Tras la primera reunión oficial de la junta de control fiscal -con José Carrión III como presidente– el cuerpo expresó que tomará el control de las finanzas de la Universidad de Puerto Rico (UPR), la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, la judicatura, el Banco Gubernamental de Fomento y el Fondo del Seguro del Estado, entre otros cuerpos gubernamentales.
Ante estas declaraciones de la Junta, el gobernador Alejando García Padilla se mostró confiado en que este organismo federal vendrá a salvaguardar los intereses económicos del país.
“Este esfuerzo va a requerir apertura y determinación para lograr resultados en el menor tiempo posible y de esa manera encaminar al país hacia la recuperación. Mi administración está comprometida y estamos listos para asumir nuestra responsabilidad histórica”, aseguró el primer mandatario.
“Confiamos en que el esfuerzo que hoy comenzamos junto a la junta de supervisión fiscal estará enmarcado en la cooperación para así viabilizar iniciativas que redundarán en la recuperación económica y nos permitan repagar la deuda pública. Hemos provisto a todos los miembros de la junta información que les permitirá contar con un marco amplio que facilitará la discusión sobre el estado actual de las obligaciones del gobierno y sus finanzas. En este proceso, procuraremos que este organismo entienda que para que la recuperación del país sea verdadera, se tienen que atender los aspectos fiscales, pero salvaguardando los económicos”, expresó el gobernador en declaraciones escritas.
También aseguró que la nominación de Carrión III como presidente de la junta es un paso positivo, pues le satisface que sea un puertorriqueño, con supuesto conocimiento de la situación económica de la isla, el que esté a la cabeza del organismo federal.
Carrión III, cuñado del comisionado residente en Washington Pedro Pierluisi, es un reconocido recaudador del Partido Republicano y respaldó a Marco Rubio en las primarias presidenciales. Rubio se expresó en contra de la reestructuración de la deuda pública de Puerto Rico.
“En algún sitio tienen que comenzar el proceso de reestructuración del gasto público y obviamente está seleccionando algunas de las áreas que son más relevantes en términos de presupuesto. Yo creo que falta ahí la Autoridad de Energía Eléctrica, falta la Reforma de Salud y de los importantes el más grande que falta es el Departamento de Educación”, aseguró el economista Antonio Rosado.
“Ellos van en la dirección correcta y hay que atender la política de gastos del gobierno [porque] lo que hay es un despilfarro todos los días del recurso del pueblo de Puerto Rico. Obviamente hace falta un poco de gerencia y la gerencia ha estado completamente ausente en el gobierno de Puerto Rico”, sentenció Rosado quien ha fungido como asesor económico del gobierno.
Una junta de austeridad
Sin embargo, el también economista Heriberto Martínez, aseguró que esta acción de la junta de control fiscal lo que provocará será una política de austeridad, despidos y aumento en los servicios.
“El presidente de la junta de control fiscal, aunque es puertorriqueño, es de corte conservadora, eso lo que implica es que sabemos que lo que viene en la reestructuración es una política de austeridad y lo que tenemos que estar esperando es, que todas las áreas donde esta junta de control fiscal hoy determinó que iba a tomar jurisdicción, vamos a ver recortes de presupuestos en el área operacional, en el área de nómina y aumentos en el servicio de la deuda”, sostuvo Martínez.
También resaltó que la junta de control fiscal está en posición de aumentar el costo de los servicios a los consumidores en caso de que necesiten nuevos ingresos para pagarle a los acreedores.
“Al convertirse en el nuevo patrono de los empleados en estas corporaciones públicas, podemos también ver un detente a los convenios colectivos y despidos”, sentenció el economista.
Además, aseguró que estos son los modelos que la junta impuso en Detroit y Nueva York y que serán aplicables en Puerto Rico.
Aunque Martínez no cree que la UPR vaya a ser privatizada por la junta de control fiscal, “ellos lo que están pensando, en mi opinión, es en cierre de recintos”.
La UPR representó una inversión anual de $834 millones en los últimos presupuestos, lo que se convierte en un 8% del presupuesto del fondo general del gobierno de Puerto Rico. Para Martínez, la junta de control fiscal buscará reducir esa cantidad y asignarla a otras áreas.
“El estudiantado tiene que unirse para luchar contra todo lo que viene”
Por otro lado, Gilberto Domínguez, representante estudiantil graduado ante la Junta de Gobierno de la UPR, se mostró preocupado ante la decisión de la junta de control fiscal de tomar las finanzas de la UPR. “Es básicamente una sindicatura. La Universidad de Puerto Rico va a tener que rendir informes semanales sobre sus finanzas”, expresó.
Para el representante estudiantil, esta decisión necesita ser explicada con mayores detalles para que el cuerpo máximo de la UPR sepa cómo proseguir, de qué decisiones se les privará o si la junta de control fiscal tendrá que ofrecer el visto bueno a todo movimiento del cuerpo universitario.
“A mí lo que me viene preocupando es que quizá haya una intención oculta detrás de todo esto, la Universidad de Puerto Rico recibe alrededor de $900 millones en fondos estatales y el déficit presupuestario del gobierno federal en Puerto Rico son $900 millones. Que se intente entonces desestabilizar las finanzas de la Universidad de Puerto Rico y utilizar todos los millones que tiene la universidad para ponerlos a disposición de la deuda. Si esa es la intención del plan, creo que se le ve la costura. Y creo que no debería ser una dirección que deberíamos estar tomando como país”, expresó.
Domínguez aseguró que enviará una comunicación para solicitar una reunión de la Junta de Gobierno para discutir las implicaciones y efectos que tendrá esta decisión sobre la UPR.
“Ya consulté con los consejos generales de estudiantes sobre qué medidas tomar porque esto es un movimiento que tiene que darse desde la base del estudiantado. El estudiantado tiene que unirse para luchar contra todo lo que viene, que es algo que nos veníamos ya imaginando. El estudiantado tiene que informarse y darse cuenta de lo que esto implica para la universidad”, puntualizó el representante estudiantil.
El semestre académico pasado, las asambleas estudiantiles de la UPR se expresaron en contra de la junta de control fiscal y enviaron una delegación de estudiantes al Congreso en Washington D.C. para cabildear en contra del proyecto de PROMESA.
“El estudiantado tiene que levantarse y defender lo que es suyo”, exclamó Domínguez.
La presidenta interina de la UPR, Celeste Freytes González, reaccionó también a la primera reunión de la junta de control fiscal.
“La Universidad de Puerto Rico se mantiene muy atenta al desarrollo de los trabajos de la Junta de Supervisión Fiscal. Al momento solo tenemos la misma información que el resto del País en cuanto a que la junta tomó jurisdicción de la mayoría de las entidades gubernamentales de Puerto Rico”, comunicó en un parte de prensa.
“Obviamente se nos requerirá información. Estamos pendientes a recibir una comunicación formal que inicie el diálogo correspondiente y encaminaremos las acciones que correspondan para asegurar que en toda estrategia de desarrollo futuro se tome en cuenta de forma destacada la función de la universidad pública del país”, dijo Freytes González.
