señorías, protesto!
Dijo el esqueleto de la Corte Suprema:
¿Qué esperabas de esto?…”
De: La balada de los esqueletos, Allan Ginsberg, 1995
Y si bien en la primera parte de este artículo aludimos a Promesa como una biblia a la que hay que interpretar casi teológicamente, pues entonces algunas ejecutorias y comportamientos de los miembros de la Junta de Control Fiscal (JCF) pudiesen ser vistos como Los Evangelios Apócrifos o hasta Los Versos Satánicos de Salmon Rushdie.
Bueno, no es para tanto, aunque la realidad es que, en ocasiones, la JCF parece obrar de formas misteriosas. Veamos.
2. Esqueletos sin transparencia
‘Caco’, González y el idilio entre Santander y el BGF
La JCF ronca de transparencia, pero no vive así. Los documentos que postearon en su página con relación a sus estados financieros andan llenos de lagunas. De hecho, el limbo informático es tal con respecto al desenvolvimiento de este ente federal que en estos momentos hay varias solicitudes de información en Washington, que inquieren sobre el comportamiento de la junta, radicadas por el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) bajo el amparo que provee el Freedom Of Information Act.
Fueron ocho las solicitudes de información radicadas en enero por el CPI, tanto ante Casa Blanca como el Departamento del Tesoro Federal y la Oficina de Ética Gubernamental Federal. Con esto, el CPI busca indagar sobre los procesos de evaluación que siguieron las agencias federales pertinentes, Casa Blanca y el Congreso a la hora de escoger los integrantes de la JCF. Además, han requerido que se hagan públicos todos los documentos que se intercambiaron durante esos procesos que, aparentemente, no pasaron por ninguna evaluación de ética. Cabe recalcar que la JCF, incluso, contrató su propio oficial de ética para que les cotejara los formularios que ellos mismos llenaron como “estados de divulgación financiera”, y a los que aludiremos ya mismito.
Asimismo, hay miembros de la JCF que, en su carácter individual, levantan serias interrogantes. El primero es Carlos ‘Caco’ Ortiz, quien dirigía el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) cuando esta entidad emitió bonos a granel durante el cuatrienio de Luis Fortuño.
Tal y como reseñó el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) el pasado mes de diciembre, los bonos de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina) están en el primer lugar del “Top 10 Holdings” del fondo de Santander llamado “First Puerto Rico Tax Exempt Fund”, lo que representa un 36.27% del total de valores en esa cartera. También ahí hay notas de la Compañía de Comercio y Exportación (2.86%), según se consigna en un informe de Santander Asset Management del año pasado.
García, empero, se defendió recientemente, como gato bocarriba, durante una rara aparición en la conferencia de prensa de la pasada reunión de la JCF. Indicó que “es incorrecta” la premisa de que tiene intereses en conflicto al pertenecer al septeto que rige el futuro fiscal de Puerto Rico, aun cuando manejó el BGF después de haber sido un influyente ejecutivo en el Banco Santander.
“Es penoso que se siga repitiendo esta premisa incorrecta”, dijo notablemente airado el exdirector del BGF, banco, agente fiscal y asesor financiero del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y sus agencias.
“Yo he cumplido con todas las formas de ‘disclosure’ [divulgación]”, agregó. Dijo que es inverosímil “decir que yo soy responsable por $62 mil millones de la deuda”.
“Yo le agradecería a la prensa que busquen la información y reporten la información con los datos correctos”, señaló García, a pesar de que existen documentos que confirman el conflicto de interés entre su expatrono, Banco Santander, y el BGF cuando él estuvo en el gabinete del exgobernador Luis Fortuño.
Ante las evidencias de su relación con el Banco Santander, García se defendió como individuo. Claro, que él no está solo en esta afrenta. Otro miembro de la JCF, José Ramón González, carga responsabilidad, al igual que García, de las emisiones de bonos del Gobierno de Puerto Rico debido a sus estrechos vínculos con el Banco Santander.
Un informe publicado en diciembre de 2016 por la organización Hedge Clipper y reseñado ese mismo mes por el CPI sostiene que “Santander, banco que opera en Puerto Rico desde el 1976, ha jugado un papel crucial en estructurar y aprovecharse de la deuda de Puerto Rico a través de una puerta giratoria con el Banco Gubernamental de Fomento”.
“Bajo la dirección de González y García, Santander Securities se estableció rápidamente como administrador principal de emisiones de bonos del gobierno, coincidiendo con el crecimiento de la deuda pública. En 2004 Santander ayudó a emitir sobre $6.1 mil millones en bonos, incluyendo $1.2 mil millones de bonos de la Corporación para el Financiamiento Público de Puerto Rico”, dice el artículo del CPI sobre el informe.
La investigación realizada por el periodista puertorriqueño Joel Cintrón Arbesetti destaca que dicho informe detalla la participación de Santander “en al menos 90 transacciones donde fungió como administrador (underwriter) de emisiones de bonos de obligación general, bonos de Cofina, del BGF y sus subsidiarias, la Autoridad de Energía Eléctrica, el plan de pensión, el Sistema de Retiro de Empleados del Gobierno, Vivienda, Hotel y Turismo, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura y otras entidades gubernamentales”.
Jaresko y sus *“авантюра” con la Usaid (“negocios turbios”, en ucraniano)
Y de ese ‘trumpesco’ momento de García, en el que le salió al paso a la prensa nacional, pasemos a Ucrania, donde el clima es frío y las ejecutorias sociopolíticas parecen ser más frías aún. De allí viene la nueva directora ejecutiva de la Junta de Control Fiscal (JCF), Natalie Jaresko.
Tal y como presenta el documento de consentimiento unánime divulgado por la JCF, en su página, a finales de marzo, Jaresko tendrá carro, chófer y escolta, y se le proveerán “herramientas de trabajo”, como computadora portátil y teléfono celular. Estos gastos se sumarán al salario anual de $625,000 que recibirá por su trabajo. Es un guiso de ensueño. Jaresko se mudará de Kiev, la capital ucraniana, a Puerto Rico, y los gastos de mudanza también serán pagados con los fondos del gobierno de Puerto Rico, asignados a la JCF, por encima de su compensación anual. Ya viviendo en la isla, podrá viajar en ‘business class’ una vez al mes a Ucrania, en Europa del Este. Estos viajes, según explica a fondo un artículo del CPI, se pagarán hasta septiembre de 2017 o hasta que Jaresko se mude a Puerto Rico, lo que ocurra primero. El viaje de San Juan a Ucrania y de regreso en ‘business class’ fluctúa entre $4,942 a $8,710, lo que representa más del doble de los $2,244 al mes, que son el salario promedio de un trabajador en Puerto Rico.
Ahí no acaba la cosa con respecto a esta misteriosa figura de las finanzas internacionales, tal y como indican reportes de prensa de los pasados años, como este artículo de 2015 escrito por Robert Parry para el Consortium News, un medio dedicado al periodismo investigativo, con más de dos décadas de existencia. No nos quedaríamos cortos si dijéramos que Jaresko parece un personaje sacado de una novela de espías de la época de la Guerra Fría.
Según la investigación del veterano periodista Parry, la otrora Ministra de Finanzas de Ucrania recibió al menos $1.77 millones en bonos de un proyecto financiado por impuestos del erario estadounidense, que incluso mantuvo operando aun cuando estaba perdiendo dinero, un signo de que su supuesta imagen como exitosa reformadora del interés público no es tan sólida como la JCF intenta venderla.
Parry descubrió que “antes de convertirse en la Ministra de Finanzas de Ucrania, Natalie Jaresko recolectó $1.77 millones en bonos de un fondo de inversiones financiado por dinero de impuestos pagados por los estadounidenses”, en donde se supone que recibiera una compensación anual de $150,000, de acuerdo con documentos financieros del 2015 del Sistema de Rentas Internas de los Estados Unidos (IRS, por sus siglas en ingés). Este pago – 12 veces mayor a lo que se supone que cobrase y pagado en 2013 – fue justificado en el IRS correspondiente al Western NIS Enterprise Fund (Wnisef), entidad liderada por Jaresko.
Jaresko, quien entró a trabajar con el gobierno del presidente Petro Porohsenko luego de las revueltas del 2015, es una persona poderosa, con conexiones dentro del mismo Congreso de los Estados Unidos. De hecho, fue el Congreso estadounidense el que comenzó la organización sin fines de lucro Wnisef durante la década de los 1990, con una base de $150 millones. El proyecto era administrado por la controvertible organización U.S. Agency for International Development (Usaid), que seleccionó a Jaresko, otrora obrera de diplomacia de los Estados Unidos, para liderar Wnisef.
Por si acaso, el gobierno de Vladimir Putin ha sido enfático en que el golpe de Estado en Ucrania durante el 2014 fue la cúspide de un elaborado plan de sabotaje político en el que la Usaid jugó un importante rol, especialmente en cuanto a las comunicaciones y el aspecto cultural se refiere. De igual forma, una investigación de Prensa Asociada reveló en 2014 que la Usaid intentó incitar desajustes sociopolíticos en Cuba a través de la formación de agentes contrarrevolucionarios en movimientos culturales entre la juventud, específicamente utilizando exponentes de música hip hop. Además, desarrollaron un sistema de mensajes de texto dentro de la población, diseñado para contrarrestar las comunicaciones oficiales del estado de Cuba y promover la disensión sociopolítica entre los cubanos.
Ya lo dijimos, Jaresko parece sacada de una novela de la Guerra Fría, y sus lazos con la Usaid no deberían extrañarle a nadie. Después de todo, la Usaid fue una agencia creada por John F. Kennedy en 1961 para proveer “ayuda extranjera a civiles”. Realmente, es la evolución de un brazo de comunicaciones en el extranjero que creó el presidente Harry Truman luego de la Segunda Guerra Mundial, mediante su afamado Programa de Cuatro Puntos, en el que el gobierno se unía a empresas privadas estadounidenses y europeas que buscaban lucro mediante la revitalización de las zonas de guerra y el desarrollo de recursos de países tercermundistas en África, América del Sur y Asia.
Al igual que los conflictos de intereses de García y González y los vínculos de Jaresko con la Usaid, hay otros asuntos dentro de la JCF y sus miembros que también lucen cuestionables, como el contrato que recientemente le han dado a Andrea Bonim Blanc y su firma GEC Risk Advisory – una consultora de ética, a $750 la hora más gastos de viajes desde Nueva York – para que supervise comportamientos y movimientos del propio organismo que le paga. También, cabe señalar que ante la llegada de Jaresko la figura de Antonio Ruiz Comas, quien fuese el director ejecutivo interino de la JCF, queda en el aire.
En la parte final de este reportaje, analizamos las empresas en las que el presidente de la JCF, José Carrión III, tiene bonos y cuáles pudiesen significar un conflicto de interés si, de alguna forma, estas marcas entran en la competencia por los recursos naturales de Puerto Rico mediante los proyectos críticos de las alianzas público-privadas.
Este reportaje es parte de la serie especial Diálogo Verde 2017, en la que se analiza el impacto de la ley federal Promesa en el medio ambiente puertorriqueño.
Sigue aquí la serie especial:
1. Empeñado nuestro patrimonio natural bajo Promesa
2. A merced de Promesa las reservas naturales y terrenos agrícolas
3. ¿La antesala de Promesa? Venden y destruyen terrenos protegidos
4. Amenazada la supervivencia de los puertorriqueños por Promesa
5. JCF: Incertidumbre ecológica, esqueletos sin transparencia y poemas de conspiración (1ra. parte)
6. JCF: Incertidumbre ecológica, esqueletos sin transparencia y poemas de conspiración (2ra. parte)
